La crisis ha crecido en silencio, alimentada por falta de registros actualizados, colusión entre autoridades y crimen organizado
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Bajo el sol implacable de la capital chiapaneca, tres mujeres indígenas provenientes de Amatenango del Valle se plantaron esta mañana frente al Palacio de Gobierno. No portaban pancartas ni consignas políticas. Su única arma era la fotografía plastificada de dos rostros jóvenes, el mismo dolor reflejado en sus ojos y una exigencia que brotó como un gajo de la tierra: “Que nos entreguen vivos a nuestros hijos”.
Virginia León Gómez, madre de César (27 años) e Ismael Ramírez León (24 años), encabeza la caravana del sufrimiento. A su lado, como un muro humano pero frágil, la acompañan sus nueras: Norma Cecilia Gómez Ramírez y Ana Cristina Díaz López, esposas de los desaparecidos. Juntas llegaron hasta la capital para romper el cerco de negligencia que, denuncian, ha consumido 15 días de angustia.
“Tienen más de 15 días que no han llegado”, declaró Virginia León en entrevista exclusiva para este reportero, con la voz quebrada, pero la mirada fija en los accesos de la sede gubernamental. “Salió a las cinco de la tarde de su casa, aquí en Amatenango. Fue a Tierra Caliente, a San Caralampio Chavín, a hacer un trabajito. Creo que lo llegaron a atrapar aquí en el desvío. Ahí hubo un accidente”.
El relato de las tres mujeres coincide en tiempo y geografía del horror. El 24 de abril de 2026, César e Ismael abordaron una motocicleta roja, marca Itálica 200, para dirigirse a la zona de San Caralampio Chavín, donde tenían ganado. Su objetivo era inocente: vacunar a sus animales.
Ana Cristina Díaz López, esposa de César y madre de dos niñas pequeñas (una de cuatro años y una bebé de ocho meses), detalló con precisión desgarradora los últimos minutos que se tuvo noticia de ellos: “Bajaron de allá a las cinco de la tarde y llegaron al rancho. Un familiar vio que sí llegaron bien. Terminaron de vacunar, salieron caminando como a las seis de la tarde. Llegando a la carretera, subieron a la moto”.
Fue entonces cuando todo se diluyó en la bruma de la impunidad. Según los testimonios recabados en la comunidad, en el desvío que conduce a San Caralampio Chavín se reportó la presencia de un accidente vehicular y, posteriormente, la intervención de sujetos armados no identificados. “Lo único que supimos fue que por el desvío estaba estancada una camioneta. Los muchachos vinieron para arriba, y ahí lo llegaron a atrapar”, narró la madre Virginia, sin poder contener el gesto de impotencia.
La versión de Ana Cristina añadió un elemento clave: la posibilidad de una confusión violenta. “Quisiera creer que los hayan confundido, pero no sabemos cuál fue la razón de que los hayan desaparecido. Ya bajaron nuestros familiares a buscarlos y no encontraron nada, ni señas de que hayan quedado tirados. Aún la moto no ha aparecido”. La desaparición de la motocicleta, un bien preciado en zonas rurales, sugiere un patrón delictivo que va más allá de un simple ajuste de cuentas.
Lejos de ser su primer recurso, la protesta en el Palacio de Gobierno representa la última estación de un peregrinaje burocrático lleno de promesas incumplidas. Las mujeres narraron, una por una, el recorrido por los laberintos de la procuración de justicia en Chiapas.
Norma Cecilia Gómez Ramírez, nuera de Virginia y esposa de Ismael, explicó: “Hemos venido aquí con el único propósito de que la Secretaría de Gobierno nos atienda. Porque ya hemos ido a levantar una denuncia y hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. Fuimos a la Fiscalía Indígena y solo nos dio un boletín de búsqueda, y tampoco tenemos resultados”.
