En un hecho sin precedentes, el pleno reconoció el autogobierno de la comunidad de La Candelaria y reafirmar la autonomía de territorios originarios
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
El eco de los traductores en lenguas tseltal y tsotsil marcó el ritmo de una jornada que quedará grabada en los anales del derecho mexicano. Por primera vez en la época contemporánea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abandonó su sede en la Ciudad de México para sesionar en el corazón de Los Altos de Chiapas. El objetivo, resolver un reclamo histórico de la comunidad de La Candelaria, en San Cristóbal de Las Casas, que durante más de cinco años luchó por el reconocimiento legal de su autogobierno.
El ministro presidente, Hugo Aguilar, primer indígena en encabezar el máximo tribunal, abrió la sesión con un mensaje de cercanía: “La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo”. Bajo este nuevo paradigma de “justicia cercana”, el pleno abordó el amparo en revisión 344/2025, un caso emblemático sobre la libre determinación.
La ministra ponente, Loreta Ortiz Ahlf, presentó el proyecto que ampara a La Candelaria frente a la omisión del Congreso del Estado de Chiapas para legislar sobre el autogobierno indígena. La resolución, aprobada por unanimidad, establece que la falta de leyes secundarias no debe ser un obstáculo para ejercer derechos constitucionales.
La sentencia vincula a las autoridades estatales y municipales para que, en un plazo de 90 días, garanticen el ejercicio del autogobierno y entreguen los recursos presupuestales que proporcionalmente corresponden a la comunidad para su administración directa.
“Este reconocimiento no es simbólico; significa aceptar que los pueblos tienen derecho a regirse por sus propios sistemas normativos”, señaló la ministra Yasmín Esquivel Mosa durante su intervención.
Además del caso de La Candelaria, la Corte validó la ley de Hidalgo que declara a la Charrería como patrimonio cultural inmaterial. La ministra Sara Irene Herrías defendió que los estados tienen la facultad de proteger sus tradiciones, comparando esta protección con la que las comunidades indígenas hacen de su propia cultura: “Nadie desde ningún lugar puede venir a decirles qué es lo que debe importarles”.
La sesión no solo resolvió expedientes técnicos; fue un acto de pedagogía constitucional. Se explicó el impacto de la reforma del 30 de septiembre de 2024, que otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Al cierre, el ministro presidente Aguilar subrayó que una reforma solo cobra vida cuando se aplica.
“Hoy se hace justicia, se materializa lo que dice la Constitución”. Con el levantamiento de la sesión en Tenejapa, la SCJN clausuró un capítulo de lejanía institucional, abriendo paso a una era donde la ley pretende hablar el mismo idioma que el pueblo.
