Anunciaron una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aporte información que lleve a su captura
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Por décadas, la Selva Lacandona ha sido un refugio de biodiversidad y un destino turístico de gran atractivo. Sin embargo, en los últimos años, esta región de Chiapas ha sido marcada por la violencia, atribuida en gran medida a un hombre: Cabrero Segundo López, mejor conocido como ‘La Cabra’.
Las autoridades estatales han identificado a ‘La Cabra’ como el principal generador de violencia en la zona. Su presencia ha traído consigo un drástico descenso en el turismo, una de las principales actividades económicas de la región. Desde su irrupción en el mundo del crimen, se le ha vinculado con una serie de delitos que van desde desapariciones forzadas hasta el control de rutas para el tráfico de personas y drogas.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció recientemente una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aporte información que lleve a su captura. La decisión responde a una creciente ola de violencia que ha puesto en jaque a las comunidades de la Selva Lacandona, donde pobladores y empresarios del sector turístico han denunciado amenazas constantes.
Segundo López, originario de la comunidad de Lacanjá Chansayab, ha sabido construir una red de complicidades que le ha permitido operar con relativa impunidad. Fuentes cercanas a la investigación revelan que su influencia se extiende hasta sectores de las fuerzas de seguridad locales, lo que le ha facilitado el acceso a información privilegiada y ha dificultado su captura.
A lo largo de los años, ‘La Cabra’ ha consolidado su dominio en la región, presuntamente estableciendo alianzas con otros grupos criminales y reforzando su estructura con exmilitares y expolicías. Las investigaciones lo vinculan con diversos actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos selectivos. Su grupo delictivo ha adoptado una estrategia de terror, utilizando amenazas y ejecuciones como método para mantener el control.
Uno de los factores que han permitido su permanencia en la zona es su profundo conocimiento del terreno. La densa vegetación y la geografía accidentada de la Selva Lacandona han funcionado como una barrera natural contra los operativos de las fuerzas de seguridad. A esto se suma la falta de infraestructura en la región, lo que dificulta el despliegue de elementos policíacos y militares.
Según testimonios recopilados por organizaciones civiles, la violencia en la región se ha intensificado en los últimos cinco años. Se han documentado casos de desapariciones forzadas, desplazamientos de comunidades y ataques a transportistas. Estas agresiones, presuntamente orquestadas por el círculo cercano de ‘La Cabra’, han sembrado el miedo en la población.
Ante la escalada de violencia, el Gobierno estatal ha intensificado los operativos en la Selva Lacandona, enviando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Sin embargo, los resultados han sido limitados. A pesar de los intentos por desmantelar su estructura, ‘La Cabra’ ha logrado evadir la captura en varias ocasiones, gracias a su capacidad de desplazamiento rápido y el apoyo de informantes dentro de las comunidades.
La FGE ha abierto múltiples carpetas de investigación en su contra, señalándolo como responsable de desapariciones forzadas y otros delitos de alto impacto. Las autoridades confían en que la oferta de recompensa motive a testigos o cómplices a proporcionar información crucial para su detención.
El impacto de la violencia en la región ha sido devastador. Los empresarios turísticos han reportado una caída significativa en la afluencia de visitantes, lo que ha golpeado a la economía local. Comunidades enteras han optado por desplazarse a zonas más seguras, abandonando sus tierras y hogares ante el temor de represalias.
En octubre de 2023, la comunidad de Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, se convirtió en el epicentro de un episodio de tensión y exigencia social. Habitantes del lugar retuvieron a ocho policías estatales, a quienes señalaron como presuntos responsables de actos ilícitos, con el objetivo de presionar a las autoridades para agilizar la captura de un individuo identificado como ‘La Cabra’.
“Estamos demandando que el Gobierno federal envíe fuerzas de seguridad al crucero San Javier o que se lleven a ese maleante, porque es el paso de este pueblo. Para ir a Palenque tenemos que pasar por ese punto, donde extorsionan a la gente, la tablean, cobran derecho de piso y muchas cosas más”, expresaron los pobladores, según testimonios recogidos por el periodista Elio Enríquez para La Jornada.
