Existe vulnerabilidad de la comunidad en la frontera sur y clara falta de garantías institucionales efectivas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la denuncia de Casa Frida volvió a colocar bajo escrutinio la forma en que las autoridades tratan a personas en movilidad humana, en especial a quienes pertenecen a la diversidad sexual. El señalamiento no se limitó a un abuso aislado, sino que expuso un sistema de riesgo estructural para solicitantes de refugio LGBTI+, atrapados entre la violencia institucional y la ausencia de garantías efectivas.
El caso de un solicitante guatemalteco detenido en Tapachula afirmó cómo la arbitrariedad puede normalizarse en contextos de control migratorio. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la comarca concentró más del 40 por ciento de las solicitudes de asilo registradas en el país, lo que convirtió a la entidad en un punto crítico donde la capacidad institucional suele verse rebasada, con consecuencias directas para la protección de derechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado que, en los últimos años, Chiapas se mantuvo entre los estados con mayor número de quejas por detenciones arbitrarias y tratos crueles vinculados a corporaciones de seguridad. A ello se suma que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70 por ciento de las personas migrantes en tránsito reportaron haber sufrido algún tipo de abuso por parte de autoridades durante su recorrido por el país.
Para la población LGBTI+ en movilidad, el escenario es aún más adverso, puesto que informes de instancias federales especializadas en atención a víctimas detallaron que este segmento poblacional enfrenta un riesgo mayor de violencia física, amenazas y extorsión. En el caso del estado, organizaciones han señalado que la falta de protocolos diferenciados incrementa la vulnerabilidad, durante detenciones y revisiones policiacas.
La denuncia de Casa Frida apuntó a una responsabilidad más amplia del Estado, puesto que, cifras oficiales puntualizaron que Tapachula es uno de los municipios con mayor presencia de organizaciones humanitarias del país, lo que contrasta con la persistencia de violaciones graves a derechos humanos. La exigencia son condiciones mínimas de seguridad para quienes defienden derechos y para quienes buscan protección internacional.
