Eduardo Ibarra Aguirre
Utopía
A Juan Manuel Valero Gómez 20 años y muchas ediciones después.
En un país como México, en el que la dictadura mediática impone su voluntad a pesar de
que solamente el 17 por ciento de las audiencias le creen a la televisión, 19 por ciento a la
radio y 21 por ciento a los periódicos, pasó de noche el pertinente comunicado de las
ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y
Loreta Ortiz que en su parte medular aseguran que es “falso” que la resolución de la
segunda sala sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica del pasado 31
de enero impactó de manera decisiva en la controversia suscitada en el marco del Tratado
Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, también conocido como T-MEC.
Para mayor seña de la aseveración, exponen que durante el debate de esa fecha nunca se
tocó el tema del tratado, por lo que “pretender ahora darle al fallo aprobado esa
dimensión, no sólo es inexacto, sino que pervierte los alcances jurídicos de la decisión de
la Corte, pues en ningún momento la resolución dejó sin materia las consultas”.
A mayor abundamiento, las tres magistradas indican que la titular de la Secretaría de
Economía, Raquel Buenrostro, explicó en conferencia de prensa (27-II-24), que desde
octubre de 2023 se acordó con el Gobierno de Estados Unidos dar por terminadas las
diferencias en materia energética y que solo está pendiente la publicación del
memorando de entendimiento para hacer oficial el retiro de la consulta promovida en el
marco del T-MEC.
Resulta que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte, a través de su
oficina de Comunicación Social hizo circular un boletín que no consultó con sus camaradas
de toga y de causa favorable siempre a los dueños de México, en la que jura que con la
decisión tomada por la sala en enero, con el voto de calidad del ministro Alberto Pérez
Dayán, “se evitó para México una condena económica de grandes dimensiones”. Falso de
toda falsedad por lo expuesto por Batres, Esquivel y Ortiz.
Decisión que, además, suscitó muchas críticas y denuncias, encabezadas por el presidente
Andrés Manuel, pero soslayadas por la dictadura mediática mexicana, entre otras cosas
porque con el voto de dos ministros, que solo ellos saben qué partido político y/o grupo
oligárquico los apadrinaron, pero eso no obstó para que mandaran por el retrete de los
intereses trasnacionales una reforma aprobada por las dos cámaras del Legislativo a
propuesta del titular del Ejecutivo federal, electos por millones de ciudadanos, para
imponer la voluntad autocrática de dos sujetos contrapuestos a los intereses nacionales.
El celebratorio y piñero –por mentiroso, denominación que se usó en los años 60-90 en el
norte de México, en particular en Tamaulipas– boletín de prensa del comunicador de
Norma Lucía Piña, como bien apuntan Esquivel Mossa, Batres Guadarrama y Ortiz Ahlf “la
subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería
ser motivo de celebración”. Salvo, por supuesto, que proteger hasta rendir culto a los
intereses de las trasnacionales energéticas y los corporativos mexicanos, sea la función y
razón de ser de la Suprema Corte.
Frente a las persistentes evidencias de que la SCJN actúa un día sí y otro también en
contra de los intereses de México, no cabe la menor duda la actualidad del imperativo de
sanear a este Poder de la Unión que se sobrepuso al Judicial y el Ejecutivo y está
convertido en una grave amenaza para la democracia, la soberanía nacional y el bienestar
del país.
ACUSE DE RECIBO
Norma Lucía Piña: “Se requiere dejar de lado la obstinación, el sectarismo y el
protagonismo. Nuestro país requiere de diálogo, de inclusión, de participación activa y
colaborativa. En suma: necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos; unir fuerzas,
compartir conocimientos y experiencias, y unirnos en la búsqueda de soluciones conjuntas
a los desafíos que enfrentamos”… ¿Podría la facciosa ministra presidenta de la Suprema
corta dar el primer paso, poner el ejemplo?… Consigna La Jornada (1-III-24): “De nueva
cuenta, al concluir la movilización, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto hicieron
destrozos en la dependencia (SRE), aunque esta vez con mayor intensidad. Lanzaron al
menos 10 petardos a la entrada del edificio y el estacionamiento, sobre avenida
Independencia, y arrojaron piedras contra las cámaras de seguridad, lo que dejó daños
materiales, entre ellos ventanales, puertas de cristal y sillas rotas”… Qué buscan los
presuntos grupos de choque del abogado Vidulfo Rosales y el Pro Juárez. Se presentan
como “valientes defensores de los derechos humanos”, pero agravian a terceros y al
parecer les vale un comino… Carlos Castellanos, conductor de La Octava, 88.1 de FM,
habla del “chiquero naranja” y así de todos los partidos. Por los visto no sabe que trabaja
en otro, porque se construyó con la trata sexual y laboral, de acuerdo al testimonio oral de
mi querido Fausto Fernández Ponte.
