Autoridades y productores coincidieron en que el reto no es solo el precio, sino el ordenamiento y la viabilidad del mercado
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el precio del kilogramo de tortilla se ha convertido en una consecuencia de las presiones económicas que atraviesan tanto a productores como a consumidores. Lejos de una tarifa única, el costo se mueve entre los 22 y 26 pesos, una diferencia marcada por los costos locales de producción y a la fragilidad del mercado local que a decisiones discrecionales de los industriales.
El ajuste reciente de un peso no surgió de manera aislada, dado que, donde el salario mínimo tuvo un incremento de 13 por ciento y diversos servicios básicos encarecieron al inicio del año, la tortilla terminó impactada por el aumento general de la cadena de producción. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la comarca se mantuvo entre las entidades con mayor proporción de hogares que destinan más del 30 por ciento de su gasto alimentario a productos básicos, esto quiere decir, que cualquier modificación al precio de la tortilla merma el poder adquisitivo de los chiapanecos.
Información de la Secretaría de Economía indicó que más del 70 por ciento de las tortillerías en el estado operan como microestablecimientos, los cuales son vulnerables a aumentos en gas LP, energía eléctrica y refacciones. A ello se suma que, según cifras federales, la entidad concentra uno de los mayores consumos per cápita de tortilla de maíz en el país, esto convierte al producto en un pilar económico y social difícil de sustituir.
Otro de los insumos para producir tortilla es la harina, recurso que según el sector agroalimentario puede sufrir un alza en su precio hasta por el triple de su valor original o del grano básico. En ese sentido, la Encuesta Nacional Agropecuaria, advirtió que una parte importante de los establecimientos todavía depende de la harina por cuestiones de disponibilidad, costo y logística, lo que termina por ser trasladado al precio final
El estado, donde más del 60 por ciento de la población ocupada labora en la informalidad según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, enfrenta el reto de ordenar su industria tortillera sin asfixiarla. Mantener precios diferenciados no solo confirmó las desigualdades regionales, también exhibió la urgencia de políticas que protejan al consumidor sin romper el delicado equilibrio de uno de los alimentos más esenciales del estado.
