En paralelo, se revisan reformas en materia educativa
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con la discusión legislativa centrada en el fortalecimiento de la certeza jurídica en materia de arrendamiento, el Congreso del Estado de Chiapas dio lectura a una iniciativa que busca modificar el Código Civil para obligar a los arrendadores a emitir comprobantes de pago por cada renta. La propuesta se insertó en un contexto donde las relaciones contractuales informales generan conflictos entre propietarios e inquilinos.
A partir de la iniciativa presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, el planteamiento buscó reducir prácticas como cobros sin respaldo documental y desalojos sin procedimiento claro, lo que afecta a familias que rentan vivienda en condiciones de vulnerabilidad. En la entidad, más del 38 por ciento de los hogares habita en viviendas rentadas o prestadas sin contrato formal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que incrementa la exposición a conflictos legales.
Mientras la propuesta avanza hacia comisiones, el debate sobre la formalización del arrendamiento se conecta con la necesidad de mayor transparencia en los ingresos por vivienda, en una entidad donde apenas el 25 por ciento de los arrendamientos cuenta con comprobación fiscal o recibos sistemáticos. Esta falta de documentación limita la defensa de los inquilinos ante incrementos arbitrarios o terminaciones anticipadas del contrato.
Bajo este escenario, la discusión sobre reformas legales y asignación de bienes públicos adquirió relevancia en un estado donde más del 50 por ciento de la población percibe incertidumbre en la protección de derechos básicos relacionados con vivienda y servicios, de acuerdo con encuestas institucionales. La iniciativa sobre arrendamiento se colocó, así como un intento de ordenar un mercado habitacional que, en gran parte, funciona fuera de esquemas formales, mientras el Congreso mantiene en análisis las propuestas turnadas a comisiones.
