Debería ser un punto de paso, pero en la práctica, funciona como un muro invisible
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En los márgenes del territorio mexicano, justo donde comienza la frontera sur del país, se teje una compleja red de intereses que atraviesa la migración, la economía informal y el crimen organizado. Tapachula, la ciudad más importante del Soconusco y la segunda más poblada de Chiapas, ha dejado de ser solo una ciudad tropical con vocación agrícola y comercial. Hoy, es un epicentro de tránsito, espera y, en muchos casos, desesperanza.
Desde hace más de una década, el flujo migratorio proveniente de Centroamérica ha transformado profundamente el tejido social, político y económico de la ciudad. Lo que comenzó como una parada transitoria para quienes huyen de la violencia, la pobreza o la persecución, se ha convertido en un punto de retención prolongada donde miles de personas esperan durante semanas o incluso meses la resolución de sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Esta situación ha dado paso a una economía nueva, de doble filo: mientras alimenta a la ciudad, también nutre a las redes criminales que han encontrado en la migración una veta rentable.
El nombre de José “el Nene” Ramírez no figura en ninguna lista oficial, pero su poder es palpable en los alrededores de uno de los albergues más grandes de Tapachula, ubicado en la colonia Las Delicias. Conocido por todos como “Poison”, este hombre de poco más de 30 años, originario de El Progreso, Honduras, es uno de los muchos migrantes que llegaron buscando asilo, pero terminaron atrapados en una dinámica que mezcla necesidad, ilegalidad y supervivencia.
Poison no es un cabecilla, ni siquiera un operador clave. Es apenas un eslabón bajo, pero su función revela cómo opera el narcomenudeo en los contextos migratorios. Su trabajo oficial es el de cuidador de los baños del albergue: limpia, vigila, impide que se usen para consumo de drogas o sexo. Pero por las noches, se convierte en proveedor de cocaína para quienes buscan escapar de la realidad que les aplasta.
“Voy yo primero. Yo me di el rifón”, dice mientras inhala la primera línea del polvo que acaba de comprar con el dinero entregado por un grupo de migrantes hondureños. La escena ocurre en febrero. Nadie parece incómodo. Nadie sorprendido.
CONTROL INTERNO: EL BARRIO 18
Según información recopilada por organizaciones como InsightCrime, la venta de drogas alrededor del albergue está bajo control de una célula del Barrio 18, una pandilla transnacional originaria de Los Ángeles que ha echado raíces en El Salvador, Honduras y Guatemala. En Tapachula, sus integrantes son en su mayoría jóvenes migrantes, algunos ya con antecedentes delictivos, otros reclutados en el camino.
Lo más llamativo no es su violencia, sino su función de regulación. “Si llega algún loco que allá era de la pandilla, lo llaman y rapidito lo calman”, relata Poison. En efecto, el Barrio 18 actúa como una especie de “policía interna” dentro del microcosmos migrante. Intervienen en conflictos, controlan el narcomenudeo, aplican su propia forma de justicia.
Funcionarios del albergue reconocen su presencia, aunque evitan mencionarlos directamente. “Aquí hay reglas que se respetan, y a veces son ellos los que las hacen cumplir”, comenta bajo anonimato un trabajador social. “La policía no entra aquí. Si hay problemas, se arreglan adentro”.
A la par del crimen organizado, la corrupción institucional ha permitido que estas redes se mantengan y se expandan. Funcionarios del INM han sido señalados por extorsionar a migrantes a cambio de agilizar sus trámites o de no deportarlos. Se han documentado casos de agentes que exigen sobornos para otorgar constancias o para permitir el paso por retenes migratorios.
“No tienes papeles, pero si das 500 pesos, te dejan seguir”, cuenta Daniela Cienfuegos, una madre hondureña que viaja con sus dos hijos. “Si no das nada, te suben a la camioneta y te mandan de regreso”.
Además, los filtros de seguridad suelen ser laxos en la identificación de quienes tienen antecedentes criminales. Algunos migrantes vinculados a pandillas logran ingresar a México sin ser detectados, y una vez aquí, reproducen sus estructuras. La falta de controles efectivos convierte a Tapachula en una zona de alto riesgo no solo para los migrantes, sino para los propios habitantes.
¿UNA CIUDAD MIGRANTE O UN CAMPO DE RETENCIÓN?
En teoría, Tapachula debería ser un punto de paso. Pero en la práctica, funciona como un muro invisible. Las largas esperas para obtener la documentación, la falta de recursos y el hostigamiento constante de autoridades impiden que la mayoría continúe su camino hacia el norte.
Mientras tanto, los albergues se saturan, los centros de detención están al límite y las calles se llenan de personas en situación de calle, generando tensiones sociales con la población local, que oscila entre la solidaridad y el hartazgo.
“Es una olla de presión”, dice Luis Mendoza, antropólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas. “Tapachula ha sido obligada a absorber un flujo que debería manejarse de manera nacional o regional. En vez de soluciones, hay contención. Y eso genera pobreza, violencia y crimen”.
LA DOBLE CARA DEL BENEFICIO
Es indiscutible que la presencia migrante ha generado ingresos en Tapachula. Pero es igualmente cierto que ha consolidado una economía dependiente de la irregularidad, de la informalidad y, en muchos casos, de la ilegalidad.
La interacción constante entre migrantes, locales, autoridades y criminales ha dado lugar a una zona gris donde la legalidad se difumina. Poison, como muchos otros, no se ve a sí mismo como delincuente. “Yo solo ayudo, ¿me entiendes? Si no lo hago yo, otro lo hace. Al menos yo cuido que no se desmadre todo”.
Sus palabras resumen la lógica de supervivencia que impera en Tapachula. Una ciudad atrapada entre fronteras, donde la migración no es solo un fenómeno humano, sino también una moneda de cambio, una oportunidad de negocio y, lamentablemente, una vía para que el crimen se fortalezca.
Mientras el debate migratorio se encona en los niveles más altos del poder, en las calles polvorientas de Tapachula se vive una realidad brutal y cruda. El crimen, la necesidad y la ausencia del Estado han configurado una geografía de resistencia y desesperación.
A fin de cuentas, Tapachula no es una ciudad migrante. Es una ciudad contenedor. Y como todo contenedor sin salida, en algún momento, se desborda.
