Sandra de los Santos Chandomí
Todo comenzó cuando “Lorena” (nombre ficticio) cursaba el tercer semestre de preparatoria en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. En ese periodo le fue asignado como profesor N, quien al inicio se mostraba como un docente carismático y cercano a la mayoría de las y los estudiantes. Sin embargo, al avanzar el siguiente semestre, su actitud con algunas alumnas cambió: comenzó a mostrarse excesivamente “confianzudo” y a emitir comentarios inapropiados. En el caso de Lorena, la situación escaló al hostigamiento sexual.
Ella tenía ya 18 años al momento de los hechos y considera que una de las razones por las que su profesor intensificó las insinuaciones fue porque asumía que, al ser mayor de edad, no habría consecuencias legales o administrativas. Este razonamiento, profundamente erróneo, omite que el hostigamiento sexual no se define por la edad de la víctima, sino por el ejercicio abusivo del poder y la vulneración del derecho a una vida libre de violencia.
En abril de este año, Lorena presentó una queja ante el director de la institución. La respuesta institucional fue una reunión con madres y padres de familia, donde se les pidió “cuidar la reputación de la escuela” y no llevar el caso a otras instancias, bajo el argumento de que ya se había solucionado. Esta reacción no solo fue omisa: constituye violencia institucional, pues la autoridad educativa eligió proteger la imagen del plantel antes que salvaguardar los derechos de la estudiante.
Ante la falta de medidas efectivas, la joven interpuso una denuncia por hostigamiento sexual ante la Fiscalía Istmo-Costa. La abogada Lourdes Wong, de la Red Nacional de Abogadas Digna Ochoa, informó que el caso fue turnado a la Fiscalía de la Mujer, en donde ya se integró una carpeta de investigación y se está a la espera de fecha para la primera audiencia.
El caso se viralizó cuando Lorena, quien fue seleccionada como alumna destacada para dar el discurso de despedida de su generación, utilizó ese espacio público para denunciar el acoso que vivió, así como el encubrimiento por parte de docentes y directivos.
Una mayor parte de la plantilla de esta escuela son hombres, pero más que eso, son acosadores, aún si no les queda el saco, aún si no entienden la palabra… Puede que no todos lo sean, pero defienden a sus amigos, defienden a sus cuates a capa y espada”, dijo ante la comunidad escolar.
La intervención fue grabada en video y difundida en redes sociales, lo que generó una ola de denuncias similares por parte de otras estudiantes. La abogada, originaria también de Pijijiapan, afirmó que este no es el primer caso que ocurre, pero sí uno de los pocos que ha sido denunciado formalmente. Señaló que el hostigamiento sexual hacia las alumnas ha sido históricamente normalizado en la región, como parte de un sistema que sostiene relaciones de poder desiguales entre docentes y estudiantes mujeres.
“Sé que lamentablemente esto pasa en muchos lados, pero acá se ha naturalizado. Yo estudié ahí. Es una conducta que se minimiza y se encubre. Creo que este caso puede ayudarnos a cambiar la narrativa; una narrativa que ha revictimizado a las jóvenes y no valida lo que viven en las aulas y en otros espacios”, sostuvo.
Cuando se dio a conocer el caso de Lorena, hace unos meses en la preparatoria, hubo reacciones distintas. Hubo quienes la revictimizaron, pero también compañeras y compañeros que la apoyaron y se han sumado a su demanda. Fueron los mismos que en su intervención en la clausura del ciclo escolar aplaudieron la decisión de la joven de hacer público su caso. Su intervención encendió una discusión colectiva sobre lo que se ha de hacer público su caso. Su intervención encendió una discusión colectiva sobre lo que se ha permitido durante años en las aulas, sin cuestionamiento ni consecuencia.
Lo que se exige es que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial den seguimiento al caso, garanticen el debido proceso y eviten cualquier forma de obstaculización por parte de las autoridades educativas del plantel. La denuncia también fue presentada ante la Secretaría de Educación del Estado, que hasta el momento no ha emitido ninguna resolución ni comunicado al respecto. Por su parte, la Fiscalía General difundió un breve boletín en el que informó que iniciaría una investigación, aunque la denuncia fue presentada desde abril.
La violencia sexual en los espacios escolares vulnera los derechos humanos de las niñas, adolescentes y jóvenes. El hostigamiento sexual no solo afecta su seguridad física, sino que tiene consecuencias profundas en su salud mental, autoestima, desempeño escolar y proyectos de vida. Muchas jóvenes abandonan sus estudios, cargan con la culpa y viven en silencio la violencia. Por eso, prevenir, sancionar y erradicar el acoso en las aulas no puede depender de la voluntad de una dirección escolar, sino de políticas públicas integrales, con enfoque de género y derechos humanos.
México cuenta con marcos jurídicos que obligan al Estado a garantizar espacios educativos libres de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como modalidades específicas el acoso y el hostigamiento sexual. Además, la Ley General de Educación, el protocolo para prevenir y sancionar el acoso en espacios escolares y la NOM-035 sobre riesgos psicosociales en el trabajo, otorgan lineamientos claros para prevenir y actuar. El problema no es la ausencia de normas, sino la falta de voluntad institucional para aplicarlas. Nombrar, denunciar y acompañar los casos, como lo hizo Lorena, es también un acto político que interpela a todo el sistema.
