El alto costo de insumos y falta de incentivos para renovar el parque vehicular amenazan con disparar la inflación
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El sector del transporte de carga en el estado de Chiapas ha lanzado un enérgico llamado a la administración federal para atender una crisis estructural que amenaza la viabilidad del gremio y la estabilidad de los precios al consumidor. Bajo la bandera de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), los transportistas chiapanecos han puesto sobre la mesa una demanda, un programa de “chatarrización” justo y una intervención urgente en el mercado de combustibles.
La modernización del transporte no es solo una cuestión de estética o comodidad, sino de seguridad vial y eficiencia logística. Sin embargo, en la comarca uno de los estados con el parque vehicular más envejecido del país la brecha económica para renovar las unidades parece insalvable. Actualmente, un tractocamión nuevo tiene un valor de mercado que supera los tres millones de pesos, una cifra fuera del alcance de los pequeños y medianos transportistas.
La propuesta de CONATRAM es transformar el esquema de renovación. “Lo que nosotros estamos pidiendo es que eso sea un enganche, que sea lo que corresponde al IVA… que ese sea nuestro enganche, la chatarrización o modernización como ellos le llaman”, explican los líderes del sector.
Con la finalidad de que el vehículo antiguo no sea simplemente desechado, sino que se reconozca su valor residual como capital inicial para adquirir deuda crediticia, permitiendo que el transportista pueda enfrentar los pagos de una unidad de última generación.
Más allá de la adquisición del vehículo, el costo operativo diario es el factor que está asfixiando la economía estatal. El diésel representa el principal gasto de operación para los más de tres mil 300 vehículos de carga que circulan en Chiapas. Los transportistas denuncian una falta total de subsidios en peajes y combustibles, lo que genera un efecto dominó en los precios de los productos básicos.
La exigencia es reducir el precio del diésel a 21 pesos por litro de forma gradual. Los transportistas argumentan que, a diferencia de otros sectores, ellos no reciben beneficios fiscales por volumen de carga. “En el transporte, si usted va a cargar mil litros de diésel o carga 10 litros… es el mismo precio”, señalaron con preocupación. Esta falta de control en el costo energético obliga a las empresas de transporte a trasladar el gasto directamente al flete, lo que se traduce en un incremento inevitable en el precio final de frutas, verduras y artículos de primera necesidad que llegan a las familias chiapanecas.
De las unidades que operan en la entidad, al menos dos mil 200 están adheridas a la CONATRAM, lo que otorga al gremio un peso estratégico en la economía regional. Los transportistas recalcan que no están pidiendo dádivas, sino condiciones competitivas para trabajar.
“Ahí es donde queremos que el Gobierno federal haga su trabajo nada más. ¿Y qué es lo que pedimos?, que nuestra herramienta de trabajo, que es el tractocamión y que es el combustible, pues estén a precios justos”, enfatizaron. La falta de respuesta por parte de la federación podría llevar al sector a un punto de no retorno, donde la obsolescencia de los camiones y la carestía del diésel detengan el flujo de mercancías.
El gremio reconoce que una flota renovada reduciría significativamente los accidentes en las sinuosas carreteras de la región y disminuiría la huella de carbono. No obstante, advierten que la responsabilidad ambiental y social no puede recaer exclusivamente en los hombros del transportista sin un respaldo gubernamental que garantice la sostenibilidad financiera de la inversión.
La expectativa de CONATRAM es que se instale una mesa de diálogo resolutiva con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda. De no concretarse un programa de incentivos reales y un freno a la escalada del diésel, el motor que mueve a la comarca corre el riesgo de apagarse, afectando no solo a los dueños de los camiones, sino a cada consumidor que depende de su servicio.
