Héctor Estrada
Tziscao, una disputa contaminada por conflicto de intereses
Una resolución judicial bajo inconformidad, una interlocución fallida y un presunto conflicto de intereses fueron los detonantes que, luego de dos décadas, bañaron nuevamente de sangre al conflicto agrario entre las comunidades del Parque Nacional Lagunas de Montebello que se disputan el control administrativo y turístico del área natural. Pero, ¿cómo inició realmente el problema y qué tienen que ver los funcionarios públicos en el conflicto?
Las complicaciones entre habitantes originarios de Tziscao y pobladores de comunidades como El Refugio, Antelá y San Nicolás Buenavista iniciaron a finales de los años 40 del siglo pasado cuando familias decidieron migrar hacia otras zonas de Montebello para formar nuevos asentamientos. Justo 10 años antes de que el sistema lagunario fuera decretado parque nacional.
La creación de los nuevos asentamientos no gustó mucho a los nativos de Tziscao; sin embargo, la poca población y escasa actividad turística de ese tiempo mantuvieron bajo control la tensión. Para ese entonces el mayor de los inconvenientes se centró en el acceso al agua para consumo humano. Pero la recomposición agraria subsecuente y las nuevas restricciones federales redibujaron el orden de la administración territorial.
Así llegó 1994 y el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); situación que algunas comunidades aprovecharon para unirse a los grupos de apoyo y obtener el respaldo del movimiento armado. De esta forma, avanzó la discordia entre los distintos frentes, respecto a la explotación turística del área natural. Y la tensión comenzó a escalar.
Los habitantes nativos de Tziscao alegaron desde el comienzo que las tierras les pertenecían, que las comunidades habían sido resultado de invasiones y que, en contubernio con empresarios turísticos, los asentamientos aledaños han intentado apropiarse de más tierras, de las costas lagunarias y de los beneficios económicos que ofrece el parque nacional.
Por su parte, comunidades como El Refugio y Antelá han denunciado el hostigamiento de los pobladores de Tziscao quienes, aseguran, con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), han buscado limitar su presencia y el aprovechamiento del sitio, protagonizando constantes actos de intimidación que administraciones estatales simplemente no han podido resolver.
El primer enfrentamiento a gran escala se dio hace alrededor de 20 años. Varios heridos y algunas personas sin vida fue el resultado del nuevo conflicto por el control administrativo de un área natural, que tenía cada vez mayor demanda turística y mayor involucramiento de empresarios que ya habían comenzado a hacer negocios con los ejidatarios vecinos de Tziscao.
El asunto permaneció sin soluciones definitivas, y se recrudeció durante las administraciones de Manuel Velasco y Rutilio Escandón. Y es que, en 2019 otra alerta emanó desde la zona. La nueva Unión de Comunidades Aledañas al Parque Nacional Lagunas de Montebello A.C. emitió un llamado a las autoridades en febrero de ese año, pues las amenazas contra los nuevos inversionistas y los ejidatarios aliados se habían elevado.
Para el 2022 el conflicto entre los nativos de Tziscao y las comunidades aledañas tenía nuevos involucrados, nuevos nieveles de litigio y más dinero de por medio. Las comunidades limítrofes, dedicadas al aprovechamiento turístico de la zona, se habían fortalecido y asociado con organizaciones de empresarios foráneos, dedicados al ecoturismo, gestando así un nuevo conflicto específico con el nuevo complejo turístico llamado “Refugio La Cabaña”.
El naciente conflicto focalizado se centraba en la delimitación de 50 hectáreas que los habitantes de Tziscao aseguran es de su propiedad, pero se encuentra invadida desde hace alrededor de 10 años por el complejo ecoturístico, dedicado a la renta de cabañas y experiencias ofertadas por agencias dedicadas al turismo de naturaleza… Y ahí, es justo donde la figura de Pablo Albores León cobra relevancia en el caso.
Y es que, desde hace al menos cuatro años, Pablo Albores no solo se convirtió en uno de los principales promotores del ecoturísmo en la zona, teniendo participación con su empresa Ecoexperiencias México, sino además, reconoció en 2022 haber sido beneficiado con el comodato de siete hectáreas dentro del mismo predio bajo conflicto que los “propietarios” habrían puesto bajo control de la organización Alianza en el Segmento de Naturaleza, que él mismo presidía.
A eso se refieren los habitantes de Tziscao al asegurar que el caso se enturvió hace alrededor de dos meses cuando, pese a los antecedentes e intereses en torno al tema, Albores León terminó siendo nombrado director de Desarrollo de Turismo Alternativo y Comunitaro.
Por ello lo ocurrido el pasado sábado en Montebello, donde una persona perdió la vida y una más murió después a causa de quemaduras, no es asunto menor. Pues tiene que ver con acusaciones concretas y evidencias que no solo desmuestran el fracaso de la interlocuión para calmar la tensión, sino además un evidente conflicto de intereses -denunciado con antelación- que no debió pasarse por alto y hoy desata las más legítimas sospechas.
Porque, al final de cuentas, lo que comenzó como un problema agrario entre ejidatarios y comunidades acabó por contaminarse de intereses privados externos, que ahora también pelean su tajada económica del turismo en las lagunas, bajo acuerdos mañosos y cargos públicos que bien deberían usarse para resolver conflictos, en lugar de protagonizarlos… así las cosas.
