Mientras grupos armados consolidan su poder y los megaproyectos avanzan, las comunidades se encuentran en extrema vulnerabilidad
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Chiapas se enfrenta a un nuevo episodio de violencia que ha encendido las alarmas de organizaciones civiles, activistas, y defensores de los pueblos indígenas, quienes han catalogado al estado como un “campo de guerra civil”. La situación ha escalado tras el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos y conocido por su labor en la defensa del territorio de los pueblos originarios. Este crimen ha provocado indignación entre la sociedad civil y ha puesto en el foco nuevamente el conflicto armado y la creciente presencia del crimen organizado en la región.
Diversas organizaciones han exigido al Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tome cartas en el asunto y reconozca la gravedad del conflicto. Las comunidades indígenas y defensores de la tierra han sido los más afectados, y la violencia en su contra no cesa. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y otras agrupaciones han denunciado el estado crítico en el que se encuentra la entidad, comparando la situación actual con los años más violentos del conflicto zapatista en la década de los 90.
Carlos González, integrante del CNI, manifestó que las amenazas hacia los defensores y pueblos indígenas se han intensificado en las últimas semanas. Según González, los pobladores de la comunidad “Palestina” han sido acosados por grupos armados que aparentemente tienen vínculos con uno de los grupos del crimen organizado más poderosos y violentos de México. “Nos han llegado amenazas directas, nos han dicho que no nos metamos, que dejemos de defender nuestro territorio o que pagaremos las consecuencias”, declaró.
Las amenazas no solo provienen de grupos vinculados a células delictivas, sino también de otros sectores armados en la región. González explicó que habitantes del poblado 6 de Octubre, identificado como parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han sido víctimas de intimidación, con amenazas que van desde la violación de mujeres, hasta el robo y la quema de casas.
La violencia en la entidad no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha tomado una nueva dimensión. En 2021, el EZLN advirtió que el estado estaba “al borde de la guerra civil”, y las recientes agresiones confirman la vigencia de esta alerta. A pesar de que el conflicto entre el EZLN y el Gobierno mexicano parecía haber quedado en el pasado, la creciente presencia de grupos criminales ha creado un clima de inestabilidad en el que los pueblos indígenas y sus defensores son los principales objetivos.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez es solo uno de los muchos actos de violencia que han sacudido al estado. El párroco, conocido por su labor en la defensa de los pueblos indígenas y el medio ambiente, fue un fuerte opositor de los proyectos extractivistas y de desarrollo que, según él, violaban los derechos de las comunidades locales. Su muerte ha sido interpretada como un mensaje de intimidación hacia aquellos que continúan luchando por la protección de los territorios indígenas.
Las denuncias de las organizaciones civiles van más allá de las amenazas directas. Se ha documentado un incremento en las violaciones a los derechos humanos en los pueblos originarios, donde los habitantes son sometidos a constantes agresiones. Las mujeres, en particular, han sido blanco de violencia sexual, mientras que los hombres son víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados que buscan controlar la región.
Los defensores de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades para que intervengan de manera inmediata y eviten que la situación en el estado se siga deteriorando. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas han sido limitadas y, en muchos casos, ineficaces. La militarización de la región, una estrategia recurrente en la lucha contra el crimen organizado, ha generado más conflictos que soluciones, aumentando la tensión entre las comunidades locales y las fuerzas armadas.
Chiapas, por su posición estratégica y su riqueza natural, se ha convertido en un territorio codiciado no solo por los grupos criminales, sino también por empresas nacionales y transnacionales que buscan explotar sus recursos. Esto ha generado una escalada de conflictos en la región, donde los intereses económicos chocan con los derechos de las comunidades indígenas.
Organizaciones criminales, según las denuncias, ha establecido una presencia significativa en la región, utilizando la violencia para consolidar su control sobre las rutas de tráfico y los territorios de producción de drogas. Los pueblos indígenas, que históricamente han defendido sus tierras, se encuentran en medio de este fuego cruzado, enfrentando no solo la amenaza de la delincuenciaorganizada, sino también la falta de apoyo del Gobierno.
En este contexto, el papel de los defensores de la tierra ha sido crucial. A pesar de las constantes amenazas y la violencia, estos activistas continúan su lucha, pero cada vez con mayores dificultades. Las organizaciones han señalado que, sin una intervención efectiva por parte del Gobierno federal, el conflicto en la región seguirá escalando, con consecuencias devastadoras para la población civil.
El llamado de las organizaciones civiles es claro: se necesita una intervención inmediata y decidida del Gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar que Chiapas se sumerja en una guerra civil no declarada. Los defensores de derechos humanos han enfatizado que no se trata solo de un problema de seguridad, sino de una crisis humanitaria que requiere una respuesta integral que incluya la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la desarticulación de los grupos criminales y el respeto por el medio ambiente.
