Organizaciones civiles exigieron ampliar investigaciones tras detectarse inconsistencias financieras y posibles beneficios a empresas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Entre contratos cuestionados y adjudicaciones sin competencia pública, la gestión de Rosa Irene Urbina Castañeda en Tapachula volvió a quedar bajo presión por presuntos beneficios otorgados a familiares y actores políticos cercanos. El tema tomó relevancia en una región donde el padrón electoral de Chiapas superó los cuatro millones de ciudadanos inscritos ante el Instituto Nacional de Elecciones, cifra que mantiene alta vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
Uno de los expedientes más señalados corresponde al convenio CAP-CONVENIO-FRACC-2024, mediante el cual la empresa Construcciones y Servicios FERPA S.A. de C.V. obtuvo una obra sanitaria en el fraccionamiento San Antonio Acacias. La auditoría OICM/DSyEOP/001/2024 detectó inconsistencias sobre más de 2.7 millones de pesos revisados dentro de un contrato superior a los 3.6 millones.
El señalamiento tomó mayor dimensión debido a que el representante legal de la constructora es el diputado local José Jesús Domínguez Castellanos, identificado como aliado político de la exalcaldesa. De manera paralela, la Auditoría Superior del Estado acumuló más de dos mil observaciones administrativas y financieras en revisiones recientes a cuentas municipales de la comarca, panorama que fortaleció las exigencias de supervisión ciudadana.
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia expuso que durante 2018 fueron asignados más de 2.8 millones de pesos a la empresa Asturias Construcciones y Proyectos S.A. de C.V., propiedad de Tomás Gerardo Rubiera Espadas, esposo de Urbina Castañeda, para una obra hidráulica entregada sin concurso público.
Las críticas hacia la ahora diputada federal crecieron en medio de un contexto marcado por rezagos económicos y reclamos de transparencia. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimaron que 67.4 por ciento de la población chiapaneca vive en pobreza, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. colocó a la región entre las entidades con menor desempeño en transparencia presupuestaria municipal.
