La regulación actual obliga a muchos campesinos a depender de cultivos temporales, reduciendo la rentabilidad de las tierras
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas, productores del Soconusco comenzaron a enfrentar un escenario de mayor incertidumbre jurídica que limita su capacidad de producción, al quedar fuera de esquemas de concesión indispensables para el uso del recurso. La preocupación no gira en torno a la normativa, también a la falta de mecanismos claros para regularizar situaciones heredadas que hoy los colocan en desventaja.
A partir de concesiones vencidas o ligadas a titulares fallecidos, muchos agricultores quedaron fuera del acceso formal al agua, lo que impacta en su posibilidad de sostener cultivos comerciales. Esta condición adquirió mayor relevancia al considerarse que en la comarca más del 65 por ciento de la superficie agrícola depende de sistemas de riego o captación regulada, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, lo que dejó a miles de productores en una posición vulnerable.
Mientras la ley prioriza el consumo humano y endurece el control sobre el uso del recurso, en el campo la ausencia de títulos actualizados se traduce en limitaciones para acceder a financiamiento, subsidios energéticos y programas productivos. En la entidad, cerca del 58 por ciento de los productores agrícolas carece de acceso a créditos formales, según registros del sector agropecuario, lo que agrava el impacto de no contar con una concesión vigente.
Frente a este panorama, la transición hacia esquemas temporales aparece como una alternativa forzada que reduce la rentabilidad de los cultivos en regiones como el Soconusco, donde la producción intensiva depende del riego constante. A ello se añadió que en Chiapas la productividad agrícola puede disminuir hasta en un 40 por ciento bajo condiciones de temporalidad, de acuerdo con estimaciones técnicas, lo que compromete la viabilidad económica de los productores.
Con un marco legal que busca frenar abusos en el uso del agua, pero que deja vacíos en la regularización de pequeños productores, el campo chiapaneco enfrenta una etapa de ajuste que podría profundizar desigualdades ya existentes. En una entidad donde más del 70 por ciento de las unidades de producción son de pequeña escala, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la falta de acceso formal al recurso hídrico no solo limita la siembra, también condiciona el futuro de miles de familias que dependen de la actividad agrícola.
