La informalidad mantiene pausado el equilibrio económico y acceso a beneficios laborales para millones de personas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El reparto de utilidades volvió a exhibir una de las mayores fracturas laborales en Chiapas, debido a que apenas una minoría de trabajadores tendrá acceso a este derecho durante 2026. De los 2.2 millones de personas que integran la Población Económicamente Activa, menos de 500 mil laboran en condiciones formales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocaron a la comarca como una de las entidades con mayor informalidad laboral del país, con casi 75 por ciento de trabajadores fuera de prestaciones y seguridad social.
La posibilidad de recibir PTU continúa ligada a empleos que para gran parte de la población permanecen lejanos o inestables. Mientras trabajadores formales podrán acceder al reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2025, millones de personas continúan dependiendo de actividades sin contratos, vacaciones o aguinaldo. Registros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicaron que más del 67 por ciento de la población chiapaneca vive en condiciones de pobreza, panorama que empuja a miles hacia ocupaciones informales.
El mercado laboral chiapaneco también mantiene diferencias marcadas entre salarios y acceso a derechos básicos en sectores rurales y de servicios. Especialistas laborales advirtieron que muchas personas normalizaron empleos sin prestaciones debido a la falta de oportunidades formales. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social enfatizaron que la entidad permanece entre los estados con menor número de trabajadores registrados ante seguridad social en proporción a su población ocupada.
La llegada del periodo de utilidades cuestionó la calidad del empleo disponible en la entidad y la limitada capacidad de inspección laboral. Autoridades recodaron que trabajadores que no reciban PTU pueden acudir ante instancias de conciliación y arbitraje para denunciar incumplimientos. Datos de la Secretaría del Trabajo afirmaron que las quejas relacionadas con prestaciones y pagos laborales continúan siendo de las más frecuentes en la región.
La informalidad comenzó a consolidarse como un problema estructural que limita estabilidad financiera, acceso a salud y derechos laborales para millones de personas. Mientras el reparto de utilidades representa un ingreso adicional para una parte reducida de trabajadores, la mayoría seguirá dependiendo de empleos sin protección ni garantías.
