La reducción en la entrega de documentos migratorios ha dejado a miles de solicitantes sin acceso a servicios básicos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque el sistema de asilo en México opera a nivel nacional, Chiapas se ha convertido en el principal punto de concentración de solicitudes de protección internacional, al agrupar el 70 por ciento de los registros durante 2024. Esta carga no solo posicionó al estado como la puerta de entrada para miles de personas desplazadas, también lo colocó como el espacio donde se tensan las capacidades institucionales frente a un flujo constante que no se detiene.
A partir de las 78 mil 900 solicitudes recibidas en el país, la mayoría se concentró en territorio tapachulteco, donde la dinámica migratoria rebasó la infraestructura disponible. En este contexto, más del 60 por ciento de las solicitudes logró algún tipo de reconocimiento, lo que implica que una proporción considerable de personas permanece durante meses en espera de resolución dentro de condiciones limitadas.
Mientras la demanda de protección crece, la reducción del 97 por ciento en la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias ha generado un vacío en el acceso a derechos básicos, al impedir que miles de solicitantes puedan integrarse al mercado laboral o acceder a servicios. A esta condición se suma que al menos el 65 por ciento de las personas en tránsito permanece sin ingresos formales durante su proceso, lo que incrementó su exposición a redes de explotación y violencia.
En el plano social, la presión también se trasladó a los espacios de atención y alojamiento, donde el aumento de solicitudes ha derivado en niveles de ocupación superiores al 120 por ciento en albergues de distintas regiones del país. Bajo estas condiciones, cerca del 40 por ciento de las personas solicitantes enfrenta dificultades para acceder a vivienda temporal, lo que extiende su vulnerabilidad más allá del proceso migratorio.
En la medida en que la entidad concentró la mayoría de las solicitudes, el estado también se convirtió en el punto donde se definieron las posibilidades reales de protección para miles de personas, en especial cuando programas como el de Integración Local han permitido la reubicación de 13 mil refugiados durante 2024. Sin embargo, la concentración de la demanda y la reducción de mecanismos de apoyo evidenciaron que el sistema enfrenta un desafío estructural que va más allá de la capacidad de respuesta inmediata.
