La omisión administrativa pone en riesgo el acceso a recursos federales para 51 ayuntamientos
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
En un estado donde la riqueza hídrica contrasta drásticamente con la eficiencia de sus sistemas de distribución y saneamiento, la burocracia y la falta de planeación técnica están levantando un muro entre los municipios y los recursos federales.
Según datos revelados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el panorama es de claroscuros: de los 124 municipios que integran la geografía chiapaneca, únicamente 73 han logrado validar su plan hídrico, dejando en el limbo administrativo al 41 por ciento de los ayuntamientos.
Esta cifra no es un simple dato estadístico; representa una barrera crítica para el desarrollo.
Felipe Irineo Pérez, director del Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS), fue tajante al señalar que este instrumento no es opcional. Se trata de la llave maestra para abrir las arcas del Plan Hídrico Nacional 2025-2030, el proyecto sexenal que busca mitigar los rezagos históricos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento en el país.
El plan hídrico municipal funciona como una hoja de ruta técnica y financiera. En él, cada administración local debe proyectar las obras prioritarias de su trienio. Sin este documento, la federación no tiene forma de evaluar la viabilidad de los proyectos ni la urgencia de las necesidades sociales
“Quien no haya presentado su plan hídrico, no va a tener recursos federales”, advirtió Irineo Pérez. El funcionario explicó que, si bien la totalidad de los 124 municipios se encuentra en alguna etapa de elaboración, la realidad técnica es que solo el 58.8 por ciento ha superado los filtros de revisión y validación nacional. Esto significa que, al día de hoy, 51 municipios están legalmente excluidos de recibir financiamiento para el ciclo 2025-2030.
El esquema de financiamiento planteado para este sexenio es de naturaleza tripartita. Bajo las reglas de operación del programa Proagua, las obras se ejecutan mediante un convenio marco donde participan la Federación, el Gobierno del Estado y los propios municipios.
En este modelo, el recurso federal se canaliza inicialmente al Ejecutivo estatal, quien a través de la recién creada Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), dirigida por Karina Montesinos Cárdenas, se encarga de la licitación y ejecución de las obras. No obstante, si el municipio no cumple con su parte administrativa inicial, la validación del plan, el flujo de recursos simplemente no inicia.
Durante la última semana, la Conagua y la CEAS intensificaron las reuniones con los alcaldes en sesiones escalonadas. El objetivo ha sido informar sobre los techos presupuestales probables y las acciones que podrían ejecutarse este año, siempre y cuando se regularicen los expedientes técnicos.
El Plan Hídrico Nacional no solo busca llevar agua a las llaves de los hogares, sino también resolver la crisis de contaminación que enfrentan los cuerpos de agua en Chiapas.
Residuales (PTAR), un talón de Aquiles histórico para la entidad.
Felipe Irineo Pérez señaló que el diseño de este plan no fue vertical; se gestó tras reuniones a finales de 2024 con gobernadores y alcaldes para definir las obras que ellos mismos propusieron como urgentes.
“Es ejecutar lo que ellos mismos diagnosticaron, pero con el orden administrativo que la ley exige”, puntualizó.
La formalización de los recursos y la firma de los convenios específicos se esperan para el próximo mes, sin embargo, para los 51 ayuntamientos rezagados, las próximas semanas serán cruciales. De no entregar y validar sus planes ante Conagua, verán pasar un año más sin inversiones de alto impacto en infraestructura hídrica, condenando a sus ciudadanos a servicios deficientes y sistemas colapsados.
La advertencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur es que haya la voluntad política y el presupuesto está disponible, pero la negligencia técnica en los ayuntamientos podría ser el factor que deje a Chiapas con la sed de infraestructura un sexenio más.
