José Luis Castillejos
México ha vivido un alarmante aumento en los crímenes contra mujeres y menores en las últimas dos décadas. Solo en 2022, más de 27 mil mujeres y niñas fueron asesinadas.
Las estadísticas de crímenes de género y contra menores en el país son estremecedoras. Entre 2000 y 2020, los índices de violaciones y feminicidios han mostrado una preocupante alza. En 2021 se registraron 21 mil 188 casos de violación, un 28 por ciento más que el año anterior, mientras que 957 mujeres fueron víctimas de feminicidio en ese mismo periodo.
Durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los feminicidios sumaron cuatro mil 817 casos hasta la fecha. Estados como el Estado de México y Nuevo León lideran las estadísticas de violencia contra mujeres. Esta crisis demanda una revisión de las políticas de prevención, protección y justicia.
Organismos como el INEGI, ONU Mujeres y Amnistía Internacional documentan el incremento de violencia sexual y feminicidios. Desde 2000, se han presentado más de 50 mil denuncias anuales por violación, con un aumento notable en los últimos años.
En cuanto a crímenes contra menores, Amnistía Internacional subraya serias deficiencias en la investigación de estos casos, perpetuando la impunidad. La violencia sexual contra niñas y adolescentes es especialmente grave: casi el 30 por ciento de las jóvenes entre 12 y 17 años reportaron haber sufrido agresión sexual. La respuesta judicial es insuficiente: desde la tipificación del feminicidio en 2012, las condenas han sido limitadas, revelando la ineficacia del sistema para castigar a los culpables.
El número de personas encarceladas por feminicidio es bajo en comparación con la magnitud del problema. Según el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, solo una fracción de los responsables ha recibido condena, destacando un nivel alarmante de impunidad.
Los crímenes contra menores, como violaciones y asesinatos, son de los más repudiados por la sociedad. En las prisiones, los responsables de estos delitos enfrentan no solo la condena de la justicia, sino también la “justicia interna” de otros reclusos. Con frecuencia son víctimas de golpizas, humillaciones e incluso de la muerte a manos de compañeros. Este fenómeno refleja el rechazo profundo hacia quienes atacan a los vulnerables.
A menudo se evoca la Ley del Talión, un principio que sugiere que el castigo debe ser proporcional al daño causado: “ojo por ojo, diente por diente”. Aunque no se aplica en la justicia moderna, muchos ven este principio como símbolo de un deseo de castigo severo hacia estos criminales. Sin embargo, la violencia en las cárceles no soluciona el problema de fondo. Estudios demuestran que las políticas de castigo extremo, sin rehabilitación, no previenen la reincidencia. Muchos reos salen de prisión con mayor resentimiento hacia la sociedad, lo que aumenta el riesgo de reincidir.
Aunque la Ley del Talión no se aplica oficialmente en las cárceles, las condiciones reflejan una brutal forma de justicia. Los violadores y asesinos de menores suelen ser segregados para evitar ser asesinados por otros internos, pero este aislamiento afecta su salud mental y complica su reintegración tras cumplir sus condenas.
