Una mujer escritora
Sheila X. Gutiérrez Zenteno
Que los gobiernos reconozcan públicamente que las mujeres somos sujetas de derecho no es garantía de justicia. En México hay una crisis de violencia contra las mujeres, quien diga lo contrario, miente. A pesar de las reformas constitucionales y las leyes que existen para protegernos, la violencia sistemática y estructural sigue vigente, tanto que hoy que se nos cuestiona qué nos hace mujeres porque el sexo biológico parece ya no significar nada. Lo ganado en esta lucha de más de tres siglos, se está diluyendo.
Hace 31 años, México aceptó como Estado Parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una serie de compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres. Mientras la Organización de las Naciones Unidas estableció en 1979 un marco legal y político para promover la igualdad de género mediante la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la OEA hizo lo propio en 1994 contemplando las necesidades y características de la región americana con la Convención Belém Do Pará.
Ambas convenciones son instrumentos internacionales que tienen como objetivo proteger los derechos de las mujeres, sin embargo, la forma en que abordan el tema es diferente. La CEDAW busca la eliminación de la discriminación contra la mujer en todas sus formas, mientras que la Convención de Belém do Pará se enfoca específicamente en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; al ser un tratado regional de la OEA solo aplica a los estados americanos, no a nivel mundial.
LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ
La Convención Belém Do Pará llamada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue impulsada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) quienes lograron un aporte significativo al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su objetivo fue establecer un marco legal para proteger los derechos de las mujeres y así vivir una vida libre de violencia (tanto en el ámbito público como privado). Se reconoció por primera vez la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos, obligando con ello a que los gobiernos promovieran políticas y mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
Como estado Parte, la Convención Belém Do Pará obliga al Estado Mexicano a formular planes nacionales, organizar campañas e implementar protocolos y servicios de atención para dar respuesta a los informes y reportes que especialistas, investigadoras y estudiosas de la violencia de género realizan. Son ellas las que muestran ante este organismo la realidad que miles de mujeres viven en torno a la violencia.
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) nace derivado de Belém Do Pará, sin embargo, no fue por iniciativa del Gobierno sino de un grupo de mujeres feministas, que lucharon por nuestra protección. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, viajaron por todo México buscando que esta ley se aprobara, lo cual lograron después de presentarla en todos los Congresos locales del país y el Congreso de la Unión. Lo atroz es que, aunque en este país se cuente con una ley que nos protege, miles de mujeres no sepan de su existencia.
MÉXICO, UN PAÍS DONDE SE VIOLENTA A LAS MUJERES
A 31 años de contar con la Convención de Belém Do Pará, uno pensaría que en México todo habría cambiado y las políticas públicas habrían fortalecido la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer; lamentablemente no es así.
En este país se mata a 10 mujeres todos los días, apenas esta semana dos alcaldesas en funciones fueron asesinadas; en San Mateo Piñas, Oaxaca, ejecutaron a Lilia Gema García Soto, en Tepalcatpec, Michoacán fue asesinada en un ataque armado la alcaldesa Martha Laura Mendoza. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas registra un total de 29 mil 509 mujeres en dicha situación.
En Chiapas, siete municipios continúan en alerta de género desde 2016 (Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores). Según el sitio Alerta de Género Chiapas, en la entidad, entre enero y mayo de este año, se han contabilizado un total de 823 denuncias como delitos de mayor incidencia denunciados en carpetas de investigación que van desde violencia familiar (332), pederastia (135) y violación (110), hasta delitos contra la privacidad sexual o intimidad corporal (21), tentativa de feminicidio (14), homicidio doloso (13) y feminicidio (nueve) entre otros.
Pensemos ahora en toda la violencia que las mujeres y niñas viven y no se denuncia. En México, por cada delito contra mujeres denunciado, nueve quedan en las cifras negras. Esto es grave porque al no denunciar, la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género no buscan ayuda y continúan viviendo violencia.
