Habitantes denunciaron que la unidad médica opera incompleta desde 2025, sin claridad oficial sobre la ausencia del personal asignado
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Desde las comunidades de Liquidambar, San Agustín y San Antonio, en el municipio de Tapalapa, comenzó a tomar forma una inconformidad que va más allá de la ausencia médica, dado que los habitantes advirtieron que la unidad del IMSS–BIENESTAR dejó de cumplir su función básica desde julio de 2025 y hoy opera con vacíos que afectan la atención más elemental. Lo que antes era un servicio regular se transformó en un espacio limitado, donde la salud quedó condicionada a horarios reducidos y a la disponibilidad de una sola enfermera.
Aunque la salida de la doctora asignada ocurrió bajo un contexto personal relacionado con su embarazo, la falta de comunicación institucional abrió un terreno de incertidumbre que alimenta el desgaste social, puesto que los pobladores aseguraron que no existe claridad sobre su situación laboral ni sobre la asignación de un relevo. Esa ausencia de información, más que el hecho en sí, ha profundizado la percepción de abandono y ha debilitado la confianza en las autoridades sanitarias.
Aunado a ello, la cancelación del servicio durante los fines de semana terminó por evidenciar una falla estructural en la cobertura, puesto que el esquema contemplaba personal completo para garantizar continuidad médica, algo que hoy no ocurre pese a que, según denuncias, el pago al personal asignado no se ha detenido.
Si se observa el contexto estatal, la situación adquiere otra dimensión, debido a que Chiapas registra apenas 1.8 médicos por cada mil habitantes, una de las tasas más bajas del país, además de que más del 60 por ciento de sus unidades de primer nivel reportaron algún tipo de carencia de personal, según datos de la Secretaría de Salud. A esto se sumó que alrededor del 35 por ciento de las comunidades rurales presentan dificultades de acceso efectivo a servicios médicos y que la entidad concentró un rezago histórico en infraestructura sanitaria que supera el 40 por ciento en zonas marginadas.
Frente a este escenario, la exigencia de las autoridades ejidales no solo apunta a cubrir una vacante, dado que lo que está en juego es la viabilidad de un sistema que debería garantizar atención continua a cerca de cuatro mil habitantes, quienes hoy dependen de un servicio incompleto. La ausencia de médicos en Tapalapa dejó de ser un caso aislado para convertirse en un síntoma de cómo las fallas administrativas pueden traducirse en riesgos cotidianos para comunidades enteras.
