No es una cuestión de costumbre, sino de poder, desigualdad y violencia estructural
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En el corazón de Los Altos de Chiapas, una región de gran riqueza cultural, pero marcada por profundas desigualdades sociales, continúa vigente una práctica que vulnera los derechos más básicos de niñas y niños: los matrimonios forzados. A pesar de ser ilegales en México, estas uniones persisten amparadas bajo los llamados usos y costumbres, particularmente en comunidades indígenas donde la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades educativas crean un entorno propicio para su repetición generacional.
El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Eduardo Gordillo Gordillo, advirtió que esta región es considerada un “foco rojo” en matrimonios forzados entre menores de edad, y urgió a emprender una cruzada legislativa para erradicar la práctica. En conferencia de prensa, el legislador propuso una iniciativa de ley para la prevención, atención y sanción del matrimonio forzado en la entidad, al considerar que las medidas actuales no han sido suficientes para contener el fenómeno.
“Aunque no existen estadísticas oficiales por tratarse de un acto ilegal, se estima que podrían ser miles de casos. La región Altos de Chiapas sigue encabezando los reportes de uniones forzadas, donde los padres llegan a acuerdos económicos para entregar a sus hijas, muchas veces sin que ellas comprendan siquiera lo que implica el matrimonio”, expresó Gordillo Gordillo.
El matrimonio forzado no es nuevo en el estado. Se trata de una práctica heredada de usos comunitarios que, en muchos casos, se asocia a acuerdos económicos entre familias: el intercambio de bienes, dinero o animales a cambio de la entrega de una niña o adolescente en matrimonio. Aunque el discurso oficial la califica como una “costumbre cultural”, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que en realidad constituye una forma de esclavitud moderna.
De acuerdo con el legislador, esta práctica priva a las niñas y niños de su libertad, su derecho a la educación, a la salud y a una vida digna, truncando sus sueños y aspiraciones desde edades tan tempranas como los 12 o 13 años.
“Cuando una niña es obligada a casarse, no solo pierde su infancia; también se le niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro. Es una violación directa a los derechos humanos que no podemos seguir tolerando en Chiapas”, enfatizó Gordillo.
La región Altos de Chiapas comprende municipios con alta población indígena: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
En estas localidades, las uniones tempranas siguen realizándose bajo el argumento de los usos y costumbres, un marco jurídico no escrito que, si bien protege la autonomía de los pueblos originarios, no puede estar por encima de los derechos de las niñas y los adolescentes.
La persistencia del fenómeno se explica por la combinación de factores estructurales: altos índices de pobreza, falta de acceso a la educación media y superior, desigualdad de género y una escasa presencia institucional del Estado. En muchas comunidades, las autoridades tradicionales consideran el matrimonio temprano como una forma de asegurar el sustento familiar o evitar conflictos entre clanes.
En octubre de 2023, la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso de Chiapas aprobó un acuerdo de adhesión a la iniciativa federal que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de prohibir explícitamente el matrimonio forzado de niñas y mujeres.
No obstante, el propio Gordillo Gordillo reconoció que esta medida no ha sido suficiente. Las uniones forzadas continúan realizándose al margen de la ley, sin registros civiles ni contratos oficiales. En muchos casos, las comunidades celebran “ceremonias tradicionales” donde los padres acuerdan la unión de los menores, con la presencia de testigos comunitarios y autoridades locales, pero sin intervención estatal.
“Al ser menores de edad, estos casos no se registran en el Registro Civil, lo que impide su rastreo y atención. Es necesario que el Congreso legisle de manera más integral, generando condiciones para que los niños y niñas puedan asistir a la escuela, y no ser forzados a procrear”, sostuvo el diputado del PVEM.
Aunque no existen estadísticas oficiales, organismos internacionales han advertido la gravedad del problema. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que en México alrededor del 23 por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años, y Chiapas se encuentra entre los estados con mayores índices.
Diversos reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que las regiones indígenas del estado —especialmente Los Altos y la Selva— presentan las tasas más altas de matrimonios tempranos y forzados del país. Sin embargo, muchos casos nunca llegan a los tribunales ni a las oficinas del DIF, puesto que son acuerdos familiares ocultos a la autoridad.
La invisibilidad institucional agrava la situación: no hay denuncias, no hay sanciones y, por tanto, no hay registros. En este contexto, las víctimas quedan atrapadas en un círculo de violencia, dependencia económica y marginación.
José Eduardo Gordillo Gordillo asumió la diputación local por el distrito seis, con cabecera en Comitán de Domínguez, el pasado 1 de octubre, tras la licencia definitiva de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Desde el inicio de su gestión, ha manifestado su compromiso por colocar el tema en la agenda pública.
