Funcionarios de primer nivel habrían alcanzado percepciones de 150 mil pesos, situación que desató reclamos por transparencia y austeridad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Aunque Cacahoatán figura entre los municipios con mayores rezagos sociales de Chiapas, la administración encabezada por Víctor Pérez Saldaña enfrenta acusaciones por sueldos desproporcionados para funcionarios de primer nivel. Documentos filtrados desde diciembre exhibieron percepciones cercanas a 150 mil pesos mensuales para el alcalde, el tesorero y el director de Obras Públicas. El contraste con los salarios de base dentro del propio ayuntamiento detonó inconformidad interna y malestar ciudadano.
Mientras el municipio destinaría casi medio millón de pesos al mes para cubrir los ingresos de tres cargos, los indicadores oficiales describieron una estructura administrativa limitada frente a múltiples carencias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que más del 50 por ciento de la población ocupada en la entidad labora en la informalidad, lo que reduce la recaudación local y presiona las finanzas públicas. En paralelo, datos del Censo de Población y Vivienda señalaron que una proporción considerable de hogares presenta carencias en servicios básicos.
Si se revisan métricas de desempeño institucional, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ubicó a diversos municipios de la región en niveles altos de rezago social, indicador que mide acceso a educación, vivienda y servicios, no ingreso monetario. Además, la Secretaría de Hacienda señaló que más del 80 por ciento de los ingresos municipales en la comarca proviene de participaciones federales, lo que limita el margen de maniobra presupuestal.
Aunque versiones internas hablan de tensiones entre el alcalde y áreas clave como Tesorería y Obras Públicas, la permanencia de funcionarios en la nómina habría buscado contener disputas administrativas. La posibilidad de nuevos nombramientos apuntó a recomponer equilibrios políticos, aunque la filtración dejó abierta la discusión sobre criterios salariales.
En la medida en que la ciudadanía exige claridad en el uso del presupuesto, crece la presión para que instancias fiscalizadoras revisen el manejo financiero del ayuntamiento. La controversia ya no se limita a montos individuales, también cuestiona la coherencia entre discurso de austeridad y práctica administrativa. Con indicadores sociales y financieros que muestran fragilidad estructural, el debate sobre los sueldos se ha convertido en un tema de la opinión pública en Cacahoatán.
