El proceso de sanciones incluyó a jefaturas y direcciones dentro de la administración pública, tras detectarse omisiones
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La aplicación de sanciones administrativas contra servidores públicos en Chiapas abrió un nuevo frente dentro de la política de control patrimonial en la administración estatal, luego de que 56 funcionarios fueran inhabilitados por no cumplir con la obligación de presentar su declaración correspondiente. La medida se inscribió en un esquema de vigilancia que busca rastrear posibles inconsistencias entre ingresos y bienes dentro del servicio público.
El alcance de las sanciones incluye perfiles operativos y de mando medio, como jefaturas de departamento y direcciones, lo que amplió el espectro de revisión hacia estructuras administrativas que habían tenido menor escrutinio patrimonial. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que el proceso de verificación se encuentra en fase de seguimiento continuo sobre la evolución económica de los servidores públicos.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalaron que en la comarca el 64.8 por ciento de la población ocupada en el sector público percibe ingresos por debajo de los niveles considerados de estabilidad financiera, mientras que la Auditoría Superior del Estado reportó que durante el último ejercicio fiscal se revisaron más de dos mil 300 declaraciones patrimoniales en dependencias estatales. A ello se sumó información de la Secretaría de la Función Pública que documentó que el 18.5 por ciento de las observaciones en auditorías locales está relacionado con inconsistencias en reportes de bienes.
El sistema de control patrimonial también ha sido reforzado con cruces de información entre Catastro y el Registro Público de la Propiedad, mecanismos que han permitido identificar variaciones entre ingresos reportados y adquisición de bienes inmuebles. La Secretaría Anticorrupción estatal estimó que alrededor de 107 mil servidores públicos están obligados a cumplir con estos procesos de transparencia.
El endurecimiento de estas medidas colocó la rendición de cuentas como un criterio de permanencia dentro del servicio público, donde la omisión en la declaración patrimonial ya no se interpreta como una falta administrativa menor. La estrategia estatal buscó consolidar un esquema de control que permita detectar irregularidades de forma temprana y fortalecer la confianza en la gestión gubernamental, bajo la premisa de que el patrimonio público debe corresponder a los ingresos legales de cada funcionario.