La respuesta, denuncian, ha sido la misma en cada ventanilla: “Sí, les tendremos noticias, les vamos a apoyar. Cualquier cosa, les avisamos”. Pero los días pasaron (15 días de silencio, según el conteo de las afectadas) y nada cambió. Por eso tomaron la decisión de viajar a Tuxtla. “Estar aquí no es fácil. Queremos que nos atienda la Secretaría de Gobierno porque queremos expresar lo que sentimos y que nos ayude a localizarlos. Ellos eran personas humildes, personas de bien, no andaban en caminos malos”, enfatizó Norma.
LA DESPENSA DE LA INVESTIGACIÓN: CHIAPAS, TIERRA DE DESAPARICIÓN SILENCIADA
El caso de los hermanos Ramírez León no es un hecho aislado. La crisis de desapariciones en Chiapas ha crecido en silencio, alimentada por la falta de registros actualizados, la colusión entre autoridades y crimen organizado en regiones como el Soconusco, la Frailesca y la zona Norte, y una alarmante negligencia forense. Mientras estados como Nuevo León o Tamaulipas acaparan reflectores, la comarca se ha convertido en una despensa de la investigación pendiente: un territorio donde las víctimas se cuentan por cientos, pero las carpetas de investigación avanzan a paso de tortuga.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDO), al corte de mayo de 2026, el estado acumula más de mil 200 personas en esa condición solo en los últimos tres años. Sin embargo, organizaciones civiles como el Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Chiapas estiman que la cifra real podría duplicar esa cantidad, debido al subregistro en municipios indígenas donde la desconfianza hacia la Fiscalía es absoluta.
La particularidad del caso de los hermanos Ramírez León es que rompe dos silencios: el de la desaparición en zonas rurales de alta marginación (Amatenango, con altos índices de pobreza) y el de la violencia directa contra campesinos dedicados a labores del campo. “Ellos se dedicaban a la agricultura, no estaban involucrados en nada malo”, repitió como un mantra Ana Cristina, intentando racionalizar lo irracional.
El modus operandi descrito por las mujeres (accidente simulado, retención en un desvío, desaparición de personas y de su medio de transporte) coincide con el utilizado por células del crimen organizado que operan en la región, dedicadas al robo de hidrocarburo, la trata de personas y el narcomenudeo. Pero, ¿qué interés podrían tener en dos campesinos? La respuesta, que las autoridades no han dado, podría estar en la confusión, el castigo ejemplar o el reclutamiento forzado.
“LOS QUEREMOS DE REGRESO VIVOS”: EL GRITO DE LAS QUE SE QUEDAN
Mientras Virginia, Norma y Ana Cristina mantienen su vigilia afuera del Palacio de Gobierno, la vida sigue su curso cruel en Amatenango. Ana Cristina dejó a su bebé de ocho meses en casa. “Sé que estar aquí bajo el calor es un sufrimiento, por eso la dejé. Pero necesito que nos haga caso, que no deje pasar muchos días, porque conforme van pasando los días, más es nuestra angustia”.
La declaración de la esposa de César es un compendio de la psicología del familiar de desaparecido en México: la urgencia vencida por la burocracia, la esperanza erosionada por la indiferencia y la certeza de que solo la presión en la capital puede mover estructuras enquistadas. “Yo le pido a la Secretaría de Gobierno y al gobernador que nos atienda y que tome este caso en serio. Así como se los llevaron vivos, así los queremos de regreso”, sentenció.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas fue consultada sobre el avance de las investigaciones, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. La Secretaría de Gobierno limitó su comunicación a señalar que “se ha dado acompañamiento a las familias”, un discurso que choca con la afirmación de las mujeres: “Nada. Solo nos dicen que ya nos avisarán”.
Mientras tanto, las fichas de búsqueda de César (27 años) e Ismael (24 años) circulan en redes sociales. En ellas, una sonrisa campesina desafía al olvido. Y afuera del Palacio de Gobierno, tres sombras de mujer mantienen la vigilia. No se irán, advierten, hasta que el gobernador las reciba. Porque en Chiapas, tierra de contrastes y silencios, las madres y esposas indígenas han aprendido que la justicia no se pide de rodillas: se exige de pie.
