Las familias afectadas señalaron la participación de autoridades en los hechos denunciados
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En medio de un conflicto agrario que ha escalado hacia el ámbito penal, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas denunciaron un proceso de criminalización tras el desalojo ocurrido en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde ahora enfrentan audiencias judiciales bajo acusaciones que consideran fabricadas.
A partir de estos hechos, la audiencia programada para el 16 de abril se convertirá en un punto de presión para las comunidades, que señalaron riesgo de detenciones adicionales contra Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Hernández Moreno, en un contexto donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que Chiapas concentró más del 30 por ciento de los conflictos agrarios activos en el país, lo que mantiene tensiones constantes en territorios indígenas.
Desde la denuncia colectiva, el desalojo no solo implicó la pérdida de viviendas, también dejó a familias en condición de desplazamiento forzado, una problemática que se insertó en un escenario donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado que al menos cinco mil personas han sido desplazadas en el estado en los últimos años por disputas territoriales y presencia de grupos armados.
La exigencia de justicia apuntó a instituciones de seguridad y procuración de justicia, señaladas por su presunta participación en los hechos, lo que adquirió relevancia al considerar que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicaron a la comarca con un incremento cercano al 20 por ciento en delitos relacionados con violencia en zonas rurales durante el último año.
Bajo este panorama, las acciones convocadas por el CNI no solo buscaron visibilizar un caso particular, también intentaron frenar una tendencia documentada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde comunidades indígenas enfrentaron barreras sistemáticas para defender su territorio, en una región donde más del 28 por ciento de la población pertenece a pueblos originarios y mantiene una relación directa con la tierra como base de su subsistencia.
