Gilberto Bátiz García
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fortalecer la justicia no siempre implica reformar leyes. Muchas veces —y en lo esencial— significa acercarse, acortar distancias.
Durante mucho tiempo, para amplios segmentos de la población, la justicia ha sido lejana: en el lenguaje, en los procedimientos, en el territorio y en la vida cotidiana de las comunidades. Esa distancia es una barrera para el ejercicio y la protección plena de derechos.
El desafío institucional, en este sentido, es claro: cerrar esa brecha entre la norma y la experiencia; entre la institución y las personas; entre el reconocimiento formal de un derecho y la posibilidad efectiva de ejercerlo y, no menos importante, de gozar de su protección.
En ese horizonte se inscribe el lanzamiento del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF en Papantla, Veracruz, el pasado 10 de abril, con la presencia y el respaldo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; de las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial; y el decidido impulso de mis compañeros y compañeras integrantes del Pleno de la Sala Superior (aquí quiero hacer un especial reconocimiento a mi compañera la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y a su equipo por la conducción de las mesas de trabajo durante esta jornada).
Se trata de una política pública de carácter nacional y permanente que redobla los esfuerzos de los últimos años para ofrecer los servicios de defensoría de manera uniforme en todo el territorio. En ese sentido, la justicia ya no sólo espera a las personas, también sale a su encuentro.
Un abordaje sensible y con método que busca redefinir la responsabilidad del Estado mexicano: el acceso a la justicia no puede seguir dependiendo de la condición social, de la distancia territorial, del idioma o del contexto comunitario.
Porque hay que decirlo, un derecho al que no se puede acceder de manera oportuna, comprensible y en condiciones de igualdad, es un derecho a medias, es demagogia constitucional.
Y aquí la experiencia de la Defensoría Pública Electoral es de suma utilidad. Los casos atendidos —relacionados con desplazamiento forzado, autonomía de pueblos originarios, violencia política de género, así como accesibilidad a los tribunales— confirman que la justicia electoral puede replantearse para ofrecer vías concretas de inclusión, reconocimiento y dignidad.
En efecto, como bien lo expresó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, hoy el gran reto no es sólo dictar sentencias, sino preguntarnos —después de cada una de éstas— si realmente estamos haciendo justicia. Esa distinción es fundamental, porque una sentencia puede ser técnicamente correcta y, sin embargo, no transformar la realidad de quien busca justicia.
De ahí la necesidad de transitar hacia lo que él mismo ha denominado una “justicia real”: una justicia que se entiende, que se ejerce y, sobre todo, que se siente en la vida de los justiciables. Una justicia que va más allá del expediente. Que se acerca. Que escucha. Que comprende. Que acompaña. Y que, de esta manera, encuentra su legitimidad.
Por eso acudimos a Papantla, donde se dieron cita comunidades de Chicualoque, Coyutla, Misantla, Zozocolco, Llamatlán, Chumatlán, Mecatlán, Filomeno Mata, Chicontepec, Coxquihui, entre otras más, para echar a volar esta política pública. Una región, como otras a lo largo del país que pronto visitaremos, a donde la defensoría no había llegado y cuya dinámica cultural y comunitaria determina la conflictividad social. Así, el reto es doble: ampliar la presencia de la defensoría y, a su vez, partir del complejo mosaico social de nuestro país, como base de la justicia cercana.
Este encuentro que empezó con una ceremonia de bendición y bienvenida tuvo una coincidencia de fondo: la responsabilidad democrática de no entender el acceso a la justicia como mero procedimiento, sino como una vía para ofrecer soluciones efectivas a los conflictos, incluso antes de que escalen.
Porque allí donde una persona no puede comprender una resolución, la justicia no termina de cumplirse. Allí donde una comunidad no puede ejercer sus derechos, la democracia mantiene una deuda histórica. Frente a ello, la respuesta institucional debe ser clara y activa: presencia, acompañamiento y certeza.
Porque la autoridad de la justicia nace de la confianza. Y la confianza se construye cuando las personas reconocen en sus instituciones una garantía real de sus derechos.
