La designación de exgobernadores como representantes diplomáticos no es una práctica nueva en la política mexicana. En más de una ocasión, el servicio exterior ha servido como refugio para exfuncionarios cuya gestión estuvo marcada por la corrupción, el abuso de poder o la omisión ante el crecimiento de la criminalidad. Sin embargo, el caso de Rutilio Escandón Cadenas, exgobernador de Chiapas y ahora Cónsul de México en Miami, rebasa con creces la línea de lo aceptable.
Su nominación ha despertado una fuerte controversia dentro y fuera del país. Uno de los actores más críticos ha sido Willy Ochoa, exgobernador interino de Chiapas, quien recientemente envió una carta al Gobierno de Estados Unidos solicitando que rechace la designación de Escandón como cónsul. En su misiva, Ochoa expone un argumento difícil de refutar: durante el Gobierno de Escandón, Chiapas experimentó un alarmante crecimiento de la violencia, con la expansión de grupos criminales que han convertido al estado en un epicentro del narcotráfico y la delincuencia organizada.
El exgobernador interino no es el único que ha advertido sobre la crisis que vive Chiapas. Organizaciones civiles, medios de comunicación y especialistas en seguridad han documentado el deterioro de la entidad bajo la administración de Escandón. Los reportes son claros: aumento en los homicidios dolosos, enfrentamientos entre grupos armados, desplazamiento forzado de comunidades indígenas y una inacción gubernamental que raya en la complicidad.
El hecho de que la diplomacia mexicana considere adecuado premiar a Escandón con una posición consular en Miami, una ciudad clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, es un insulto para quienes han padecido las consecuencias de su Gobierno. Más allá de las formalidades políticas, esta designación implica otorgarle inmunidad diplomática a un personaje cuya gestión dejó una estela de violencia e impunidad en Chiapas.
Uno de los puntos más graves que señala Ochoa en su carta es el impacto que esta designación podría tener en la seguridad de Estados Unidos. En los últimos años, la frontera sur de México se ha convertido en un territorio clave para el crimen organizado, con redes de tráfico de drogas, armas y personas operando con total impunidad. La omisión de Escandón como gobernador facilitó este fenómeno, lo que hace que su designación como cónsul en Miami no solo sea cuestionable, sino peligrosa.
Miami, al ser un centro financiero de gran importancia, también es un punto de interés para grupos delictivos que buscan lavar dinero y establecer redes de influencia. En este contexto, resulta irónico que un exgobernador señalado por su permisividad ante el crimen organizado pueda ser designado para representar a México en un punto neurálgico de la política exterior estadounidense.
El senador republicano Marco Rubio y la exfiscal general de Florida, Pam Bondi, han sido figuras clave en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la región. Permitir que un personaje como Escandón ocupe una posición de este nivel enviaría un mensaje contradictorio respecto a los esfuerzos conjuntos de seguridad entre ambos países.
La designación de exfuncionarios cuestionados en el servicio exterior no es un hecho aislado. En México, el otorgamiento de cargos diplomáticos ha sido utilizado como una estrategia para blindar políticamente a exgobernadores y evitar que enfrenten procesos judiciales.
El caso de Rutilio Escandón parece encajar en este patrón. Luego de un sexenio marcado por la violencia y la inacción gubernamental en Chiapas, su nombramiento como cónsul en Miami podría interpretarse como un intento de alejarlo del ojo público y proporcionarle protección diplomática ante posibles investigaciones en su contra.
Willy Ochoa, quien ha sido un crítico constante de la impunidad en Chiapas, advierte que el Gobierno de Estados Unidos tiene la oportunidad de evitar que este tipo de maniobras sean normalizadas. Su carta no solo expone los riesgos de aceptar la designación de Escandón, sino que también plantea un cuestionamiento de fondo: ¿hasta qué punto la diplomacia mexicana debe seguir siendo utilizada como un refugio para políticos que han fallado a su pueblo?
El Gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha mantenido una postura de firmeza en temas de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. Avalar la designación de Escandón como cónsul en Miami iría en contra de esa línea política, enviando un mensaje erróneo sobre el compromiso de ambos países en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La comunidad mexicana en Florida también debería cuestionar la idoneidad de un representante diplomático cuya administración estuvo marcada por la negligencia y el desinterés en la seguridad de su propio estado. Un cónsul debe ser un interlocutor confiable, con la capacidad de gestionar asuntos de importancia para sus connacionales en el extranjero. Permitir que un exgobernador con un historial dudoso ocupe este cargo pondría en entredicho la seriedad con la que México maneja su política exterior.
El caso de Rutilio Escandón no es solo un tema de política interna mexicana, sino un asunto que involucra a la comunidad internacional. Su designación como cónsul en Miami representa un peligro no solo por los antecedentes de su gestión, sino por lo que simboliza: la consolidación de una cultura de impunidad donde los peores administradores encuentran refugio en el servicio exterior.
La carta de Willy Ochoa es un recordatorio de que la política exterior debe regirse por principios de transparencia y probidad, no por intereses de grupo o acuerdos políticos para proteger a figuras cuestionadas. La decisión ahora está en manos del Gobierno de Estados Unidos, que debe evaluar si permitir esta designación es compatible con su política de seguridad y combate al crimen organizado.
Lo que está en juego no es solo un nombramiento, sino la credibilidad de las instituciones que dicen representar a México en el extranjero.