La preocupación en la región no es nueva. Se ha denunciado que ‘La Cabra’ y su grupo armado operan con impunidad, sembrando el miedo entre las comunidades locales. Uno de los eventos más recientes ocurrió el 12 de febrero, cuando, según versiones extraoficiales, el grupo irrumpió en una asamblea comunitaria en Lacanjá Chansayab. Durante la reunión, en la que se discutían los efectos de la violencia en el turismo, los hombres armados interrumpieron abruptamente y, tras declarar “aquí mandamos nosotros”, realizaron varios disparos. Como resultado de la agresión, una persona resultó herida.
Ante la creciente presión social y las denuncias, el pasado fin de semana, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), cuerpo policiaco adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), llevaron a cabo un operativo en la Selva Lacandona. Como resultado de las acciones, 25 personas fueron detenidas, entre ellas cinco elementos de la Policía Ecológica de la SSP, así como un exsubdirector de la Policía Estatal Preventiva, quien está acusado de haber filtrado información a organizaciones criminales.
“Nos duele como Secretaría, porque el deber es resguardar a la gente, pero trabajamos con Cero Impunidad y Cero Corrupción y nuestro único compromiso es con el pueblo”, declaró Óscar Aparicio Avendaño, titular de la SSP, durante un encuentro con medios de comunicación.
El operativo ha sido interpretado como una respuesta a la presión ciudadana y a la urgencia de restaurar la seguridad en la región. Sin embargo, habitantes de Frontera Coroza y comunidades cercanas continúan exigiendo que las autoridades tomen medidas contundentes para desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona y garantizar la paz en el municipio de Ocosingo.
Cuatro familias desplazadas de la comunidad de Lacanjá Chansayab, en el municipio de Ocosingo, exigieron a las autoridades federales y estatales garantizar su retorno o, en su defecto, otorgarles una indemnización por los bienes que dejaron atrás.
Las familias, quienes abandonaron su comunidad en octubre de 2023 debido a la presencia de grupos del crimen organizado, denunciaron en un documento que permanecer en la zona significaba someterse a la voluntad de estos grupos. “Quedarnos implicaba aceptar trabajar para la delincuencia, ser extorsionados, pagar derecho de piso y convertirnos en su base social, fungiendo como sus policías y participando en bloqueos y otras movilizaciones delictivas”, expresaron.
La situación en Lacanjá Chansayab, ubicada en la Selva Lacandona, se agravó recientemente con un operativo de fuerzas federales y estatales contra el grupo criminal que controla la zona. En el despliegue, realizado el domingo pasado, se detuvo a 20 personas; sin embargo, el presunto líder, identificado como Segundo Cabrero López, logró escapar. La Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 500 mil pesos por su captura.
“Queremos recuperar lo que es nuestro, lo que construimos con nuestras familias, nuestro patrimonio, fruto de décadas de trabajo. No nos resignamos a esta situación, queremos recuperar nuestros bienes y que se nos compense por las pérdidas y daños sufridos”, manifestaron los desplazados.
En su pronunciamiento, también señalaron que, pese a haber sido desplazados, mantienen el derecho a recibir el pago por servicios ambientales, dado que han sido guardianes de la selva. “El crimen organizado ha usurpado nuestro nombre para cobrar esos recursos que nos corresponden”, denunciaron.
Las familias recordaron que el 12 de octubre de 2023 abandonaron sus hogares, negocios y propiedades. “Dejamos atrás nuestras casas, nuestras tienditas, un pequeño hotel, un restaurante y nuestros vehículos. Perdimos nuestras milpas y huertos, y nuestros animales fueron brutalmente asesinados como una forma de intimidación”, relataron.
Actualmente, se encuentran refugiados en la comunidad de Nueva Palestina, donde fueron acogidos por otros comuneros. Sin embargo, afirmaron que hasta la fecha no han recibido apoyo alguno de las autoridades para su sustento o retorno.
“Sufrimos el despojo de nuestro territorio y patrimonio, la falta de acceso a salud, educación y alimentación. Esta situación está dejando secuelas traumáticas en nuestros niños y niñas, quienes ya presentan signos de desnutrición”, alertaron.
Ante esta crisis, hicieron un llamado al Gobierno para que garantice su derecho a la propiedad y al bienestar. “Exigimos el disfrute de nuestro patrimonio y el reconocimiento de nuestros territorios como comuneros indígenas y defensores de la madre tierra. Pero si el retorno no es posible, solicitamos que el Gobierno asuma su responsabilidad y nos indemnice por el valor real de lo que nos fue arrebatado ilegalmente”, concluyeron.
