Hansell Fuentes Soto
Me había mantenido al margen de este tema desde que surgieron las primeras discusiones. Sin embargo, a escasas semanas de llevarse a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces, me resulta imperativo abordarlo.
Como abogado, este cambio de paradigma en nuestro sistema de justicia me genera una serie de sentimientos y un posicionamiento muy particular. Estoy seguro de que la mayoría de mis colegas coincidirán con lo que a continuación expondré.
La participación ciudadana en la vida pública y en la toma de decisiones es, sin lugar a dudas, un elemento fundamental para el funcionamiento de un país democrático. Sin embargo, como en muchos aspectos de la vida, es en los pequeños detalles donde suelen esconderse los vicios más oscuros de las buenas intenciones.
Comencemos por lo evidente, aunque políticamente “cuestionable”.
México es un país con grandes rezagos educativos, culturales y de conciencia ciudadana. Las mayorías —como lo demuestra la historia de la humanidad— no siempre están en lo correcto ni eligen lo mejor para el bien común.
En este sentido, dejar en manos de una sociedad marcada por la ignorancia, el egoísmo y la opacidad el destino de proyectos públicos, gobernantes y ahora incluso de juzgadores, representa un riesgo inminente para el futuro de nuestra nación.
Siguiendo esta línea, analicemos un punto crucial: la participación ciudadana en las elecciones.
En 2024, la participación ciudadana en los comicios locales fue del 61%, destacando Yucatán con un 72% y Baja California con apenas 47%. A pesar de que las elecciones de representantes y gobernantes cuentan con una larga tradición de promoción, publicidad y mecanismos jurídicos e institucionales de respaldo, seguimos teniendo entidades y municipios con niveles de participación muy bajos y contrastantes.
Ahora imaginemos cuán reducida y peligrosa será la participación ciudadana en las elecciones de juzgadores. La mayoría de las personas ni siquiera comprende en qué consiste este nuevo modelo; los requisitos para ser candidato han sido ambiguos, con errores y omisiones; y la ciudadanía enfrentará una boleta repleta de nombres desconocidos para cargos cuyas funciones desconoce. Seamos sinceros: la gente no está familiarizada con el quehacer del Poder Judicial. Además, muchos de los candidatos provienen de partidos o bloques políticos, o incluso —en el peor de los casos— de grupos delictivos que pretenden apoderarse también del sistema de justicia.
Por otro lado, desde una perspectiva presupuestal, este cambio implica un gasto monumental.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto precautorio de 13,205 millones de pesos para la elección de juzgadores en 2025. Esta cifra incluye gastos de capacitación, organización y administración del proceso electoral. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Centro de Estudios Constitucionales, estimó que el costo podría ascender hasta los 30,000 millones de pesos, considerando la magnitud y complejidad del proceso.
Estos montos, en un país con tantas carencias en salud, educación y seguridad, representan una irresponsabilidad administrativa y un atentado contra el bienestar social.
Existen ejemplos internacionales de reformas similares, como en Estados Unidos y Bolivia, donde se ha evidenciado que la imparcialidad e independencia judicial se ven comprometidas por influencias políticas y criminales, además de que la participación ciudadana en estos procesos es extremadamente baja. ¿Será México el primer caso de éxito en el mundo?
La carrera judicial ha pasado a la historia. Hoy, ya no será el más preparado quien tenga el honor de ser juzgador en México, sino el más popular o el más impulsado por los poderes fácticos.
Esto, en parte, también es consecuencia del propio Poder Judicial y sus representantes. Históricamente, han incurrido en excesos, privilegios, soberbia y otros vicios. Incluso, desde las primeras discusiones sobre esta reforma, observaron con escepticismo, desde la distancia, creyendo que nunca se consolidaría. Durante décadas, fueron intocables. ¿Por qué habrían de dejar de serlo ahora?
El oportunismo político, sumado a la arrogancia del Poder Judicial, generó las condiciones perfectas para que este régimen autoritario lograra apoderarse del único contrapeso institucional que aún no dominaba. Y lo ha conseguido.
Me esfuerzo por no caer en el pesimismo ni en el alarmismo, pero ante tantas improvisaciones, insensateces y decisiones temerarias, resulta todo un reto mantener el optimismo.
Desde nuestras trincheras, la responsabilidad que nos queda como sociedad es tratar de minimizar los riesgos con lo poco que aún tenemos.
Participemos y elijamos a aquellos candidatos con carrera judicial comprobada. Investiguemos sus perfiles lo más a fondo posible y rechacemos a quienes, claramente, responden a intereses políticos o delictivos.
Ya veremos cómo se desarrolla este evento histórico. Como siempre, pongamos nuestra fe en Dios y nuestros esfuerzos en lo que verdaderamente importa: el trabajo duro y honesto, la preparación, la mejora continua, la solidaridad y el amor.
