Sarelly Martínez Mendoza
Cuando la delincuencia organizada controla regiones enteras, todo está bajo su mando: presidencias municipales, policías, hasta organizaciones, pretendidamente sociales.
Los delincuentes ocupan los vacíos dejados por el Estado, por complicidad o desidia de sus gobernantes; eligen a candidatos a ayuntamientos, presionan a votantes, nombran a mandos policiacos y convierten a los ciudadanos en rehenes.
Eso ha sucedido en la región Frailesca, Sierra Mariscal y Meseta Comiteca, en donde las autoridades locales han tenido que someterse, por presión o contubernio, a la delincuencia organizada.
En estos territorios sin ley es difícil distinguir entre policías y delincuentes, porque todos son parte del mismo mando que no trabaja por el establecimiento del orden legal y la preservación de la paz, sino para despojar a los ciudadanos de su patrimonio.
Ha quedado claro, con lo sucedido en Villaflores y Villacorzo, que las presidencias municipales, a través de sus mandos policiacos han cobrado violentamente derecho de piso a comerciantes, ganaderos y propietarios de mototaxis, a quienes se les exigía entre 150 y 200 pesos semanales, según ha informado el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La cantidad pareciera insignificante, pero no lo es. Solo por esta actividad ilícita percibían aproximadamente dos millones y medio de pesos mensuales.
La presencia de la delincuencia organizada en estas regiones no es nueva, pero hasta antes de la pandemia se dedicaba mayormente al trasiego de drogas y tráfico de personas. Después, ante la connivencia de las autoridades empezó a cobrar derecho de piso, a secuestrar y a despojar de vehículos, ganado y ranchos, incluso, a asesinar a personas que se resistían a los atropellos.
Todo es permitido cuando la autoridad abandona a los ciudadanos. Comunidades de Siltepec, El Porvenir, Jaltenango, Honduras de la Sierra, Bellavista y Capitán Luis A. Vidal siguen siendo rehenes de bandas delincuenciales. Son presionadas para montar retenes y trabajar para ellos. Hoy, por ejemplo, deben recoger café de fincas controladas por los cárteles. Se han convertido en jornaleros forzados en sus propias comunidades.
No tienen tiempo para atender sus pequeñas propiedades. Lo que ha provocado que la pobreza y el temor se acreciente, porque los “punteros” delincuenciales, que se movilizan en motocicletas, se comunican con radios y se apoyan con drones, son capaces de desaparecer a quienes se les resistan.
Los “punteros” están formados por adolescentes equipados con armas de alto poder. Hay también extranjeros, presumiblemente hondureños y guatemaltecos, que vigilan el desplazamiento de los habitantes y les ordenan lo que deben hacer durante el día: si montar retenes o cortar café. Y no se pueden negar, porque la amenaza, los golpes y los levantones son cotidianos.
A los habitantes de estas zonas se les ha decomisado rifles de cacería y hasta machetes. Resisten con la esperanza de que llegue la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.
Los operativos implementados en Comalapa, Comitán, Villaflores, Villacorzo y Motozintla han impactado en las bandas delincuenciales. Hay días en que no se acercan a las comunidades: no operan drones, ni presionan a los pobladores.
Ojalá que pronto se restablezca la paz, que las fuerzas del orden avancen y controlen la región Sierra, en donde decenas de comunidades padecen la violencia de los grupos delincuenciales.
