Manuel Velázquez
La cultura ha tenido históricamente una presencia contradictoria en las acciones gubernamentales. Por un lado, se la presenta como un valor fundamental y se utiliza para enriquecer discursos y justificar políticas públicas. Sin embargo, por otro lado, cuando se trata de asignar recursos económicos, la cultura es relegada y marginada.
Se la percibe como un bien secundario, sin prioridad ni compromiso gubernamental. Esto se traduce en una carencia de inversión en infraestructura cultural, educación artística y programas que fomenten la creatividad. Como resultado, la cultura se reduce a un mero adorno, privada del apoyo necesario para prosperar y enriquecer a la sociedad.
Es imperativo romper con esta paradoja. La cultura debe ser reconocida como un pilar esencial del desarrollo sostenible y la cohesión social. Los gobiernos deben priorizar la inversión en cultura y arte, no solo por su valor económico, sino también por ser un derecho humano fundamental que enriquece la vida de las personas y las comunidades.
Es cierto que el turismo y la cultura pueden encontrar puntos de convergencia y complementarse, pero es esencial reconocer que la política cultural trasciende las acciones turísticas y no puede depender exclusivamente de ellas. La cultura y sus políticas son fenómenos complejos y multifacéticos que demandan una visión integral y holística, más allá de una perspectiva unidireccional y limitada.
En la era del turismo de masas y el consumismo, parece que todo se ha convertido en una mercancía, incluyendo la cultura y el patrimonio. Como lo señaló Ernst Gombrich: “Se ha desacralizado el santuario, se ha transformado al museo en centro comercial y a la peregrinación en excursión turística”.
Atender el fenómeno cultural desde el poder público exige una comprensión profunda de su complejidad y riqueza. La cultura no puede ser reducida a un mero atractivo turístico y comercial, desestimando su valor intrínseco y su papel fundamental en la construcción de la identidad y la cohesión social.
Una política cultural efectiva debe abarcar la diversidad de expresiones culturales, fomentar la creatividad y la innovación, preservar el patrimonio cultural y garantizar la participación comunitaria en la toma de decisiones culturales. Solo así podemos asegurar que la cultura sea valorada y respetada en su justa dimensión, convirtiéndose en un motor de desarrollo sostenible y equitativo para todos.
Veracruz, cuna de tradición y cultura, se ha promovido como un destino turístico-cultural, pero ¿cuál ha sido el precio? Durante décadas, el prestigio cultural de esta región se ha mantenido gracias al esfuerzo incansable y la dedicación de artistas veracruzanos, quienes han trabajado en condiciones de precariedad económica, a menudo sin recibir una compensación justa por su trabajo.
Las instituciones públicas prometieron “difusión y apoyo” a cambio de servicios gratuitos. Sin embargo, esta promesa se ha revelado como una ilusión. La gratuidad se ha normalizado, y los artistas y agentes culturales de la región han sido explotados, sin recibir el reconocimiento económico que les corresponde.
El turismo cultural en Veracruz puede ser un motor económico, pero es crucial que se haga de manera responsable y sostenible. La promesa de impulsar la economía cultural de la región es posible, pero ¿cuál es el plan detrás de esta promesa? ¿Cómo se garantizará que los beneficios lleguen a la comunidad cultural veracruzana y no solo a unos pocos intereses económicos?
Una promesa sin proyecto es una burla. Y es aún más evidente cuando no existe una política cultural sólida, ni se tiene una idea clara de la historia y la tradición de la región.
Es fundamental que las instituciones públicas y los responsables de la política cultural en Veracruz tomen medidas concretas para apoyar a los creadores y creadoras de la región. Esto incluye pagarles un salario justo por su trabajo y brindarles el reconocimiento que merecen. De esta manera, podremos hablar de un turismo cultural que beneficie realmente a la comunidad cultural veracruzana.
