El Código Penal contempla multas de hasta 200 días de salario mínimo para quienes activen alertas inexistentes
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El incremento de llamadas falsas a los servicios de emergencia ha reabierto la discusión sobre las consecuencias jurídicas y operativas que generan estas acciones. Lo que para algunos parece un juego, para las corporaciones representa un desvío de recursos que puede costarle a otra persona atención inmediata. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tres de cada 10 reportes telefónicos en 2024 fueron improcedentes.
El marco legal vigente en la entidad es claro, las bromas telefónicas pueden derivar en penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 20 a 200 días de salario mínimo. Abogados penalistas consideraron que estas sanciones, rara vez se aplican con rigor. A nivel nacional, cifras del C5 indicaron que el 89 por ciento de las llamadas recibidas en centros de emergencia son reportes no confirmados, lo que impacta los tiempos de respuesta y la disponibilidad de unidades.
Los casos recientes han encendido las alertas. Desde la falsa amenaza de bomba en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta la detención de un trabajador que utilizó el 911 para realizar una broma, los incidentes mostraron un patrón que combina desinformación, irresponsabilidad y falta de consecuencias inmediatas. La Federación reportó que los servicios de emergencia pierden en promedio 14 minutos por cada aviso falso.
Especialistas consultados aseguraron que, aunque una disculpa pública puede servir como medida restaurativa, no siempre es suficiente para frenar el abuso del sistema. Señalaron que, en estados como Hidalgo y Jalisco, donde se aplican detenciones breves por este tipo de actos, las llamadas falsas disminuyeron hasta un 25 por ciento en un año, según reportes de sus centros estatales de mando. La percepción de consecuencias reales, afirmaron, modifica la conducta ciudadana.
En la entidad, la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones para identificar a quienes realizaron las falsas alarmas recientes. Para juristas, es momento de equilibrar la pedagogía con la aplicación estricta de la ley, en especial cuando el mal uso del 911 compromete recursos que deberían salvar vidas.
