Lanzó un llamado al Gobierno federal para que asuma su responsabilidad histórica y deje de minimizar la tragedia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una sesión marcada por la solemnidad y la indignación, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, subió a la tribuna del Congreso del Estado para presentar una iniciativa de ley en materia de búsqueda de personas desaparecidas, respaldada por el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobado en 2026 y publicado este martes.
Con la voz entrecortada, pero firme, la legisladora panista advirtió que México ha rebasado “cualquier capacidad de negación del Gobierno federal” y que organismos internacionales como la CIDH y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada coinciden en un diagnóstico devastador: el Estado mexicano ha sido incapaz de detener la tragedia de las desapariciones.
“No lo dice el PAN. No lo dice la oposición. Lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó Ibarra Gallardo, quien citó cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que revelan un aumento alarmante sexenio tras sexenio.
Según los datos presentados por la diputada, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se registraron ocho desapariciones diarias en promedio; con Enrique Peña Nieto la cifra se duplicó a 15; en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador superó las 24; y en el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la cifra estimada oscila entre 56 y más de 70 desapariciones diarias.
“Hoy en México desaparecen decenas de personas todos los días”, denunció, al tiempo que subrayó que las cifras provienen de la propia Secretaría de Gobernación, no de la oposición.
El informe de la CIDH, cuyo contenido fue ampliamente retomado por la legisladora, también revela que más de 70 mil cuerpos sin identificar permanecen bajo custodia del Estado mexicano, lo que calificó como “el colapso institucional del país”. La Comisión señala que la desaparición en México es generalizada, estructural y vinculada al crimen organizado, muchas veces “en estrecha convivencia con agentes estatales”.
“En muchas regiones del país el crimen no opera solo; opera con protección, con tolerancia o con complicidad de autoridades. Solo recordemos el caso de Rocha Moya”, lanzó la diputada.
Durante su intervención, Ibarra Gallardo también denunció que las madres buscadoras y las familias de las víctimas no solo enfrentan la ineficacia de las fiscalías, sino que viven en condiciones permanentes de riesgo y violencia. “En México, buscar a un hijo desaparecido puede costarte la vida. Eso es algo brutal, inhumano, que ningún Gobierno democrático debería permitir”, afirmó.
En respuesta a esta crisis, la diputada presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de Chiapas que busca, entre otros puntos, fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación forense, garantizar fiscalías verdaderamente autónomas, proteger a las personas buscadoras, castigar a funcionarios coludidos con el crimen organizado y darles voz a las familias en los Sistemas Nacionales y Estatales de Búsqueda.
“México necesita verdad, justicia y resultados, no propaganda. Morena no puede seguir escondiéndose detrás de discursos ideológicos mientras México se convierte en un enorme cementerio clandestino”, sentenció.
La legisladora concluyó su mensaje con un llamado al Gobierno federal para que asuma su responsabilidad histórica y deje de minimizar la tragedia. “Un país donde desaparecen miles de personas no puede llamarse un país en paz”, dijo, al tiempo que levantó la voz por las madres buscadoras, las familias desplazadas, los desaparecidos y quienes han muerto en la búsqueda de justicia.
La cifra de personas desaparecidas en Chiapas ha alcanzado niveles críticos en los últimos cinco años. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPND), entre 1964 y mayo de 2026 se contabilizan oficialmente mil 237 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad. Sin embargo, organizaciones civiles como el Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Chiapas (COFADECH) elevan la estimación por arriba de las mil 800, al considerar subregistros en zonas indígenas y regiones de conflicto territorial.
Aunque Chiapas presenta una tasa histórica menor que estados como Jalisco, Tamaulipas o Guerrero, el incremento anual muestra una tendencia alarmante. Mientras que entre 2010 y 2015 se reportaban un promedio de 40 casos por año, para 2018 la cifra saltó a 112, y en 2021 superó los 200 reportes anuales. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indican que 2023 cerró con 284 personas desaparecidas, la cifra más alta en tres décadas, y 2024 registró 253 casos preliminares.
