30 civiles detenidos participaron en actos vandálicos y bloquearon vías de comunicación
Argenis Esquipulas/CORTESÍA
En un impactante operativo realizado en Comitán, Chiapas, las autoridades estatales detuvieron a 92 policías municipales bajo acusaciones de ejercicio ilegal de sus funciones y vínculos con actividades criminales. Este movimiento, coordinado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), evidencia una profunda crisis de seguridad en la región, donde las líneas entre la ley y el crimen parecen haberse desdibujado.
El operativo, llevado a cabo el pasado domingo, se presentó como una respuesta contundente ante el deterioro de la seguridad en el municipio. Según declaraciones del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y del fiscal general del Estado, Jorge Luis LlavenAbarca, los policías detenidos no solo ejercían sus funciones de manera ilegal, sino que también habrían participado en un motín para obstruir las acciones de las autoridades estatales.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los policías arrestados habrían estado proporcionando información a diversos grupos sociales para organizar bloqueos en vías de comunicación. Estas acciones buscaban sabotear el operativo estatal que tenía como objetivo desarticular redes de corrupción y garantizar el orden público.
“El domingo, durante el operativo, estos elementos no solo se negaron a colaborar, sino que además participaron activamente en obstruir las acciones del personal desplegado. Esto incluyó pasar información a grupos civiles que destruyeron infraestructura clave para la seguridad del municipio”, declaró el fiscal Llaven Abarca en una conferencia de prensa.
Entre los daños reportados, se destacó la destrucción de las cámaras de vigilancia del sistema C5, vital para el monitoreo de actividades delictivas en la región. Según las autoridades, los responsables utilizaron camiones tipo volteo y otros vehículos pesados para derribar las cámaras y dañar el sistema de videovigilancia, dificultando la identificación de los implicados.
Además de los 92 policías municipales detenidos, las autoridades arrestaron a otras 30 personas vinculadas a los enfrentamientos y actos de vandalismo. Los acusados, entre quienes se encuentran presuntos transportistas, enfrentan cargos por obstrucción de vías de comunicación, agresión al personal operativo y daños materiales significativos.
El fiscal Llaven Abarca informó que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para identificar a todos los responsables de estos actos. “No solo enfrentan cargos por los delitos cometidos, sino que también se procederá a la revocación de sus concesiones como transportistas”, señaló.
La revocación de concesiones sería una medida ejemplar para aquellos que, bajo el amparo de sus actividades económicas, hayan participado en acciones ilegales que atenten contra la seguridad pública. Las autoridades aseguran que la intervención estatal busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de coludir con el crimen organizado.
Este operativo pone de manifiesto la gravedad de la situación en Comitán, donde la corrupción y el crimen parecen haberse infiltrado en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos. La detención masiva de policías no solo refleja un sistema fallido, sino que también plantea interrogantes sobre cuántos otros municipios podrían estar enfrentando problemáticas similares.
La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal(FRIP) surge precisamente como una respuesta a la creciente inseguridad en Chiapas. Esta unidad especializada tiene el objetivo de reforzar la seguridad en los municipios más vulnerables, como Comitán, donde los ciudadanos viven en constante zozobra debido a la violencia y la falta de confianza en las autoridades locales.
“El pueblo merece instituciones limpias, confiables y comprometidas con la seguridad. No podemos permitir que los encargados de proteger a la ciudadanía actúen en complicidad con quienes generan caos y violencia”, enfatizó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño.
Los ciudadanos de Comitán han recibido la noticia con una mezcla de alivio e incertidumbre. Por un lado, la detención de los policías corruptos representa un paso hacia la justicia y la recuperación de la confianza en las instituciones; por otro, la desarticulación de la policía municipal deja un vacío que podría ser aprovechado por grupos delictivos para intensificar sus actividades.
“Es un golpe duro, pero necesario. Sabíamos que muchos policías estaban involucrados en cosas malas, pero nadie hacía nada. Ahora esperamos que esto sea el inicio de un verdadero cambio”, expresó un habitante del municipio, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Sin embargo, algunos sectores critican que las acciones de la FRIP y del Gobierno estatal se han centrado en los efectos inmediatos del problema, sin abordar las causas estructurales que permiten la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
El arresto de los 92 policías y las 30 personas adicionales marca el inicio de un proceso judicial que será crucial para determinar la profundidad de la corrupción en Comitán. Las autoridades han prometido que no habrá impunidad y que se llegará al fondo de este caso.
A pesar de ello, expertos advierten que el desmantelamiento de redes de corrupción dentro de las fuerzas policiales requiere medidas más allá de los operativos, como la implementación de controles estrictos, la capacitación constante y un monitoreo transparente del desempeño de los oficiales.