Hasta el momento, la respuesta del Gobierno ha sido limitada, lo que ha generado una profunda desconfianza entre las comunidades afectadas. Los líderes indígenas y activistas han advertido que, si no se actúa de manera rápida y efectiva, la situación podría convertirse en un conflicto armado de mayor escala, con un impacto devastador para la comarca y para el país en general.
La violencia ha alcanzado un punto crítico. Lo que alguna vez fueron tensiones intermitentes, ahora se han transformado en una guerra silenciosa que afecta a cada rincón de este estado del sureste mexicano. El asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, un defensor de los derechos humanos y líder comunitario, marcó un nuevo nivel de brutalidad. El sacerdote fue asesinado de manera atroz mientras se dirigía a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, después de haber oficiado misa, un hecho que ha conmocionado a la población y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de aquellos que luchan por la paz y la justicia en la región.
La muerte de Pérez no solo deja un vacío en su comunidad, sino que también ha desencadenado fuertes denuncias sobre el creciente poder de los cárteles en la región y la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno. González, uno de los activistas que alzó la voz ante estos hechos, describió la gravedad de la situación. “Estamos en medio de una guerra que día con día está creciendo (…) Chiapas está en guerra, México está en guerra”, alertó, subrayando el peligro inminente que enfrenta no solo Chiapas, sino todo el país.
González también señaló que las instituciones del Estado mexicano han sido infiltradas y penetradas por los grupos criminales, quienes las utilizan como instrumentos para consolidar su control sobre los territorios. Esta denuncia no es nueva, pero cobra mayor relevancia en un contexto en el que el crimen organizado ha avanzado significativamente, aprovechando la debilidad de las instituciones locales y la presencia de grandes proyectos de infraestructura.
Uno de los puntos más álgidos en este conflicto es la relación entre las células delictivas y los megaproyectos que se han impulsado en México durante más de dos décadas. Entre ellos, el Tren Maya, una de las iniciativas insignia del actual Gobierno federal, ha sido señalado como un factor que ha intensificado la violencia en las comunidades locales. Según los activistas, estos megaproyectos, apoyados tanto por intereses de Estados Unidos como de México, han sido un detonante de la guerra, dado que implican el despojo de tierras y la fragmentación del tejido social, lo que favorece la incursión de grupos criminales en las zonas afectadas.
“Y que quede claro y que se diga fuerte: esto pasó con (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012), pero sigue pasando actualmente”, destacó González, recordando que la militarización y la política de combate frontal al narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón ha tenido consecuencias devastadoras, y que, a pesar del cambio de Gobierno, la violencia no ha cesado. Por el contrario, la guerra continúa y Chiapas se ha convertido en un escenario clave de esta lucha por el control territorial.
La violencia y el desplazamiento que sufren las comunidades indígenas es una de las caras más trágicas de este conflicto. Isabel Valencia, delegada de la comunidad otomí en Ciudad de México, fue contundente al expresar su desacuerdo con el actual Gobierno federal. En su intervención, Valencia rechazó la representación que el Gobierno dice otorgar a los pueblos originarios, calificando de simulación la frase “llegamos todas y todos”, que ha sido utilizada como lema de inclusión por parte de la presidenta de México.
“El Gobierno no nos representa como pueblos originarios”, afirmó Valencia, quien también denunció que las políticas gubernamentales han favorecido la expansión del crimen organizado en las tierras indígenas, lo que ha derivado en el desplazamiento forzado de miles de familias. Esta situación es especialmente grave en Chiapas, donde los grupos armados han tomado el control de vastas extensiones de territorio, expulsando a comunidades enteras y sembrando el terror entre la población.
Ante este panorama, activistas y defensores de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno para que detenga la guerra y cese cualquier tipo de colaboración con las células delictivas. La demanda es clara: el Estado debe recuperar el control de los territorios, proteger a las comunidades indígenas y rurales, y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido limitada. Aunque las autoridades han anunciado despliegues de seguridad en algunas zonas conflictivas, la realidad en el terreno sigue siendo preocupante. Las asociaciones delictivas continúan expandiendo su influencia y las comunidades más vulnerables son las que pagan el precio más alto en esta guerra no declarada.
La situación en Chiapas es un reflejo de la complejidad de los problemas que enfrenta México. Mientras los grupos armados consolidan su poder y los megaproyectos avanzan, las comunidades indígenas, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad. El asesinato de Marcelo Pérez Pérez es solo uno de los muchos ejemplos de cómo esta guerra afecta directamente a quienes buscan construir un futuro más justo y pacífico para todos.
La entidad enfrenta una situación crítica en la que los pueblos indígenas y los defensores de la tierra están siendo acosados, amenazados y violentados en lo que algunos ya describen como una guerra civil no declarada. Las organizaciones civiles han hecho un llamado urgente al Gobierno de Claudia Sheinbaum para que intervenga de manera inmediata y ponga fin a la violencia que azota la región. Sin embargo, la falta de acciones concretas por parte del Gobierno sigue siendo una preocupación constante, y el futuro de Chiapas pende de un hilo en medio de la creciente violencia y la presencia del crimen organizado.
