Indígenas acusaron que la destrucción forestal se agravó durante el último año y advirtieron amenazas contra quienes intentan denunciarla
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La denuncia realizada por indígenas tsotsiles y autoridades tradicionales de Huixtán evidenció el avance de una problemática ambiental que, lleva años creciendo en distintas comunidades del municipio. De acuerdo con los pobladores, desde 2022 fueron devastadas más de 200 hectáreas de bosque por tala clandestina, una situación que se agravó durante el último año y que comenzó a generar preocupación por sus efectos sobre el entorno natural, los manantiales y las tierras de cultivo de la región.
En el pronunciamiento, los habitantes señalaron a la Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP) como responsable de los daños ambientales, puesto que acusaron que integrantes vinculados a este grupo mantienen actividades que alteraron zonas forestales consideradas fundamentales para el equilibrio ecológico de Huixtán. La tensión también aumentó debido a las amenazas denunciadas por personas que intentaron exhibir lo que ocurre en las comunidades afectadas.
Datos oficiales ubicaron a la entidad con más de 3.8 millones de hectáreas de superficie forestal, además de concentrar cerca del 30 por ciento del agua dulce superficial del país. El estado también cuenta con 28 áreas naturales protegidas y figura entre las regiones con mayor biodiversidad de México, condiciones que vuelven más delicados los efectos de la tala ilegal en municipios indígenas y zonas montañosas.
Habitantes de Huixtán aseguraron que, pese a las denuncias realizadas ante distintas autoridades desde hace meses, no se implementaron acciones efectivas para detener la devastación. Aunque pobladores de la comunidad Emiliano Zapata lograron proteger algunas áreas mediante vigilancia comunitaria, la tala avanza en zonas cercanas, esto aumenta el malestar social y la percepción de abandono frente al deterioro ambiental.
Las autoridades tradicionales advirtieron que el problema dejó de limitarse a la pérdida de árboles y comenzó a impactar en la vida cotidiana de las comunidades. La disminución de vegetación, ya genera preocupación por posibles afectaciones futuras en el abastecimiento de agua y en la conservación de tierras productivas, motivo por el que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para detener el daño ambiental y evitar nuevas represalias contra quienes mantienen la denuncia pública.
