May Rosas
El poder como desahogo del resentimiento personal
Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta: muchas personas que llegan a ocupar cargos públicos no buscan servir, buscan desquitarse. No llegan con vocación institucional, llegan con heridas abiertas. No llegan a administrar conforme a la ley, llegan a saldar cuentas personales y a engordar el bolsillo. Y ese problema psicológico, se vuelve político, administrativo y legal.
Las representaciones de secretarías en los estados, antes delegaciones federales, —espacios clave para la ejecución de políticas públicas— se han convertido, en demasiados casos, en escenarios donde el poder se ejerce como venganza, donde la autoridad se confunde con revancha y donde el cargo funciona como un mecanismo para compensar humillaciones pasadas, como recientemente sucedió en la Representación Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en donde corrieron a Obilfrido Gómez.
Quien fuera el representante estatal de la SADER, asumió el cargo como terapia mal entendida. Quien alguna vez fue ignorado, minimizado o desplazado, descubrió en el cargo público una oportunidad peligrosa: la posibilidad de invertir los papeles y resolver su jubilación. Asumió la función pública dejando de hacer una tarea institucional y se convirtió en un ejercicio emocional sin control, donde dirigió la dependencia desde el resentimiento y no desde la ley.
Trató con soberbia a productores, servidores públicos federales y estatales, así como a sus subordinados. Confundió la autoridad con intimidación. Se rodeó de aduladores, pájaros nalgones, y personas altamente incompetentes que le ayudaron a cavar su tumba. Actuó con saña administrativa contra quien no se sometió. No defendió los intereses de la institución. Defendiendo su ego, y traicionó a quien lo recomendó en el cargo, llevando su avaricia y frustración personal en abuso institucional.
El abuso de poder no siempre nace de la ambición y desde el hambre por el dinero; muchas veces nace de la frustración. Personas como él, como Katía Díaz, Eddy Esquinca, Rosita Nazar, y Gustavo Rojo, que nunca han destacado por mérito propio, que no han logrado el reconocimiento profesional o social, encuentran en el cargo público una máscara de autoridad que les permitió imponer lo que nunca han podido construir. Opinaron desde la ignorancia para meterse un balazo en la cabeza.
En este contexto, la ley dejó de importar. Se firmaron actos sin fundamentos, se violaron procedimientos, se omiten obligaciones legales y se decidió fuera del marco normativo con una seguridad insultante: la de quien se sentía y presumía protegido. La ilegalidad no es un error, es una decisión. Y se toma porque el funcionario cree que el cargo lo blinda, que la jerarquía lo exime y que el silencio institucional lo cubre, y lo peor sucede cuando se rodea de incompetentes.
Desde ahí se entienden conductas profundamente corruptas y nocivas: Trámites detenidos por capricho. Desvío de recursos. Contrataciones indebidas. Programas públicos usados como instrumentos personales. Decisiones tomadas para castigar, no para resolver. Odios y envidias personales disfrazados de criterios administrativos. El problema es que sus conflictos internos los están pagando y los pagarán con repercusiones legales.
REPRESENTACIONES PÚBLICAS SECUESTRADAS POR PERSONALIDADES TÓXICAS
En la SADER, ocupar una representación de una secretaría en los estados se ha convertido, para muchos funcionarios, en una oportunidad para ejercer poder sin límites y sin consecuencias. No llegan a servir: llegan a mandar. No asumen un encargo público: se apropian del cargo. Y en ese tránsito, la legalidad, la ética y el interés general quedan relegados a un segundo plano.
Otro frustrado que contribuyó al desorden institucional es Gustavo Rojo, quien quedó de encargado de la SADER, en tanto pasan los filtros las propuestas de titular. Tavito que tanto ha envidiado hasta a su propio hermano, desde el primer día de encargado sacó sus fobias, prejuicios y venganzas desde el escritorio; utilizó la misma fórmula: rodearse de puras resentidas, pigmeas, macetas que no pasarán del corredor. Quiere convertir la oficina pública en un filtro emocional. Por salud, debe sacudirse a la parvada de zopilotas.
El problema se repite una y otra vez porque el sistema lo permite. Se designa sin filtros reales, sin evaluación de perfil, sin controles efectivos. Se confía el poder a personas que no saben gestionarlo y no quieren limitarlo. Así, las representaciones públicas dejan de ser instrumentos del Estado y se convierten en extensiones del carácter de quien las ocupa. Si el titular es autoritario, la institución se vuelve autoritaria. Si es resentido, la institución castiga. Si es incompetente, la institución se paraliza.
El verdadero abuso es permitir que el resentimiento gobierne. El mayor daño no lo causan quienes llegan frustrados al poder, sino el sistema que les permite mandar desde sus traumas personales. El verdadero escándalo no es la crítica dura, sino la normalización del abuso, del exceso y de la ilegalidad. Los cargos públicos no son espacios para ajustar cuentas personales, ni para desquitar humillaciones del pasado, ni para ejercer fobias desde el escritorio. Son responsabilidades temporales sujetas a la ley y al escrutinio público.
Mientras no se entienda que el servicio público no es terapia emocional ni venganza social, la SADER en Chiapas, trabajadores y productores, seguirán pagando los costos de funcionarios que dirigen desde el resentimiento y no desde la razón. Y callar ante eso —eso sí— es ser cómplice. Mientras tanto, nos dicen que la Gatía Díaz de la SADER quedó maullando bajo la lluvia, sin plaza y sin contrato.
Gracias querido lector, con gusto recibo comentarios, NOS LEEMOS EN LA PRÓXIMA…
