Los testimonios describen exámenes imposibles, sanciones inventadas y trato degradante hacia jóvenes de bajos recursos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En la Universidad del Bienestar en Arriaga, alumnos y padres comenzaron a documentar un patrón de violencia institucional que, aseguraron, se ha normalizado bajo la dirección de Ana María de la Cruz Lorenzo. Sus testimonios revelaron no solo un ambiente hostil, sino una estructura de poder que opera sin controles internos y que contradice la misión del programa educativo federal.
Las denuncias describieron un modelo de disciplina que va más allá de la exigencia académica: humillaciones públicas, castigos sin sustento y un trato diferenciado hacia estudiantes de bajos ingresos o mayor edad. Esta dinámica no es menor en un estado donde, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, Chiapas registró que el 32 por ciento de los jóvenes declaró haber sufrido maltrato en instituciones educativas. Para quienes buscan una carrera en medicina comunitaria, la violencia psicológica se convierte en una barrera tan seria como cualquier examen.
Otro elemento que preocupa a los denunciantes es la manipulación de la evaluación académica. Reportaron exámenes diseñados con contenidos avanzados e incluso ajenos al plan de estudios, lo que genera reprobaciones sistemáticas o deserciones forzadas. El problema ocurre en un contexto donde, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el 28 por ciento del abandono escolar en educación superior está relacionado con ambientes violentos o prácticas de hostigamiento.
Chiapas es el segundo estado del país con mayor número de estudiantes inscritos en sedes de Universidades del Bienestar, de acuerdo con cifras de la propia institución, pero también figura entre los que reportan más quejas por presuntas irregularidades. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicaron que las denuncias por violaciones a derechos humanos en escuelas públicas aumentaron 19 por ciento en 2023, tendencia que se reflejóen el tipo de señalamientos expresados por los estudiantes del plantel de Arriaga.
Mientras los jóvenes describen amenazas, discriminación y hostilidad como parte de su rutina académica, piden que la instancia federal intervenga antes de que más alumnos abandonen su carrera. Su llamado no es aislado: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que cuatro de cada 10 estudiantes en la comarca consideran que sus escuelas no tienen mecanismos confiables para denunciar abusos, lo que obliga a muchos a guardar silencio.
