La labor se ha visto interrumpida por episodios que obligan a suspender servicios o limitar la movilidad del personal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Personal de salud adscrito a distintas regiones de Chiapas ha tenido que asumir protocolos informales de autoprotección ante escenarios de riesgo que no forman parte de su formación profesional, una realidad que ha encendido alertas dentro de la Sección 50. La exigencia gira en torno a la garantía mínima de integridad física para poder ejercer.
En municipios marcados por tensiones sociales y presencia de grupos armados, la práctica médica se ha visto interrumpida por episodios que obligan a suspender servicios o limitar la movilidad del personal. Casos recientes en Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz expusieron a trabajadores durante más de un día en medio de enfrentamientos, lo que evidenció que la cobertura sanitaria queda supeditada a factores ajenos al sistema de salud.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, cerca del 38 por ciento de las unidades médicas en zonas rurales de la comarca reportaron interrupciones parciales de servicio en 2025 por situaciones de seguridad. El Instituto Mexicano del Seguro Social documentó que al menos 112 trabajadores solicitaron cambios de adscripción por motivos relacionados con riesgos en su entorno laboral. A esto se suma que el 46por ciento de los centros de salud en regiones consideradas de alta conflictividad operan con plantillas incompletas, mientras que informes oficiales reconocieron un déficit cercano a 700 plazas médicas y de enfermería sin ocupar desde 2024.
La precariedad no se limita a la seguridad, también se extiende a la infraestructura y a la planeación institucional. Hospitales con limitaciones operativas, falta de insumos y unidades deterioradas profundizaron el desgaste del personal, lo que generó un círculo que impacta en la calidad del servicio.
Desde la representación sindical se ha planteado que la discusión debe escalar hacia una intervención integral que articule seguridad pública y política sanitaria. A la par, el pliego de demandas incluye cuestionamientos al modelo de pensiones y al manejo de fondos de retiro, lo que amplía el conflicto hacia el ámbito laboral de largo plazo. La permanencia de médicos en zonas con inseguridad es un síntoma de omisiones institucionales que siguen sin atenderse.
