Antonio Arévalo
En México, la indignación es selectiva. La tragedia nacional se mide según la cercanía al poder. Hoy los diputados locales, los presidentes municipales, los senadores, los funcionarios federales y los operadores políticos de todos los niveles han salido en coro a lamentar lo ocurrido con la presidenta de la República, a pronunciar discursos encendidos sobre la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho. Se muestran consternados, solidarios, dolidos. Pero frente a las víctimas cotidianas de este país —los asesinados, los desaparecidos, los desplazados, los empobrecidos— no hay discursos ni lágrimas: solo silencio, indiferencia y cálculo político.
El México político se mueve entre dos códigos morales: uno para los poderosos y otro para los demás. Cuando una figura de alto rango sufre un agravio, real o simbólico, el sistema entero se moviliza. Se emiten pronunciamientos, se organizan marchas oficiales, se publican desplegados en los periódicos. Se invoca la unidad nacional, el respeto institucional, la estabilidad de la República. Pero cuando la violencia o la injusticia tocan a los ciudadanos comunes, el Estado apenas pestañea.
Este doble estándar no es casual; es estructural. La política mexicana, acostumbrada al clientelismo y al culto a la figura del líder, ha construido un sistema donde la empatía se administra y la moral se negocia. En ese sistema, los políticos no se indignan por convicción, sino por conveniencia. Lo sucedido con la presidenta, sin importar el matiz o el contexto, se convirtió en una oportunidad para mostrarse leales, ganar reflectores o reforzar sus posiciones dentro del juego del poder. No es solidaridad: es cálculo.
Mientras tanto, los nombres de miles de víctimas quedan enterrados en estadísticas, carpetas de investigación inconclusas y comunicados impersonales. Nadie se desgarra las vestiduras por ellos.
EL TEATRO DE LA SOLIDARIDAD
En el México oficial, la indignación tiene guion. Los funcionarios de todos los niveles actúan como si de pronto hubieran redescubierto su vocación democrática. En redes sociales aparecen mensajes casi idénticos: “Condenamos los hechos”, “Rechazamos la violencia venga de donde venga”, “Nuestra solidaridad con la presidenta y con México”. Son fórmulas vacías, escritas con la misma frialdad con que se firman los oficios burocráticos.
Ese coro institucional no busca justicia: busca absolución. Los políticos se deslindan antes de que alguien los acuse de indiferencia, de complicidad o de cinismo. Pero su repentina efervescencia moral contrasta con el silencio que han guardado frente a tragedias como la de los normalistas de Ayotzinapa, los feminicidios, los asesinatos de periodistas o los crímenes recientes, como el de Carlos Manzo en Michoacán, del que pocos siquiera se atrevieron a hablar.
El dolor nacional se convierte así en un espectáculo mediático, un instrumento para reafirmar la autoridad o preservar la imagen. En México, el poder se duele de sí mismo, pero no del pueblo.
LA BANALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO
Cuando todo se politiza, incluso el dolor pierde su valor. Lo que debería ser motivo de reflexión sobre la violencia estructural y la crisis de derechos humanos termina reducido a una disputa narrativa. Los partidos compiten por ver quién se indigna mejor, quién hace el tuit más solidario, quién aparece primero en la foto del respaldo.
El sufrimiento de las víctimas reales —aquellos que no tienen nombre ni apellido reconocible, que no cuentan con escoltas ni cámaras que los sigan— queda relegado al olvido. Los padres que buscan a sus hijos desaparecidos, las madres que marchan con los retratos de sus hijas asesinadas, los periodistas que denuncian la corrupción y pagan con su vida: todos ellos habitan un México paralelo, invisible para la clase política.
Esa indiferencia institucional se ha normalizado. El Estado ha aprendido a convivir con la violencia como si fuera un ruido de fondo. Cada día se anuncian nuevas masacres, nuevos cuerpos en fosas clandestinas, nuevos desplazamientos forzados. Pero mientras no afecte el círculo del poder, la maquinaria sigue funcionando con normalidad.
LA POLÍTICA DE LA SIMULACIÓN
El país vive atrapado en una política de simulación. Los discursos de condolencia y los llamados a la unidad no son otra cosa que una estrategia de control. El poder se protege a sí mismo bajo la retórica del “pacto social” y el “Estado de derecho”, pero en la práctica perpetúa la impunidad que hace posible el dolor colectivo.
Los diputados y senadores que hoy posan indignados son los mismos que han bloqueado reformas para fortalecer la justicia local, mejorar las condiciones de seguridad o atender a las víctimas. Los alcaldes que hoy se suman a la condena pública son los mismos que han permitido que el crimen organizado se infiltre en la vida municipal. Los funcionarios federales que hablan de respeto institucional son los mismos que han desmantelado organismos de derechos humanos o han criminalizado la protesta social.
