Facturas emitidas, oficios de reconocimiento y meses omisos marcaron la relación entre la empresa afectada y la subrogada
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La denuncia por un adeudo cercano al millón de pesos por la renta de una ambulancia expuso una problemática en la operación de los centros penitenciarios federales, la cual es la tercerización de servicios esenciales sin mecanismos claros de responsabilidad. En Villa Comaltitlán, el servicio médico de emergencia dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) habría funcionado durante más de un año bajo un esquema donde la cadena de pagos que desapareció entre razones sociales, subcontratos y omisiones administrativas.
Mientras el sistema penitenciario federal presumía estándares de atención médica, gran parte de esa operación dependía de empresas subrogadas. De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, más del 60 por ciento de los servicios no custodiales en centros federales se prestó mediante contratación externa, lo que permitió conflictos financieros ante la nula supervisión.
El adeudo acumulado entre abril de 2024 y mayo de 2025 no solo comprometió la subsistencia de una empresa local, sino que exhibió cómo los retrasos institucionales trasladan el costo operativo a proveedores pequeños. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detallaron que siete de cada 10 empresas de servicios en México operaban con márgenes limitados, por lo que retrasos prolongados en pagos pueden ponerlas al borde del cierre.
A esto se suma el deterioro del equipo devuelto, una constante en los contratos públicos mal vigilados. Según la Auditoría Superior de la Federación, en revisiones recientes a servicios subrogados del sector público, el 38 por ciento presentó observaciones por daños, incumplimientos o falta de mantenimiento, sin que se aplicaran sanciones proporcionales a las empresas responsables.
Mientras el Cefereso opera y las empresas intermediarias cambian de nombre o domicilio, el adeudo sigue intacto. En México donde, según la Secretaría de Hacienda, más del 45 por ciento de los adeudos por servicios públicos se resuelve hasta llegar a la vía legal, el riesgo recae en que la justicia administrativa llegue en el momento que el daño económico ya sea irreversible.
