Argenis Esquipulas
La mañana del lunes apareció muerto en su celda del penal de El Amate, en Cintalapa, Chiapas, Yudiel Flores Tovar, alias “El Coyote Consentido”, un nombre que durante años ocultó una red de crímenes que estremecerían a cualquier sociedad verdaderamente comprometida con la justicia. Sentenciado recientemente a 67 años por el delito de trata de personas en su modalidad más atroz —la explotación s€xu@l infantil—, su deceso ha sido calificado oficialmente como un suicidio. Pero la verdadera pregunta que urge responder no es cómo murió, sino cómo vivió impunemente durante tanto tiempo.
Flores Tovar no era un desconocido. Su rostro aparecía en redes sociales, en actos públicos, se presentaba como comunicador, se acercaba a políticos y funcionarios, y vendía una imagen de activista social. En paralelo, operaba como traficante de migrantes centroamericanos, cruzando cuerpos por la frontera sur, y a la vez alimentaba un imperio clandestino de pornografía infantil, del cual se beneficiaba y delataba una estructura internacional de abuso. Su doble vida no era un secreto para muchos. Lo que fue secreto —o convenientemente ignorado— fue el nivel de tolerancia institucional que le permitió actuar impunemente desde 2010.
Durante más de una década, este sujeto difundió contenido de abuso infantil con el usuario “Ronaldfranco”, ligado a al menos 23 videos y 176 imágenes que circularon por sitios de explotación sexual infantil, según lo documentado por autoridades estadounidenses. El FBI lo había fichado y la Interpol emitió una alerta roja para su captura. Sin embargo, en Chiapas, donde operaba libremente, nada pasó. Yudielcontinuaba alimentando su personaje en redes sociales, incluso extorsionando a funcionarios y simulando una lucha social que le permitía moverse con la venia de autoridades locales.
Fue hasta el 20 de mayo de 2021 cuando finalmente se ejecutó su detención en un municipio fronterizo con Guatemala. Para ese entonces, el daño ya estaba hecho. Las víctimas acumulaban años de silencio, de impunidad, de ser reducidas a archivos digitales mientras el perpetrador acumulaba seguidores en redes sociales. El Estado mexicano llegó tarde, muy tarde, y eso no es casualidad: es resultado de un sistema roto, en donde la justicia se aplica selectivamente y en donde la negligencia se institucionaliza.
Ahora que la noticia de su muerte ha ocupado los titulares, el foco vuelve a diluirse. ¿Se suicidó? ¿Lo suicidaron? ¿Fue una decisión personal o un acto pactado con alguien más dentro del sistema penitenciario? Las preguntas se amontonan, pero corremos el riesgo de distraernos del fondo: la muerte de Flores Tovar no es el cierre del caso, es la oportunidad de abrir otro más profundo y urgente.
Porque Yudiel no actuó solo. Nadie construye una red de explotación infantil transnacional sin cómplices: administrativos, judiciales, políticos, e incluso sociales. ¿Quiénes lo encubrieron? ¿Qué funcionarios sabían y callaron? ¿Qué políticos posaron en fotos con él? ¿Cuántos avisos fueron ignorados? ¿Cuántas denuncias fueron engavetadas? ¿Cuántas víctimas jamás serán reconocidas porque la justicia no las buscó?
La Fiscalía General del Estado ha informado que abrió una carpeta de investigación para esclarecer su muerte. Bien. Pero el verdadero expediente que urge abrir es otro: el que revele quiénes formaban parte de la red que permitió que este hombre —catalogado como uno de los más peligrosos delincuentes en su modalidad— operara impune durante más de una década. El silencio institucional también es una forma de violencia.
El caso de Yudiel Flores Tovar es un espejo incómodo para Chiapas y para México: muestra que las redes criminales pueden prosperar si se visten de activismo, si se infiltran en el discurso público, si saben jugar el juego del poder y la simulación. Pero sobre todo, muestra que el aparato judicial es tan eficaz para castigar a inocentes como incapaz de atrapar a monstruos con conexiones.
Sería un error histórico cerrar este capítulo con el parte forense. Lo importante ahora no es cómo murió el victimario, sino cómo sobrevivieron las víctimas, cómo aún esperan justicia, cómo siguen viviendo con las secuelas del horror que ningún suicidio puede reparar.
El caso de “El Coyote Consentido” debe marcar un antes y un después. Porque si la muerte de un monstruo basta para tranquilizar al sistema, entonces no estamos ante un Estado de derecho, sino ante un Estado de olvido.
Soy Argenis Esquipulas, periodista comprometido con llevarles información clara, precisa y oportuna. Creo firmemente que, tanto en la vida como en los hechos y en las noticias, tenemos que estar bien informados y marca la diferencia. ¡Sigamos juntos buscando la verdad y entendiendo el mundo que nos rodea!
