Voces de la Iglesia y sectores sociales en Chiapas califican de “absurda” la reducción del ciclo por el Mundial 2026
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
México se encuentra en una encrucijada donde las decisiones políticas y los grandes eventos internacionales parecen colisionar frontalmente con la realidad cotidiana de sus ciudadanos. Dos temas dominan la agenda pública en el sureste mexicano: la modificación del calendario escolar por la justa mundialista y la crisis de credibilidad de un sistema judicial que, según voces de la Iglesia Católica, sigue operando bajo lógicas de impunidad y fabricación de culpables.
La reciente determinación de recortar casi dos meses el periodo de clases para el ciclo escolar actual ha levantado una polvareda de críticas. La justificación oficial de facilitar la movilidad ante las multitudes que se esperan por el Mundial de Fútbol resulta, para muchos, un argumento desconectado de la geografía y la economía nacional.
Desde la perspectiva de los líderes sociales en Chiapas, esta medida ignora que la gran mayoría de los mexicanos no tendrá acceso físico a los estadios debido a los altos costos de transporte y entradas.
“Se tomó una decisión de recortar casi dos meses el periodo de clases para facilitar el movimiento de las multitudes que puedan ocurrir. Pero el resto del país no tenemos mucho que ver. Por ejemplo, aquí en Los Altos de Chiapas o Tapachula, no tenemos relación con el mundial”, señalan los críticos, subrayando que mientras en tres sedes habrá actividad, el resto de la nación verá interrumpida la formación académica de niños y jóvenes.
Más allá de la pérdida de aprendizajes, el recorte escolar dispara una alarma social: la seguridad de los menores. En un México donde ambos padres suelen trabajar para cubrir la canasta básica, el hecho de tener a los hijos en casa sin supervisión escolar durante dos meses adicionales representa un peligro latente. Los especialistas advierten que los jóvenes quedan expuestos a accidentes domésticos, travesuras que pueden escalar a situaciones lamentables o incluso al reclutamiento por parte de grupos delictivos en zonas vulnerables.
“Cuando ya los papás trabajan los dos, ¿qué hacer con ellos?, se exponen a muchos peligros” advierten las voces eclesiásticas, haciendo un llamado a que se respete el programa oficial publicado originalmente, priorizando la estabilidad familiar sobre la logística de un evento deportivo.
A la par de la crisis educativa, el sistema judicial enfrenta su propia tormenta. Casos recientes en Chiapas, donde jóvenes han sido detenidos sin órdenes de aprehensión y acusados de delitos graves como narcotráfico para luego ser liberados por falta de pruebas, han puesto de nuevo sobre la mesa la práctica de “sembrar delitos”.
La Iglesia ha sido enfática en calificar como “lamentable y dolorosa” la imputación de crímenes a personas inocentes. En México, la figura de la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en un arma de doble filo que desgasta económica y emocionalmente a las familias. “Es doloroso porque no hay un resarcimiento cuando se produce este tipo de daños. Las autoridades deben buscar aplicar la justicia, la equidad y el derecho, pero no imputar a alguien que no haya hecho nada”, se denunció desde el púlpito y las organizaciones de derechos humanos.
Frente a la reforma al Poder Judicial, el sentimiento generalizado es de un escepticismo esperanzador. Se reconoce la necesidad de “purificar” la manera de aplicar la ley. El sistema anterior, plagado de críticas y con una efectividad cuestionable, deja paso a una nueva etapa donde la sociedad exige que los encargados de impartir justicia sean “personas peritas con experiencia” y no meros perfiles políticos.
La estadística es fría, pero contundente, un porcentaje abrumador de delitos, tanto comunes como de alto impacto, quedan en la impunidad total. Esta falta de castigo real es, en última instancia, el principal motor de la delincuencia en todos sus niveles, desde la administración pública hasta los delitos de calle.
La conclusión para los sectores críticos es una, mientras la justicia sea un “intento fallido” y la educación se vea como un elemento negociable, México seguirá enfrentando una normalización de la delincuencia y el desorden social. La exigencia hoy es poner las bases de una justicia que inhiba la impunidad y devuelva al ciudadano el deseo de vivir en bien.
