Las cámaras eran utilizadas para monitorear los movimientos de autoridades y población local
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un esfuerzo por combatir las redes de vigilancia clandestinas empleadas por el crimen organizado, las autoridades de Chiapas llevaron a cabo operativos en los municipios de Emiliano Zapata y Acala, el pasado sábado 11 de enero. Durante estas acciones, elementos de diversas corporaciones aseguraron y retiraron cámaras instaladas de forma ilegal en postes de tendido eléctrico y de telefonía.
Los operativos estuvieron encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Este despliegue, producto de una denuncia anónima, tuvo como objetivo desmantelar un sistema de vigilancia ilegal operado presuntamente por un grupo delictivo con presencia en la región.
De acuerdo con la denuncia, las cámaras instaladas de manera clandestina eran utilizadas para monitorear los movimientos de las autoridades y de la población local. Este tipo de dispositivos suelen representar un recurso clave para los grupos criminales, dado que les permite controlar territorios y mantener un flujo constante de información sobre las actividades en la zona.
Las autoridades identificaron la presencia de cámaras en diversos puntos estratégicos. En el tramo carretero Chiapa de Corzo – Emiliano Zapata, entre los kilómetros 22 y 23, se localizaron varios dispositivos. Asimismo, se detectaron cámaras en el crucero Emiliano Zapata – Acala y en el ejido Javier López Moreno, perteneciente al municipio de Acala.
Los dispositivos fueron retirados de postes de energía eléctrica y telefonía, donde habían sido instalados para mantener un monitoreo discreto pero efectivo. Tras su aseguramiento, las cámaras fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para su análisis, con el fin de determinar la información que pudieron haber recopilado y cómo esta era utilizada por la organización criminal.
La intervención en Emiliano Zapata y Acala se originó gracias a una denuncia anónima, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades destacaron que este tipo de información resulta esencial para identificar y desmantelar estructuras que operan al margen de la ley.
“La denuncia oportuna de las personas es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad en la región. Estos operativos son una muestra de que las acciones conjuntas entre la ciudadanía y las autoridades pueden dar resultados positivos en el combate a la delincuencia organizada”, señaló un vocero de la Fiscalía General del Estado.
El uso de cámaras de vigilancia clandestinas por parte de grupos delictivos no es un fenómeno nuevo en Chiapas. Este tipo de tecnología se ha convertido en un arma estratégica para los grupos delictivos y otras organizaciones criminales, puesto que les permite mantener un control sobre sus territorios y vigilar las actividades de las fuerzas de seguridad.
La instalación de estos sistemas suele realizarse en zonas rurales y vías de difícil acceso, lo que complica su detección y retiro. Además, los grupos delictivos emplean personal especializado en tecnología para instalar y operar estas cámaras, lo que refleja su capacidad de adaptación y sofisticación.
La presencia de videovigilancia ilegal representa un desafío importante para la seguridad en el estado. Además de facilitar el control territorial de los grupos criminales, estos dispositivos pueden ser utilizados para planificar emboscadas o evitar operativos de las fuerzas del orden.
En este sentido, el desmantelamiento de estas redes no solo implica un golpe operativo, sino también una interrupción a las capacidades logísticas de las organizaciones delictivas. Sin embargo, expertos en seguridad señalan que estas acciones deben ser complementadas con investigaciones más amplias que permitan desarticular las estructuras detrás de estas actividades.
Tras el operativo, las autoridades de Chiapas reiteraron su compromiso de mantener la seguridad y proteger a la ciudadanía. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado afirmó que continuarán trabajando en conjunto con las corporaciones federales y estatales para combatir cualquier actividad que vulnere la paz en la región.
Asimismo, se hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa en su comunidad. “La colaboración entre sociedad y Gobierno es esencial para combatir al crimen organizado. Las denuncias ciudadanas seguirán siendo una herramienta clave para garantizar la seguridad y tranquilidad en Chiapas”, destacó el comunicado.
El operativo realizado en los municipios de Emiliano Zapata y Acala refleja los esfuerzos continuos de las autoridades de Chiapas para combatir las estructuras delictivas que operan en la región. Sin embargo, el fenómeno de la videovigilancia clandestina evidencia la capacidad de los grupos criminales para adaptarse y sofisticarse, lo que representa un reto constante para las fuerzas de seguridad.
Mientras las autoridades avanzan en la desarticulación de estas redes, la colaboración ciudadana seguirá siendo un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. La vigilancia comunitaria, acompañada de acciones efectivas por parte de las instituciones, será clave para recuperar la tranquilidad en las comunidades afectadas.
