A más de tres décadas del levantamiento armado de 1994, miles de familias siguen sin recuperar sus tierras, viviendas o acceso pleno a la justicia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Las huellas del conflicto armado de 1994 permanecen en comunidades donde el abandono institucional nunca desapareció. Lo que antes se expresó con enfrentamientos abiertos hoy tomó la forma de desplazamientos, desapariciones y pueblos parcialmente vacíos. Familias enteras dejaron atrás casas y cultivos para evitar amenazas que marcaron distintas regiones de Chiapas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ubicó al estado entre las tres entidades con más episodios de desplazamiento forzado interno durante los últimos cinco años.
La violencia también modificó la economía rural y debilitó territorios que antes sostenían la producción agrícola. Productores desplazados de municipios como Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas aseguraron que nunca pudieron recuperar las más de 42 mil hectáreas abandonadas tras el conflicto armado vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicaron que más del 67 por ciento de la población chiapaneca permanece en condiciones de pobreza, panorama que incrementó la migración y la disputa territorial.
En regiones fronterizas y zonas de la Sierra, la violencia comenzó a girar alrededor del control territorial ligado al tráfico de personas y drogas. Habitantes de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia describieron comunidades atravesadas por amenazas y restricciones de movilidad. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que la comarca acumuló más de cinco mil carpetas de investigación por desaparición y privación ilegal de la libertad entre 2019 y 2025.
La crisis alcanzó sectores que durante años permanecieron al margen de los conflictos, debido a que personal médico y trabajadores públicos comenzaron a enfrentar riesgos directos para ejercer sus funciones. En municipios como Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, brigadas de salud modificaron rutas y horarios por temor a grupos armados.
La persistencia de conflictos agrarios, desapariciones y desplazamientos expuso su crisis que nunca logró resolverse de fondo y que cambió de rostro con el paso de los años. Casos como Acteal, Pantelhó o el conflicto limítrofe entre Chiapas y Oaxaca permanecen atrapados entre expedientes inconclusos y respuestas parciales. La ausencia de justicia alimentó una dinámica donde miles de familias sobreviven a la incertidumbre sobre recuperar algún día sus tierras o a sus familiares.