Mientras tanto, los habitantes de Comitán observan con esperanza y cautela cómo se desarrolla este caso. La confianza en las autoridades estatales será fundamental para reconstruir el tejido social en una comunidad que ha sido testigo de cómo el crimen se apodera de las instituciones.
“La seguridad no se logra solo con operativos. Necesitamos una reforma profunda y un compromiso real para limpiar nuestras instituciones. Solo entonces podremos sentirnos verdaderamente seguros”, concluyó un representante de una organización civil local.
“Se logró el aseguramiento de 92 personas [policías] que hoy los tenemos también aquí detenidos en Tuxtla, por el ejercicio ilegal de funciones y motín. Vamos a definir su situación jurídica en las próximas horas y, por supuesto, hubo también la detención de 30 personas por los delitos de atentado contra la paz”, precisó el fiscal estatal. Los policías fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, donde se determinará su situación legal.
El domingo por la tarde, municipios como Villa Las Rosas, Teopisca, Amatenango del Valle, Tzimol, La Trinitaria, Altamirano y Las Margaritas vivieron bloqueos en respuesta a los operativos de la Fiscalía de Reacción Inmediata Policial (FRIP). Estos operativos se llevaron a cabo en propiedades vinculadas al secuestro de migrantes y al narcotráfico.
En Comitán, las vialidades se vieron afectadas hasta altas horas de la noche, pero fueron reabiertas gracias a la intervención de las autoridades. “A las 22:48 horas, las vialidades en Comitán ya eran transitables”, confirmó el gobernador Eduardo Ramírez en una actualización nocturna.
El fiscal estatal explicó que los recientes operativos tienen como objetivo combatir los homicidios vinculados al narcotráfico, una problemática creciente en la región. Según la FGE, las últimas ejecuciones registradas en las principales ciudades de Chiapas están relacionadas con la disputa por el control de la venta de droga al menudeo.
“Lo que sucedió ayer en Comitán va enfocado a combatir el delito de homicidio. Se analizó que las últimas ejecuciones en las ciudades principales de Chiapas se debían a la disputa por la venta de droga al menudeo y las células violentas estaban agrediendo o ultimando a personas”, explicó el fiscal.
En conferencia de prensa, el fiscal detalló que los 30 civiles detenidos participaron en actos vandálicos y bloquearon vías de comunicación. Según las investigaciones, los detenidos dañaron cámaras del sistema de videovigilancia del C5 utilizando camiones pesados y maquinaria.
“Aquellas personas que estuvieron obstruyendo las vías de comunicación, agrediendo a personas que participaban en el operativo y, además, estaban destruyendo las cámaras del C5 con volteos y algunos camiones pesados: se subían y dañaban todo el sistema de videovigilancia para que no fueran identificados. Tenemos ya muy avanzada la investigación”, señaló.
El fiscal también indicó que se está trabajando para identificar a líderes de transportistas que colaboraron con estos actos delictivos. “Nos pidió el gobernador algo muy importante: identificar a todos aquellos líderes de transportistas que también participan en apoyo a actos delincuenciales, para que, con independencia de la responsabilidad penal que tengan, puedan también perder el derecho a la concesión”, añadió.
Medios reportaron que presuntamente grupos criminales forzaron a civiles y transportistas a participar en los bloqueos. Estas acusaciones refuerzan las sospechas de una posible colusión entre autoridades municipales y organizaciones criminales, lo que ha motivado los operativos en curso.
En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que los operativos continuarán y extendió su compromiso para limpiar las instituciones policiales del estado. “Los operativos continuarán para identificar si existen más personas dentro de la Policía Municipal colaborando con el crimen organizado”, aseguró.
El gobernador también anunció un incremento salarial del 40 por ciento para los elementos de la Policía Estatal y la Policía Ministerial. “Para el grupo de Reacción Inmediata, ganan muy, muy, muy bien. Créanme que no los va a comprar la delincuencia”, garantizó.
El operativo ha puesto de relieve las profundas problemáticas de seguridad en Chiapas, donde la corrupción dentro de las corporaciones municipales y la influencia de grupos criminales han afectado gravemente a la población. El incremento salarial y las medidas de reestructuración policial buscan contrarrestar este panorama, pero expertos señalan que será necesario un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno para combatir el crimen organizado y restablecer la paz en la región.
Las próximas horas serán cruciales para determinar el alcance de estas acciones y el futuro de las 92 personas aseguradas, así como de los 30 detenidos por su participación en los hechos.
Con este operativo, Chiapas da un paso importante en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pero el camino hacia la recuperación de la seguridad y la confianza ciudadana sigue siendo largo y lleno de desafíos. La detención de estos policías simboliza la punta del iceberg de un problema más profundo que exige la atención y el compromiso de todas las esferas del Gobierno y la sociedad.
