La falta de espacios institucionales y atención en lengua originaria limita la participación de autoridades tradicionales en procesos gubernamentales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Entre la exigencia de derechos y la ausencia de interlocutores formales, comunidades del pueblo Maya Mam en el Soconusco colocaron en el centro del debate una deuda institucional que, más que histórica, se mantiene vigente en la vida cotidiana, donde la relación con el Gobierno sigue marcada por la distancia lingüística, cultural y administrativa.
Desde esa ruptura, la falta de oficinas especializadas dentro de los ayuntamientos no solo representa un vacío burocrático, también limita la posibilidad de que autoridades tradicionales como tatas y nanas participen en decisiones públicas, en un territorio donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que más del 28 por ciento de la población habla una lengua indígena, lo que volvió indispensable una estructura institucional que dialogue en esos mismos códigos.
A esa desconexión se sumó la opacidad en el manejo de recursos dirigidos a pueblos originarios, tras la desaparición de áreas municipales en lugares como Mapastepec y Huehuetán, lo que ocurre en un contexto donde más del 70 por ciento de la población indígena en la comarca vive en condiciones de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esto amplió la brecha entre programas públicos y necesidades reales.
La discusión también alcanzó el terreno de la justicia, donde las comunidades advirtieron que el sistema opera sin condiciones mínimas de equidad, en especial para quienes no dominan el español, una problemática que se agrava al tomar en cuenta que alrededor del 30 por ciento de personas indígenas en procesos legales en el estado no cuenta con intérprete, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Bajo esta acumulación de rezagos, la defensa cultural emergió como una forma de resistencia más que como política pública, dado que la lengua Mam y sus expresiones enfrentan un desgaste acelerado, en un escenario donde al menos cinco lenguas originarias en Chiapas están en riesgo y donde menos del 25 por ciento de los programas culturales incluyen acciones dirigidas a su preservación, lo que colocó la inclusión institucional como una condición urgente para evitar su desaparición.