Las políticas públicas que el Gobierno hace en papel tienen un impacto menor entre la sociedad. Los números no mienten. La cultura machista y la violencia que esta produce, no logra ser erradicada, contrario a ello, derivado del uso de Internet y las redes sociales toma cada vez más fuerza un movimiento antifeminista liderado desde la manosfera (misoginia en línea).
BELÉM DO PARÁ Y LAS MUERTAS DE JUÁREZ.
Hay compañeras que señalan que hablar del caso Campo Algodonero ya no tiene sentido, contrario a ello considero que la falta de acceso a la justicia no debe callarse, las nuevas generaciones de mujeres y niñas deben conocerlo para entender la importancia de Belém Do Pará porque en México poco parece haber cambiado.
En la década de 1990 se empezó a hablar de un fenómeno que daba cuenta de un creciente número de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mujeres jóvenes que trabajaban en las zonas de maquilas o realizaban estudios de educación superior eran asesinadas. Según Rita Segato, el número de asesinatos en Ciudad Juárez comenzó a duplicarse a partir de 1993.
Entre septiembre y octubre de 2001, tres madres se acercaron a denunciar la desaparición (en diferentes momentos) de sus hijas. La policía hizo lo mismo que hace hoy: minimizó la desaparición y les dijeron: “tal vez andan en algún motel con el novio”. Las autoridades no ejecutaron procedimientos de investigación, no dieron seguimiento a la denuncia de desaparición, ignoraron el llamado de auxilio de las madres y familias, a pesar de que los asesinatos de mujeres en Ciudad de Juárez ya eran cotidianos.
El 06 de noviembre de 2001 los cuerpos de Laura Berenice Ramos Hernández y Esmeralda Herrera Monreal (menores de edad) y el de Claudia Ivette González (20 años) fueron encontrados en uno de los campos algodoneros de esa zona; fueron violadas y abusadas con extrema crueldad, para luego ser asesinadas brutalmente.
Debido a la inacción de las autoridades y la falta de acceso a la justicia, en 2007, las madres de las víctimas (en ese entonces aún no existía el término feminicidio en el Código Penal Federal) decidieron denunciar al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la OEA. La CIDH recibió la denuncia.
Luego de un arduo juicio, la Corte Interamericana determinó que el Estado Mexicano faltó (entre otras cosas) al no brindar medidas de protección a las víctimas, faltó en la prevención de los crímenes (pese al conocimiento de un patrón de violencia en la zona), faltó en la respuesta que las autoridades brindaron frente a la desaparición. Tampoco hubo una debida diligencia en la investigación de los asesinatos (perdieron evidencia, no protegieron la zona, entregaron cuerpos que no eran, las autopsias no fueron realizadas correctamente, por decir lo menos).
Gracias a la Convención Belém Do Pará, la CIDH señaló que el Estado Mexicano denegó justicia además de faltar en la reparación del daño de forma adecuada. En este caso, los demandantes aplicaron el artículo 12. Increíblemente, el Gobierno mexicano luchó por todos los medios para anular la demanda. No lo logró. Derivado del artículo 7 de la Convención Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer la CIDH dictó sentencia contra el Estado al ser omiso y no responsabilizarse de proteger a las jóvenes e incumplir los tratados.
De las 16 resoluciones dictadas, el Estado Mexicano solo ha cumplido dos. Gobiernos van y vienen pero la justicia para Laura, Esmeralda, Claudia y cientos de mujeres asesinadas, no llega. Doña Josefina, madre de Claudia, falleció sin saber quién asesinó a su hija. Los deudos solo recibieron una indemnización de 383 mil dólares. Además de las tres jóvenes, en ese período se encontraron cinco cuerpos más en la misma zona, Lo único que se logró por parte deGobierno fue la construcción de un memorial para las víctimas que hoy, luce sucio y descuidado.
Al cierre de esta columna, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas dio a conocer información sobre un feminicidio más, ahora en la capital chiapaneca. Justicia para Yuri Cristel.
