Activistas advirtieron que es problema que amenaza la salud de cientos de familias en zonas rurales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En la ranchería Palestina, municipio de Juárez, un grupo de habitantes decidió bloquear la carretera que conduce a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras reportarse varios casos de intoxicación entre sus familiares. La reapertura de un pozo petrolero en la zona detonó una serie de protestas que reflejaron un malestar acumulado por años, denunciaron afectaciones a la salud, destrucción de caminos y pérdida de cultivos que, según los lugareños, datan de más de cinco décadas.
Lo que comenzó como una manifestación local se ha convertido en un reclamo ambiental con tintes estructurales. Los pobladores aseguraron que las fugas de gas y químicos utilizados en la perforación dañan los suelos agrícolas, comprometiendo la producción del programa “Sembrando Vida”. Los cultivos de plátano, cacao y limón, mostraron daños visibles, mientras los testimonios de niños y adultos coinciden en síntomas como mareos, náuseas y dificultad para respirar.
El caso de Palestina no es un hecho aislado. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2016 y 2023 se registraron más de tres mil incidentes ambientales vinculados a la industria petrolera en México, de los cuales al menos el ocho por ciento ocurrieron en estados del sureste. Además, datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) indicaron que Pemex concentró el 76 por ciento de los reportes de derrames de hidrocarburos en territorio nacional.
Las consecuencias no solo son ecológicas. Según estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, en las regiones petroleras del país se ha documentado un aumento del 12 por ciento en enfermedades respiratorias y dermatológicas relacionadas con la exposición a emisiones industriales. En Chiapas, la Comisión Nacional del Agua ha identificado en los últimos años altos niveles de hidrocarburos y metales pesados en zonas cercanas a los márgenes del río Usumacinta, donde también operan campos petroleros.
Ante este panorama, los habitantes de Palestina exigieron la intervención inmediata de las autoridades ambientales y de salud para detener las actividades contaminantes, evaluar los daños y garantizar su derecho a un entorno sano. Mientras tanto, el bloqueo en Juárez se mantiene como una señal de resistencia frente a una historia repetida, la de comunidades rurales que pagan el costo ambiental del desarrollo energético sin recibir a cambio ni información, ni reparación, ni justicia.