Autoridades han intensificado los operativos para desmantelar redes de videovigilancia ilegales instaladas por grupos delictivos en diversos municipios de Chiapas. En el más reciente operativo, llevado a cabo en días pasados, se aseguraron ocho cámaras de videovigilancia, tres cajas de registro, tres módems, tres cajas para pastillas de luz, 12 conectores, cable de fibra óptica y cable de energía eléctrica.
Estos dispositivos quedaron bajo resguardo del fiscal del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes. Sin embargo, pese al aseguramiento de este equipo sofisticado, no se reportaron personas detenidas. Esto ha dificultado la identificación del grupo criminal que utilizaba este sistema de vigilancia, diseñado para monitorear y controlar actividades ilícitas en la región.
El operativo se suma a otros realizados en la segunda semana de enero en municipios fronterizos como Frontera Hidalgo, Suchiate y Metapa de Domínguez. En estas localidades, las autoridades desmantelaron redes de cámaras de videovigilancia que operaban de manera ilícita y eran utilizadas por células delictivas dedicadas a la extorsión y secuestro de personas migrantes que transitaban por el territorio chiapaneco.
En Frontera Hidalgo y Suchiate, específicamente, se retiraron 30 cámaras de seguridad instaladas en postes similares a los utilizados por el sistema de videovigilancia oficial Escudo Urbano C5, que canaliza llamadas de emergencia al 911. Este montaje buscaba aparentar legalidad, generando confusión entre la población y las autoridades locales.
El pasado 8 de enero, las autoridades lograron desmantelar otra red de vigilancia en los municipios de Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Suchiate. Según los reportes oficiales, los equipos asegurados por las fuerzas de seguridad incluían dos cámaras de seguridad giratorias, cuatro radios base, una antena de radio, una antena para rayo, seis antenas satelitales en forma de platillo, lámparas suburbanas y de señalización, además de diversos tipos de cables.
A pesar de los avances en el aseguramiento de estos equipos, tampoco se logró la detención de personas relacionadas con la instalación o el uso de estos sistemas de vigilancia. Hasta el momento, no se ha podido confirmar qué grupo delictivo se encuentra detrás de estas operaciones, lo que refleja las dificultades para combatir el crimen organizado en la región.
Estas redes de videovigilancia criminal son utilizadas para el control territorial de las células delictivas, permitiéndoles identificar y vigilar objetivos para sus actividades ilícitas, como el secuestro y la extorsión. En muchos casos, las víctimas principales son migrantes que atraviesan la región en busca de mejores oportunidades. La vigilancia constante permite a los criminales monitorear rutas y puntos clave de paso, facilitando la ejecución de delitos contra personas vulnerables.
Por su parte, habitantes de las zonas afectadas han expresado su preocupación por la falta de seguridad y el incremento de actividades delictivas en sus comunidades. La instalación de estas cámaras ilegales ha generado un ambiente de temor e incertidumbre, dado que la ciudadanía desconoce el alcance real de estas redes y los riesgos asociados.
A pesar de los esfuerzos por desmantelar estas redes, los operativos han sido insuficientes para detener a los responsables. La falta de detenciones y la carencia de información sobre los grupos criminales involucrados han generado críticas hacia las autoridades de seguridad, quienes han sido acusadas de no actuar con la contundencia necesaria para frenar el avance del crimen organizado en Chiapas.
La ausencia de detenidos en los operativos recientes también pone en evidencia la sofisticación de estas organizaciones criminales, que logran operar con altos niveles de impunidad. El hecho de que las cámaras se instalen en espacios públicos, simulando ser parte de sistemas oficiales, revela el nivel de control y penetración que estos grupos tienen en la región.
La frontera sur de México, especialmente en Chiapas, se ha convertido en un foco rojo para la seguridad nacional. Organismos civiles y expertos han urgido al Gobierno federal y estatal a reforzar la presencia militar y policial en estas zonas, con el objetivo de frenar el avance de las células delictivas y garantizar la seguridad de los migrantes y la población en general.
Asimismo, se ha solicitado la implementación de estrategias más efectivas para identificar y desarticular las redes de apoyo logístico que permiten a los grupos criminales operar con sofisticación y sin consecuencias.
Mientras tanto, los habitantes de los municipios afectados siguen demandando acciones concretas que les devuelvan la tranquilidad y el control de sus comunidades, que en los últimos años han sido asediadas por la creciente violencia y el dominio del crimen organizado.
La falta de detenciones, las inconsistencias en los operativos y el desconocimiento sobre los responsables mantienen una interrogante abierta sobre el futuro de la seguridad en Chiapas y la capacidad de las autoridades para enfrentar los retos que presenta el crimen organizado en esta región estratégica.
