El contingente exige una nueva política migratoria tras masacre de seis personas
Argenis Esquipulas/PORTAVOZ
Apenas iniciada la administración de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el
desafío migratorio ha cobrado protagonismo en su agenda con la partida de la primera
caravana migrante bajo su Gobierno. El grupo, compuesto por cientos de personas de
diversas nacionalidades, emprendió su trayecto desde Tapachula, en la frontera sur de
Chiapas, rumbo a la Ciudad de México el pasado sábado. Los migrantes exigen una
reforma urgente en la política migratoria del país tras la reciente masacre de seis personas
a manos del Ejército Mexicano, lo que ha suscitado fuertes críticas y preocupación
internacional.
El contingente migrante, formado por ciudadanos de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú,
Haití, varios países centroamericanos y naciones africanas, decidió avanzar sin el
acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos ni de activistas.
Este acto colectivo, que se destaca por su independencia y su autogestión, fue marcado
por una oración antes de iniciar su recorrido, en la que los migrantes se arrodillaron y
pidieron por un trayecto seguro. La desesperación y el cansancio ante la falta de
respuestas de las autoridades mexicanas se hizo evidente. Las principales demandas del
grupo giran en torno a tres puntos fundamentales: el libre tránsito, una frontera “humana
y sensible”, y mayor seguridad ante el creciente poder de los grupos criminales en la
región fronteriza.
La caravana migrante se formó apenas días después de la trágica masacre ocurrida el
martes pasado, durante la misma jornada en la que Sheinbaum asumió el cargo de
presidenta. Según las declaraciones del Ejército Mexicano, dos militares dispararon contra
un grupo de migrantes que viajaban en dos vehículos entre los municipios de Villa
Comaltitlán y Huixtla, Chiapas. Seis personas de nacionalidades egipcia, salvadoreña y
peruana fueron asesinadas. El hecho, justificado como una confusión en la que los
migrantes fueron tomados por criminales, ha generado un profundo malestar tanto en
México como en los países de origen de las víctimas.
Las reacciones a este trágico suceso no se han hecho esperar, especialmente dentro de la
comunidad migrante, que ve en esta masacre una evidencia de la violencia que enfrentan
al intentar cruzar México en busca de mejores oportunidades. Organizaciones
internacionales, embajadas y defensores de derechos humanos han condenado el
incidente y solicitado una investigación exhaustiva que aclare las circunstancias y
determine responsabilidades.
Este lamentable evento ha puesto de relieve los peligros inherentes al tránsito por el
corredor migratorio del sur de México, particularmente en Chiapas, una región que ha
visto un incremento exponencial en la violencia y la presencia de grupos delictivos. Desde
hace años, la frontera sur ha sido escenario de extorsiones, secuestros y asesinatos de
migrantes, quienes son víctimas tanto de bandas criminales como de abusos por parte de
autoridades corruptas.
La frontera sur mexicana, especialmente la zona entre Tapachula y el Istmo de
Tehuantepec, se ha convertido en un área altamente conflictiva. A lo largo de los años,
organizaciones como Médicos Sin Fronteras han documentado casos de violencia extrema
hacia los migrantes, incluidos violaciones sexuales, secuestros para el tráfico de personas
y extorsiones a gran escala. Este clima de violencia se ha intensificado con el incremento
de la militarización bajo las administraciones previas, lo que, lejos de brindar seguridad, ha
exacerbado las tensiones en la región.
Claudia Sheinbaum, quien asumió la Presidencia el pasado 1 de octubre, se enfrenta a su
primer reto migratorio de gran envergadura. Los migrantes que forman parte de la
caravana han puesto sobre la mesa demandas claras: exigen una política migratoria que
permita el libre tránsito por México y garantice la seguridad de aquellos que buscan llegar
a Estados Unidos. Además, los migrantes exigen una “frontera humana y sensible”, en la
que el respeto por los derechos humanos sea prioritario y las autoridades no utilicen la
violencia ni las detenciones arbitrarias como mecanismos de control.
El asesinato de seis migrantes a manos del Ejército ha sido un punto de inflexión para el
movimiento migrante, que ahora exige respuestas directas del nuevo Gobierno. Hasta el
momento, la administración de Sheinbaum no ha emitido declaraciones oficiales respecto
al incidente ni sobre las demandas de la caravana, lo que ha generado una creciente
expectativa entre los migrantes y la comunidad internacional.
El recorrido de la caravana hacia la Ciudad de México, sin embargo, no estará exento de
dificultades. Los migrantes se enfrentan a los mismos desafíos que han marcado las
caravanas anteriores: extorsión por parte de grupos criminales, la violencia en los
territorios que controlan, y la falta de apoyo y asistencia humanitaria por parte de las
autoridades locales y federales. En diversas ocasiones, el tránsito de estas caravanas ha
sido bloqueado por la Guardia Nacional o las fuerzas de seguridad, y los migrantes han
sido detenidos o forzados a regresar a los estados fronterizos.
La meta final de la caravana es llegar a la frontera norte, donde muchos esperan poder
cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo. Sin embargo, la realidad en la frontera norte
es igualmente desalentadora. Bajo el nuevo contexto de control migratorio, con el uso de
la aplicación CBP One y las políticas de disuasión implementadas por el Gobierno
estadounidense, cruzar hacia Estados Unidos se ha vuelto aún más difícil. Estas barreras
tecnológicas y políticas agravan la situación de quienes buscan refugio y una oportunidad
de vida mejor.
Sheinbaum ha heredado una política migratoria marcada por la militarización y el
endurecimiento de las medidas de control fronterizo, implementadas en gran parte por su
predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Durante los últimos años, la presencia de
militares en las labores de control migratorio ha aumentado significativamente, con más
de 36 mil agentes dedicados a estas funciones en septiembre pasado. Aunque las
detenciones de migrantes en la frontera estadounidense han disminuido en los últimos
meses, la migración irregular a través de México ha alcanzado cifras alarmantes, con un
incremento del 193 por ciento en la primera mitad del año.
La nueva administración de Sheinbaum deberá abordar de manera urgente esta
problemática, que no solo afecta a la seguridad de los migrantes, sino que también pone
en juego la reputación internacional de México en materia de derechos humanos. Las
expectativas de una política migratoria más humanitaria y sensible son altas, pero la
realidad en el terreno es compleja y requiere de decisiones firmes y una estrategia que
incluya tanto la protección de los migrantes como una gestión efectiva de los flujos
migratorios.
Mientras la caravana avanza hacia la capital mexicana, la situación en la frontera sur sigue
siendo crítica. Los migrantes exigen respuestas inmediatas del Gobierno de Sheinbaum y
una solución a la violencia que se cierne sobre ellos en su tránsito. La masacre de seis
personas a manos del Ejército no solo ha sido un golpe devastador para las familias de las
víctimas, sino que ha puesto de relieve la urgencia de una reforma migratoria que respete
los derechos humanos y proteja a quienes buscan un futuro mejor.
En los próximos días, el avance de la caravana y la respuesta del Gobierno serán claves
para entender el rumbo que tomará la política migratoria bajo el nuevo liderazgo. La
atención internacional está puesta sobre México, y la manera en que el Gobierno de
Sheinbaum gestione este primer desafío podría marcar el inicio de una nueva era en la
relación del país con los migrantes que cruzan sus fronteras.
