Chiapas deberá justificar recursos ejercidos en el último año del sexenio pasado
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La entidad aparece con 740 millones 338 mil pesos por aclarar tras la revisión de la Cuenta Pública 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las observaciones incluyeron servicios sin evidencia documental, pagos posteriores a bajas laborales y transferencias a personas fallecidas, irregularidades detectadas en el último año del sexenio pasado.
Mientras más de 685 millones de pesos se concentraron en Participaciones Federales, el foco está en cómo se administraron los recursos en dependencias estatales encargadas de obra pública y servicios. La ASF advirtió que 97 por ciento de los contratos revisados se otorgaron por adjudicación directa, mecanismo que, según el propio órgano auditor, debe ser excepcional y no la regla en el ejercicio del gasto público.
Si se considera que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad recibió en 2024 más de 108 mil millones de pesos en gasto federalizado, el monto observado tomó dimensión estructural dentro de las finanzas estatales. A nivel nacional, la ASF informó que en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023 se detectaron montos por aclarar superiores a 63 mil millones de pesos, lo que colocó a las entidades bajo una vigilancia creciente.
En el plano institucional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que más del 80 por ciento de la población percibe actos de corrupción frecuentes en gobiernos estatales, indicador que en el sur del país se mantiene por encima del promedio nacional. En ese contexto, pagos a 217 trabajadores después de su baja y transferencias sin respaldo documental profundizan la desconfianza ciudadana.
Aunque la administración ha cambiado, la obligación de solventar observaciones recae en la gestión actual, que deberá presentar documentación comprobatoria para evitar que las promociones de responsabilidad administrativa avancen. La situación en la comarca se centra en la capacidad real del Gobierno para transparentar su gasto y corregir prácticas que, de no atenderse, podrían repetirse en ejercicios posteriores.
