El programa federal protege a dos mil 327 personas en el país, pero expertos señalaron que las amenazas continúan en Chiapas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Chiapas se ubica como el quinto estado con mayor número de personas bajo protección del Mecanismo Federal para Defensores y Periodistas, con 119 beneficiarios, según datos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RedTDT). Esto representó casi el cinco por ciento del total nacional de dos mil 327 personas, lo que mostró la vulnerabilidad en la entidad frente a amenazas contra derechos humanos y libertad de prensa.
Del total en la comarca, 89 personas corresponden a defensores de derechos humanos, mientras que 22 son periodistas. La proporción evidenció que más de siete de cada 10 beneficiarios son activistas que enfrentan riesgos directos por su labor, un indicador que supera la media nacional, donde el 54 por ciento de los protegidos son defensores y 28 por ciento periodistas.
Según el registro oficial, solo 17 estados cuentan con normativas locales para proteger a defensores, y la entidad forma parte de los estados con mayor concentración de beneficiarios a nivel federal. En contraste, Oaxaca lidera tanto por número de personas protegidas como por avances institucionales, mientras que Guerrero y Michoacán enfrentan dinámicas similares a las del estado en términos de agresiones persistentes.
La RedTDT y la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, insistieron en la urgencia de diseñar planes de retorno efectivos, puesto que cuatro de cada 10 beneficiarios suspenden medidas de protección al percibirse “riesgo controlado”, cuando en realidad muchos se trasladan a otros estados. Este fenómeno expuso que la movilidad no elimina la amenaza, sino que desplaza el riesgo a otro punto geográfico.
Entre las recomendaciones, se subrayó que se diferencie si la persona pertenece a un colectivo o actúa de manera individual, y si su labor se desarrolla en áreas urbanas o rurales. En la actualidad, solo 55 por ciento de los beneficiarios en el territorio cuentan con protocolos adaptados a su entorno, un dato oficial que puso en evidencia la urgencia de reforzar la protección ante un estado donde cada agresión afecta no solo al individuo, sino a toda la sociedad que depende de su labor.