Las autoridades atribuyen parte de este aumento a la mejora en los mecanismos de denuncia, pero reconocen que la violencia vinculada a la disputa por el territorio, el crimen organizado y la trata de personas inciden directamente.
El análisis de los expedientes revela patrones preocupantes:
-Por sexo: 53.7 por ciento son hombres (665 casos), 45.1 por ciento mujeres (558 casos) y 1.2 por ciento sin especificar. La proporción de mujeres desaparecidas en Chiapas es significativamente alta en comparación con la media nacional (38 por ciento).
-Por edad: El 62 por ciento de las personas desaparecidas se encuentran en el rango de 12 a 29 años. Destaca el grupo de 15 a 19 años, que concentra el 27 por ciento del total, seguido por jóvenes de 20 a 24 años (22 por ciento).
-Contexto migratorio: Chiapas es puerta de entrada para migrantes centroamericanos; según datos de la Unidad de Política Migratoria, entre 2019 y 2025 se reportaron 137 migrantes desaparecidos en territorio chiapaneco, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
-Población indígena: Aunque no existe un desglose oficial completo, COFADECH estima que al menos cuatro de cada 10 personas desaparecidas pertenecen a comunidades mayas (tsotsiles, tseltales, ch’oles), enfrentando barreras lingüísticas y culturales para acceder a la justicia.
DESAPARICIÓN FORZADA Y TRATA: DOS ARISTAS INVISIBILIZADAS
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene abiertas 347 carpetas de investigación por presunta desaparición cometida por particulares. Sin embargo, activistas denuncian la falta de investigaciones por desaparición forzada. Entre 2021 y 2025, solo dos casos fueron judicializados como desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, pese a múltiples testimonios de víctimas en municipios como Palenque, Ocosingo y la zona Norte.
Paralelamente, la Comisión de Búsqueda estatal identificó que al menos 89 casos de mujeres adolescentes desaparecidas entre 2022 y 2024 podrían estar vinculados con redes de trata con fines de explotación sexual, especialmente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal.
Los municipios con mayor incidencia absoluta son:
1. Tuxtla Gutiérrez: 227 desapariciones (2019-2025)
2. Tapachula: 189 desapariciones
3. San Cristóbal de Las Casas: 131 desapariciones
4. Palenque: 98 desapariciones
5. Comitán: 67 desapariciones
Sin embargo, la tasa por cada 100 mil habitantes es más alta en municipios pequeños como Villacorzo, Frontera Comalapa y El Parral, lo que evidencia la vulnerabilidad en zonas rurales.
RESULTADOS DE BÚSQUEDA Y RESISTENCIAS
De las mil 237 personas registradas, solo 342 han sido localizadas con vida (27.6 por ciento), 89 fueron halladas sin vida (7.2 por ciento), y el resto continúa en estatus de “no localizada”. Esto contrasta con la media nacional de localización con vida, que ronda el 45 por ciento.
La Estrategia Nacional de Búsqueda implementada en 2022 ha permitido la creación de una Comisión Local de Búsqueda, pero esta cuenta con apenas 18 personas buscadoras para todo el estado. Colectivos como el “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en Chiapas” critican la falta de presupuesto, la revictimización y la ausencia de una fiscalía especializada.
“Solo queremos saber”
—Mi hija salió a comprar pan en noviembre de 2023, en Tuxtla, y nunca regresó —relató Margarita López, integrante de la fundación Karla Velasco —. Tiene 16 años. La Fiscalía nos dice que “está en investigación”, pero no hay avances. Nosotras mismas armamos las búsquedas en mercados y en la sierra.
Activistas y organismos de derechos humanos han exigido al Gobierno estatal y federal declarar la alerta de búsqueda inmediata para zonas de alta incidencia, así como implementar protocolos con perspectiva intercultural y de género. Mientras tanto, las familias chiapanecas continúan pegando carteles en postes y compartiendo fotos en redes, en una lucha contra la indiferencia y el tiempo.