En México, el discurso es la coartada perfecta.
VÍCTIMAS SIN ESTADO
Resulta revelador que el aparato político solo funcione plenamente cuando se trata de proteger o lamentar a uno de los suyos. Frente a los ciudadanos, el Estado se muestra fragmentado, ineficiente, distante. Frente a la élite, se vuelve ágil, solidario y omnipresente.
Esa disparidad muestra el verdadero rostro del poder en México: un sistema hecho para servir a los poderosos, no a los gobernados. Las víctimas comunes no tienen quién las defienda. Ni la fiscalía, ni las comisiones de derechos humanos, ni las autoridades locales logran ofrecer respuestas. Su dolor no se traduce en discursos ni en homenajes: se diluye en la burocracia.
En cambio, cuando el poder es tocado, el país se detiene. Las instituciones se alinean, los medios amplifican y el relato oficial se impone. La tragedia se vuelve una cuestión de Estado.
EL PAÍS DE LAS JERARQUÍAS MORALES
México vive una jerarquización del dolor. La vida de un ciudadano común vale menos que la de un funcionario. Y no es una metáfora: basta mirar la respuesta del Estado ante distintos crímenes. Cuando un político es agredido, el caso se investiga con celeridad, se asignan recursos, se moviliza a la Guardia Nacional. Cuando una mujer es asesinada en un barrio pobre, la investigación se archiva por “falta de pruebas”.
El mensaje es claro: en este país, la justicia también tiene clase social.
Esa jerarquía moral está enraizada en la cultura política mexicana. Los gobernantes se siguen concibiendo como una casta, una élite dotada de privilegios y prerrogativas. Su sufrimiento importa más porque creen encarnar al Estado. Y, de alguna forma, la sociedad ha aprendido a aceptar esa lógica: se conmueve más por la agresión a un presidente que por los miles de muertos sin nombre.
LA PÉRDIDA DE SENTIDO ÉTICO
Todo este entramado de simulación tiene una consecuencia más profunda: la política mexicana atraviesa una crisis ética. No es solo un problema de corrupción o impunidad; es una degradación moral. Los actores políticos, ya no distinguen entre lo justo y lo útil. La empatía se mide por el costo electoral y la compasión se calcula en encuestas.
En ese contexto, la tragedia se convierte en oportunidad. Quienes hoy se dicen consternados por lo sucedido con la presidenta no lo hacen desde la humanidad, sino desde la conveniencia. Mañana, cuando pase la tormenta, volverán a su rutina de indiferencia.
El país necesita algo más que declaraciones institucionales: necesita una clase política capaz de sentir y actuar con responsabilidad moral. Una élite que no solo reaccione cuando el poder es herido, sino cuando el pueblo sangra.
LA DEMOCRACIA DEL ESPECTÁCULO
El caso reciente revela también cómo la democracia mexicana se ha convertido en un espectáculo mediático. Los funcionarios no gobiernan: interpretan. Cada evento se transforma en una escena donde lo importante no es la verdad, sino la narrativa. La política ya no busca resolver problemas, sino administrar percepciones.
En este contexto, la indignación pública es un recurso más dentro de la estrategia comunicacional. No hay compromiso real con la justicia, solo la necesidad de mostrarse del lado correcto ante la opinión pública.
Así, mientras el país sigue desangrándose, la élite política ensaya gestos y frases. Hablan de paz mientras normalizan la violencia. Hablan de justicia mientras pactan con la impunidad. Hablan de unidad mientras dividen al país en buenos y malos, leales y traidores.
EL SILENCIO QUE DELATA
Ese silencio frente a las víctimas reales los exhibe. Es el silencio de los diputados que nunca mencionan los nombres de los desaparecidos. El de los presidentes municipales que ignoran los feminicidios de su región. El de los senadores que votan contra las reformas que podrían evitar la impunidad.
Ese silencio es el verdadero rostro del poder en México: un rostro que solo se inmuta cuando se mira al espejo.
México se ha acostumbrado a vivir en un duelo permanente sin dolientes. Los poderosos lloran entre ellos, se acompañan en su propia tragedia, pero no acompañan a su pueblo. La distancia entre la política y la realidad es ya un abismo moral.
Mientras el país siga dividido entre los que importan y los que sobran, entre los que tienen voz y los que solo cuentan como cifra, no habrá verdadera democracia. Porque la democracia no se mide en votos, sino en empatía. No se defiende con discursos, sino con justicia.
Y en México, la justicia sigue siendo privilegio de unos cuantos.
