Moisés Edwin Barreda
Me complace vivamente el duro y comprometedor ofrecimiento de Sheinbaum: “poner alma y vida” hasta el cabal cumplimiento de la tarea que la gran fracción del pueblo racional y digna le encomienda. Su rostro, en el momento de contraer voluntariamente ese compromiso, denuncia que no lo hizo por demagogia, sino por emoción y gratitud.
A esa porción del pueblo le corresponde hacer todo lo que esté a su alcance para que ella cumpla a pesar del recrudecimiento de los sucios esfuerzos de la oligarquía, sus seguidores y aplaudidores por interés o por estupidez, para entorpecerlo si no evitarlo.
Cumplir ese compromiso le merecerán la gloria por parte del pueblo, pues así honrará la confianza popular que mediante López Obrador le depositó desde que se la nombró entre las “corcholatas”. Se le facilitará hacerlo si desde un principio gobierna con las dos manos empleadas simultáneamente: la honesta y generosa para el pueblo todo, y la dura para la corrupta oligarquía y asociados, que tanto la buscan y merecen, pero AMLO les negó, evidentemente por tibieza, no por temor.
Ese compromiso indica la voluntad de Claudia Sheinbaum de continuar con enjundia la tarea vital emprendida por AMLO: transformar la vida pública empezando por desterrar de todos los ámbitos la corrupción que le sembró la oligarquía para convertir a la sociedad en su virtual cómplice y de esa guisa detentar el poder sin dificultad durante tantos años que la expolió, y reprimió impunemente de diversas maneras a quien o quienes rechazaran, o criticaran cuando menos, ese triste papel.
Para empezar, debe sugerir al Congreso legislación para castigar a los violadores de la Constitución, reconocer que la Ley de imprenta decretada por Venustiano Carranza en 1916 es reglamentaria de los artículos 6 y 7 constitucionales, elevar el monto de las sanciones a los infractores y endosarle capítulo para evitar que articulistas, periodistas, “periodistas”, merolicos de televisoras y la radio empleen infundios, insultos y calumnias como hacen atenidos al respeto absoluto gubernamental a la libertad de expresión desde diciembre de 2019, algo nunca visto en la historia nacional.
La disyuntiva es reivindicar la ley de imprenta o exhumar la Ley Lares impuesta por Santa Anna en su último periodo dictatorial, para evitar los ataques de los liberales mediante la prensa por haber entregado más de la mitad del territorio nacional a cambio de –primero– de su libertad y, segundo, 15 millones de dólares como “compensación” a México, y lo calificaban conservador, muy demagogo e inepto. Precisamente su elevada aptitud como demagogo le permitió cuatro periodos dictatoriales.
Los excesos de la radio y las televisoras deben ser sancionados, retirándoles las concesiones del espectro radioeléctrico, que se deben previo pago en efectivo y el compromiso de “no atacar de ninguna manera a las instituciones” ni decir majaderías en sus trasmisiones.
Esto nos confirma que la historia se repite, pero los papeles invertidos, pues son los oligarcas, herederos de los conservadores que traicionaron a la patria trayendo a Maximiliano, quienes mediante más del 90 por ciento de medios impresos y toda la radio y la televisión, ahora atacan al Gobierno impuesto por el pueblo.
No es de balde recordar que la dictadura de la oligarquía priista, convertida en prianista por el perverso Carlos Salinas de Gortari –insisto–, controlaba a la prensa, radio y televisora –luego televisoras–; a la primera revisando cotidianamente –la Secretaría de Gobernación—todas las publicaciones en el país, y a las segundas monitoreando sus transmisiones desde la torre de telecomunicaciones del Centro SCOP día y noche durante todo el año.
Se multaba a los locutores y comentaristas que emplearan “lenguaje vulgar” o –principalmente– atacaran “a las instituciones”, eufemismo por Presidente de la República, Ejército y Marina Armada de México, IMSS e ISSSTE, aunque luego se pudo criticar a estos dos últimos. La sanción a los periódicos era dejar de abastecerles de papal, para lo que el Gobierno de Lázaro Cárdenas instituyó el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda –cuna del ”embute”, ahora “chayo”–, que empezó a dirigir el periodista Agustín Arroyo Che, quien además ideó la creación de la Productora e importadora de papel periódico, S.A. –latemible PIPSA–, que lo importaba en exclusiva.
A la prensa se la controlaba así: a los editores mediante la amenaza de no abastecerles bobinas de papel periódico, y a las radiodifusoras y luego las televisoras, con multas y, ya entrados en gastos, retirarles las concesiones del espectro radioeléctrico.
Editores y casi todos los periodistas se comportaron a la altura de los deseos de la oligarquía hasta que fue defenestrada por el voto popular masivo –la revolución ciudadana– en julio del 18. A nuestros días solo llegan los nombres de dos periodistas y editores: Rafael (creo) García Travesí, pachuqueño que fue referente e ídolo del reportero Triunfo Elizalde García –no fueron parientes—(QEPD), y Jorge Piñó Sandoval, nativo de San Luis Potosí.
En todo lo que transcurrió de post Revolución y el periodo neoliberal, solo Diario de México dejó de recibir papel de PIPSA y fue clausurado porque en primera plana publicó –no recuerdo la fecha– la foto de Gustavo Díaz Ordaz –entonces presidente— junto a la de horrendo chimpancé. El pie de foto de este se refería al primero, y viceversa. La clausura duró muy poco tiempo, por lo que ese diario, de los hermanos bracamontes, pudo retener la concesión de imprimir el boletín judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia –ahora—de CDMX.
La jauría ladrará y dará tarascada si se refrenda la ley de imprenta y se somete al orden a radiodifusoras y televisoras; pero el tigre la aplacará; ni duda cabe. Claro, se necesitará el concurso real de la directiva de Morena, que ha estado tan aletargada como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
