Condiciones geográficas, marginación y posible colusión de algunos sectores con células
delictivas suponen un desafío complejo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un esfuerzo por restaurar la seguridad en la Selva Lacandona, el secretario de
Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el fiscal general del estado,
Jorge Luis Llaven Abarca, encabezaron un operativo permanente en la región. Este
despliegue, que busca disuadir la actividad criminal y fortalecer la presencia institucional,
ha contado con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Policía
Estatal Preventiva (PEP) y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.
Las operaciones de vigilancia se centran en puntos estratégicos de la Selva Lacandona, con
especial atención en la zona de Bonampak. Aparicio Avendaño aseguró que no permitirán
un “vacío de autoridad” y que la presencia policial será permanente. “Las y los
chiapanecos merecen vivir sin miedo. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez
Aguilar y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch,
trabajaremos sin descanso para que Chiapas sea el estado más seguro para vivir”, afirmó.
En septiembre de 2024, cuatro familias desplazadas de la región denunciaron que detrás
de los actos de violencia está un grupo criminal al que se han sumado miembros de su
propia comunidad. Este testimonio confirmó una situación que el Gobierno federal ya
había reconocido previamente: la infiltración de los cárteles en la selva.
El 20 de marzo de 2023, durante su conferencia matutina, el entonces presidente Andrés
Manuel López Obrador reveló que en Bonampak existían pistas clandestinas operadas por
el crimen organizado. “Hay pistas clandestinas, están manejadas por alguno de los grupos
criminales, están aterrizando aviones con droga”, admitió.
El interés del crimen organizado en la Selva Lacandona se remonta al 2019.
Anteriormente, la densa vegetación, la falta de infraestructura y la distancia entre
comunidades habían limitado su presencia. Sin embargo, las organizaciones delictivas han
logrado transformar estos mismos factores en ventajas operativas, utilizando la región
como refugio y centro logístico para el tráfico de drogas y armas.
El despliegue policial y militar en la zona representa un intento del Gobierno estatal por
frenar el avance de estos grupos delictivos. Sin embargo, las condiciones geográficas, la
marginación de las comunidades y la posible colusión de algunos sectores de la población
con las células delictivas suponen un desafío complejo.
Para las familias desplazadas, la esperanza de un retorno seguro a sus hogares dependerá
de la eficacia del operativo y de la voluntad política para desmantelar la estructura
criminal que se ha afianzado en la región. Mientras tanto, la Selva Lacandona sigue siendo
un territorio disputado, donde la seguridad y la ilegalidad libran una batalla constante.
En un esfuerzo por reforzar la seguridad en la Selva Lacandona, las autoridades estatales
han desplegado un operativo de vigilancia con la participación de la Fuerza de Reacción
Inmediata Pakal (FRIP), la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Agencia de Investigación e
Inteligencia Ministerial. La intervención se centra en puntos estratégicos de la región, con
especial énfasis en la zona arqueológica de Bonampak, uno de los sitios más emblemáticos
de Chiapas.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Aparicio
Avendaño, aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad será permanente, con el
objetivo de garantizar la tranquilidad de los habitantes y visitantes. “No permitiremos que
haya un vacío de autoridad. Nuestra labor es brindar protección y garantizar la paz en
cada rincón de Chiapas. La ciudadanía tiene derecho a vivir sin miedo”, afirmó.
El funcionario destacó que este operativo responde a una estrategia integral impulsada
por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el secretario de Seguridad federal, Omar
García Harfuch. “Nuestro compromiso es claro: trabajaremos sin descanso para consolidar
a Chiapas como un estado seguro. La seguridad es la base del desarrollo y bienestar de
nuestra población”, subrayó.
La intervención en Bonampak no solo busca fortalecer la seguridad, sino también reactivar
el turismo en la región, una de las más visitadas por su riqueza arqueológica y natural.
“Bonampak es un tesoro cultural, y garantizar su protección es también una forma de
impulsar la economía local. Queremos que el turismo regrese con confianza, sabiendo que
la Selva Lacandona es un destino seguro”, señaló Avendaño.
Como parte de las acciones implementadas, se establecieron patrullajes constantes,
puntos de control y operativos de inteligencia orientados a la prevención del delito. La
vigilancia en la zona forma parte de una estrategia de largo plazo que busca erradicar la
impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en Chiapas.
Avendaño hizo un llamado a la población y a los visitantes para confiar en las medidas de
seguridad adoptadas. “La Selva Lacandona está lista para recibir a turistas nacionales e
internacionales. Es un lugar seguro, con un legado invaluable que merece ser disfrutado
sin temor”, concluyó.
A finales de 2019, un grupo de desconocidos llegó a una pequeña localidad en la región
Lacandona solicitando permiso para “rentar” una pista. Los habitantes, sin sospechar el
futuro que les esperaba, accedieron bajo la creencia de que el espacio sería utilizado para
actividades humanitarias, como el reparto de medicinas y otros bienes. Sin embargo, la
realidad fue muy distinta. Los hombres armados comenzaron a cargar las avionetas con
grandes cantidades de armamento de alto calibre. Según relató un campesino, aquellos
que se atrevieron a oponerse fueron brutalmente amenazados y golpeados. En algunos
casos, incluso fueron asesinados, dejando sus cuerpos desmembrados y como un macabro
mensaje para el resto de la comunidad.
A raíz de estos actos violentos, muchas personas se vieron obligadas a abandonar la
región. Lo más alarmante es que este patrón de intimidación no solo afectó a esa
comunidad, sino que se replicó en otros pueblos de la zona, generando una ola de
desplazamiento forzoso.