El legislador propuso la creación de una Ley Estatal para la Prevención y Erradicación del Matrimonio Forzado, que incluya tres ejes:
1. Prevención y educación comunitaria.
2. Atención integral a víctimas y familias.
3. Sanciones penales y administrativas para quienes promuevan o faciliten uniones ilegales.
Asimismo, planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo con líderes comunitarios, académicos, investigadores y especialistas en derechos indígenas, con el fin de construir una solución desde la interculturalidad, sin criminalizar las tradiciones, pero sí garantizando la protección de los derechos de los menores.
“No hay miedo a entrarle al tema. Hay que echarle ganas para proteger a nuestras niñas y niños. Tenemos que escuchar a los pueblos, entender su contexto, pero dejar claro que ningún acuerdo económico puede estar por encima de la dignidad humana”, concluyó el legislador.
Los matrimonios forzados en la comarca no pueden entenderse sin considerar la pobreza estructural que afecta a sus comunidades. En municipios como Mitontic o Aldama, más del 90 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La falta de oportunidades educativas, la migración masculina y la dependencia económica generan un entorno donde las niñas son vistas como una carga o una oportunidad de intercambio económico. En algunos casos, las familias “acuerdan” un matrimonio para recibir una dote, dinero o animales de corral.
En comunidades tsotsiles y tseltales, estas transacciones son interpretadas como parte de una tradición ancestral, pero en la práctica derivan en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo violencia sexual, trabajo forzado y abandono escolar.
Historias recogidas por organizaciones civiles como Melel Xojobal o Chiapas Feminista revelan el drama cotidiano detrás de las cifras. Niñas de 12 o 13 años que son obligadas a dejar la escuela para casarse con hombres adultos; adolescentes que se convierten en madres sin acceso a servicios de salud; y familias que justifican los acuerdos “porque así se ha hecho siempre”.
El testimonio de una joven de la región de Chenalhó, recogido en un informe de 2023, refleja la magnitud del problema:
“Mis padres me dijeron que ya estaba arreglado. El hombre había dado tres borregos y un poco de dinero. No me preguntaron si quería. Lloré, pero me dijeron que era mi deber obedecer”.
Estos relatos evidencian que el matrimonio forzado no es una cuestión de costumbre, sino de poder, desigualdad y violencia estructural. La falta de acceso a la educación y la ausencia del Estado perpetúan un ciclo que condena a generaciones enteras.
El Congreso de Chiapas enfrenta ahora el desafío de convertir las declaraciones en acciones concretas. La propuesta de Gordillo Gordillo apunta a la creación de un sistema de vigilancia comunitaria, que permita identificar casos de riesgo y garantizar la intervención temprana de las autoridades educativas y de salud.
También se busca que el Sistema DIF Estatal y la Secretaría de Igualdad de Género implementen programas de sensibilización intercultural, diseñados con la participación activa de las comunidades indígenas, para desmontar los mitos culturales que normalizan las uniones tempranas.
Además, el legislador propone destinar recursos específicos para programas de becas escolares, capacitación laboral y apoyo económico a familias vulnerables, como una alternativa real frente a los acuerdos matrimoniales.
La lucha contra los matrimonios forzados en el estado no será sencilla ni rápida. Implica confrontar tradiciones arraigadas, estructuras patriarcales y un sistema social que históricamente ha marginado a las mujeres y a los pueblos originarios. Sin embargo, especialistas coinciden en que la vía legislativa, acompañada de educación y desarrollo, es el único camino posible.
La niñez indígena de la región —esa que crece entre montañas, bordados y lenguas milenarias— merece un futuro donde su destino no esté decidido por un acuerdo económico, sino por sus propios sueños.
La voz de José Eduardo Gordillo Gordillo resuena como un llamado a la acción:
“Proteger a nuestras niñas y niños no es solo una obligación legal; es un compromiso moral con el futuro de la entidad. No podemos mirar hacia otro lado mientras se les arrebata su infancia”.
El matrimonio forzado sigue siendo una herida abierta en el tejido social estatal. A pesar de los avances legislativos, el reto ahora es hacer efectiva la ley en los rincones más apartados de Los Altos, donde el silencio y la costumbre aún pesan más que la justicia. Las voces que hoy se alzan en el Congreso podrían marcar el inicio de un cambio histórico: el de un Chiapas donde ninguna niña vuelva a ser entregada como moneda de cambio, sino reconocida como lo que realmente es: una persona con derechos, dignidad y sueños por cumplir.
