Héctor Estrada
Siguen ambiciones oscuras tras los humedales de San Cristóbal
Pese a la publicación del decreto de protección y ante la indiferencia de las autoridades
municipales y ambientales, numerosas extensiones de los humedales de montaña La Kisst y María
Eugenia en San Cristóbal de Las Casas continúan siendo devastadas por la sospechosa propagación
de incendios forestales que, a decir de las organizaciones civiles, apuntan a ser provocados para
acelerar el cambio de uso de suelo.
Las autodenominadas “guardianas de los humedales” señalaron que hasta el momento suman seis
incendios casi consecutivos dentro del área natural, por lo que temen se trate de un proceso
intencional para limpiar las áreas de pastizales y facilitar la desincorporación progresiva con fines
inmobiliarios.
Y la preocupación no es para menos. Se trata de al menos 215 hectáreas que no solo dan refugio a
especies endémicas, sino que además representan el 70 por ciento del agua disponible dentro la
ciudad, por lo que la devastación e intereses mezquinos podrían significar pronto serias
consecuencias para esa turística ciudad de Chiapas.
Y es que, el tema de los humedales de montaña en San Cristóbal, no es nuevo. Durante las últimas
dos décadas poco más de 20 hectáreas al interior de los humedales han sido completamente
devastadas, secadas, rellenadas y acondicionadas para el desarrollo de zonas habitacionales
irregulares. Tan solo en lo que respecta al humedal María Eugenia se tienen registradas 15
invasiones y numerosas zonas de azolvamiento intencional que han provocado un impacto
ambiental considerable.
Fue 2017 cuando diversos colectivos, personas defensoras de Derechos Humanos y ambientalistas
iniciaron una ruta de defensa no jurisdiccional ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y otras instancias. Sin embargo, la queja fue archivada durante tres años, por lo
que fue hasta el 1 de febrero del 2022 cuando fue emitido el ansiado pronunciamiento oficial del
organismo.
La recomendación reconoció violaciones a los derechos de un medio ambiente sano, al agua y al
saneamiento, así como a la vivienda adecuada. Además, dio a conocer se realizará el deslinde de
responsabilidades de servidores públicos y dependencias oficiales por irregularidades
administrativas que derivaron en presuntos delitos.
El documento emitido por la CNDH exigía la aplicación urgente de: “medidas correctivas, de
seguridad y de salvaguarda a los ecosistemas”. Así como la elaboración de un informe sobre el
estado que guardaban “las carpetas radicadas en la fiscalía, relacionadas a la investigación de
presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales,
jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas”.
Finalmente, el momento esperado llegó el pasado 8 de enero de 2024 con la publicación en el
Diario Oficial de la Federación del decreto declaró Área Natural Protegida, con la categoría de Área
de Protección de Flora y Fauna, a los Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia. No
obstante, las intenciones turbias para seguir ganando terreno a los humedales parecen haber
incrementado en las últimas semanas.
La nueva estrategia ecocida, según las organizaciones protectoras de área natural, es justo la de
provocar un daño progresivo a la zona. Por eso la propagación sospechosa de incendios durante
las últimas ocho semanas. Así lo han documentado vecino de los humedales que, aseguran, ya han
denunciado lo sucedido antes las autoridades.
En torno al caso existen actualmente al menos 60 denuncias formales ante dependencias como
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría General de la
República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, que hasta el
momento han sido omisas.
El asunto, según las propias organizaciones defensoras, requiere de una vigilancia permanente y
de la aplicación contundente de la ley contra quienes se vean involucrados en los atentados
ecocidas que, temen, puedan tener de fondo la complicidad de autoridades locales involucradas
en la comercialización o invasión del área depredada… así las cosas.