En marzo de 2024, un grupo de familias maya se reunió en una asamblea en la comunidad
de Lacanjá Chansayab. Allí, presuntos miembros de un grupo criminal, les hicieron una
amenaza directa: “Vamos a tomar posesión de parcelas, casas y propiedades”. Este
anuncio no solo refleja la creciente influencia de esta célula en la zona, sino que también
revela las tácticas empleadas por el crimen organizado para afianzarse en la región.
El control que el crimen organizado ha logrado en la Selva Lacandona es cada vez más
evidente. Según un comunicado emitido por los habitantes de los Bienes Comunales de la
zona Lacandona, la organización criminal ha abierto pistas clandestinas para el trasiego de
cocaína, se encarga del tráfico de migrantes y cobra extorsiones a pequeños
comerciantes, así como a prestadores de servicios turísticos. Además, se reportan
desalojos forzosos de cientos de familias, desapariciones de personas y feminicidios, todo
ello bajo la impunidad que caracteriza a las operaciones del crimen organizado en la
región.
La situación en la zona Lacandona se ha convertido en un reflejo de la creciente violencia
que azota a Chiapas, donde el Gobierno ha mostrado poca o nula respuesta frente a la
ocupación ilegal de tierras y la expansión de grupos criminales. Los habitantes, atrapados
entre la violencia y la desesperanza, siguen luchando por recuperar el control de sus
hogares y sus vidas. Sin embargo, el miedo y la constante amenaza de muerte parecen ser
los únicos vencedores en este escenario de terror.
El 9 de febrero de 2024, un grupo de pobladores de la Selva Lacandona, en Chiapas, tomó
medidas extremas para enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado en la
región. Cansados de la violencia y la extorsión de los grupos criminales, los habitantes de
la zona decidieron cerrar los accesos a la región, cancelar reservaciones, tomar las armas y
establecer retenes de vigilancia. Esta situación ha generado una crisis económica y social,
especialmente en el ámbito del turismo, que ha sido el principal motor económico para la
comunidad.
Uno de los principales focos de conflicto ha sido la pista de aterrizaje de Bonampak, una
zona clave para el transporte aéreo de turistas y otras actividades. Los criminales han
tomado control de esta pista, y junto a otros puntos estratégicos, han logrado someter a
la comunidad y a las fuerzas del orden. Los turistas que solían visitar la región, entre ellos
los que acudían a la famosa zona arqueológica de Yaxchilán, han dejado de llegar,
sumiendo en la incertidumbre a los prestadores de servicios turísticos.
Francisco Centeno Cruz, miembro de la cooperativa Siyaj Chan, relató cómo la inseguridad
ha paralizado las actividades turísticas en la región. Esta cooperativa, que desde hace 16
años ofrecía recorridos por las zonas arqueológicas y recorridos en la Selva Lacandona, ha
tenido que suspender sus servicios debido a la presión del crimen organizado, que
extorsiona a los prestadores de servicios y cobra “piso” en la región.
El impacto del cierre es devastador para los pobladores de Frontera Corozal, quienes,
aunque dependen del turismo como su principal fuente de ingreso, prefieren no arriesgar
la seguridad de los turistas. Cada año, alrededor de 90 mil personas visitaban Yaxchilán,
disfrutando de recorridos en lancha por el río Usumacinta y las visitas al Centro
Ecoturístico Escudo Jaguar, un lugar emblemático de la región. La suspensión de estas
actividades está afectando a comerciantes, guías turísticos y a las familias que viven de
este sector.
La situación en Bonampak, una zona arqueológica famosa por sus murales y otras
construcciones mayas, también es alarmante. A pesar de que se encuentra bajo la
vigilancia de un destacamento del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, los turistas no
se han aventurado a visitar el sitio debido a los constantes enfrentamientos con los grupos
criminales. La inseguridad ha llegado a tal punto que agencias de viajes y operadores
turísticos han cancelado los recorridos, y las autoridades locales denuncian que el grupo
criminal conocido como La Cabra, liderado por Cabrero Segundo López, está detrás de
saqueos en la zona y de intentos de asesinato a representantes de las autoridades
tradicionales.
Kinbor Chambor Chankin II, representante de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona,
subrayó que el control de la región está en manos del crimen organizado, que no solo
maneja las rutas terrestres y aéreas, sino que también ha logrado imponer su dominio
sobre la pista de aterrizaje de Bonampak y otras que construyeron para el transporte de
droga. Un incidente ocurrido en diciembre de 2022 evidenció la gravedad de la situación:
un grupo de criminales sometió a elementos del Ejército Mexicano y les obligó a devolver
un cargamento de droga decomisado, lo que refleja el nivel de intimidación y control que
estos grupos ejercen sobre las fuerzas del orden.
En un desgarrador testimonio grabado por uno de los elementos del Ejército, se escucha
cómo un militar solicita la devolución del cargamento para evitar represalias por parte de
los criminales, quienes amenazaron con quemarles si no accedían a sus demandas. “Para
que nos dejen libres, necesitan ellos que regresen los seis bultos que se llevaron, si no nos
van a quemar”, se escucha en la grabación, mostrando la magnitud del temor que existe
en la región.
La situación en la Selva Lacandona es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado está
afectando no solo la seguridad, sino también la economía y el bienestar de las
comunidades locales, que se ven obligadas a tomar medidas extremas para protegerse.
Mientras tanto, las autoridades federales y locales siguen luchando por recuperar el
control de esta estratégica zona del sureste mexicano, en un contexto donde el turismo,
un sector vital para la economía local, se ve gravemente afectado por la violencia y la
inseguridad.
